Sentencia de Sala A, 31 de Mayo de 2011, expediente 2.739-P

Fecha de Resolución31 de Mayo de 2011
EmisorSala A

P oder J udicial de la N ación N° 130/I Rosario, 31 de mayo de 2011.

Visto, en Acuerdo de la Sala "A", el expte.

Nº 2739P de entrada, caratulado: “M., R.;

M., N.P.; C., R.;T., R. s/

Ley 24.769” (Expte. Nº 674/04 y sus acum. 59/05 y 394/06 del Juzgado Federal Nº 4 de esta ciudad).

El Dr. F.L.B. dijo:

  1. - Vienen los autos a conocimiento del tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Fiscal de primera instancia a fs. 243/245 y vta., contra la Resolución N° 799 dictada en fecha 29 de diciembre de 2008 por el señor J. a cargo del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario,

    obrante a fs. 237/242 y vta., de autos.

    Mediante el pronunciamiento referido, en lo U S O O F I C IAL

    que ha sido materia de recurso, el Juez resolvió declarar la falta de mérito a R.J.M. y R.C. en relación al delito previsto en el artículo 1° de la ley 24.769

    respecto al Impuesto al Valor Agregado por el período enero a diciembre de 1999.

    Asimismo, la defensa técnica de M. planteó recurso de apelación (fs. 250/251) contra la parte pertinente del auto referido en cuanto procesó a su asistido como presunto autor del delito previsto en el artículo 1° de la ley 24.769 respecto del Impuesto a la Ganancias correspondiente al período fiscal 2000.

    También para revisión del mismo auto respecto del embargo dispuesto por el Juez a R.T. ($133.900), planteado por su defensa a fs. 253 y vta., y concedido a fs. 255.

  2. - Al plantear la apelación, la Fiscal de primera instancia discrepó con la valoración y ponderación que hiciera el a-quo de los distintos elementos existentes en la causa, los que a su criterio resultan suficientes como para procesar tanto a M. como a C..

    Entendió que ello surge de la propia denuncia efectuada por el organismo de control en la que se da cuenta que ante la falta de respuesta de la firma investigada con relación a la distinta documentación que se le solicitara,

    se procedió a efectuar el proceso de fiscalización por el cual se pudo rearmar las distintas operatorias llevadas a cabo por la firma denunciada, circularizando a sus proveedores,

    comprobando que algunas empresas no se pudieron localizar y otras se encontraban disueltas, por lo que se procedió a reconstruir el crédito fiscal con aquellos que sí pudieron ser ubicados y que suministraron suficientes elementos para ese fin, por lo que se efectuó el correspondiente ajuste, se corrió

    vista a la empresa y tras efectuar ésta su descargo, se hizo la determinación de la deuda que concluyó en que la firma habría evadido el Impuesto al Valor Agregado por los períodos 1 al 12

    del año 1999 por la suma de $196.838,34 valiéndose en la inclusión de sus DD JJ de créditos fiscales apócrifos, esto es de operaciones de compra inexistentes.

    Expresó también que surge de la documentación acompañada que la inspección intentó validar el crédito fiscal declarado por el contribuyente para lo que se efectuaron numerosas diligencias, las que resultaron infructuosas y ante ello se impugnó el crédito fiscal declarado, determinándose el tributo a ingresar, cuyo monto estará sujeto a los aportes probatorios que se incorporen a la presente causa en la etapa procesal oportuna.

  3. - Por su parte el Dr. L.R. letrado por la defensa técnica de R.M., expresó al incoar la apelación que esa parte había solicitado la producción de la prueba testimonial del contador L.,

    quien confeccionara los balances tomados por la A.F.I.P. para impugnar los pasivos, lo que no fue tenido en cuenta por el Juez. Manifestó que ello hubiese cambiado la situación procesal de su defendido ya que mediante el testimonio de una persona calificada y vinculada directamente a la empresa y sus estados contables el magistrado podría haber arribado a una conclusión distinta. Señaló que el J. sólo se limitó al análisis de las actuaciones administrativas en las que el contribuyente había tenido una escasa participación y el testimonio de un inspector, que no fue controlado por esa defensa. Agregó que se puede observar en los balances que la subcuenta “depositantes de cereal” asciende a casi dos millones de pesos, pero que ello nada tenía que ver con corredores o exportadores sino que eran provenientes de productores que habían dejado esas mercaderías P oder J udicial de la N ación depositadas en los silos de la empresa ISASA, y que la reconstrucción sobre dicha información se había transformado en un hecho casi imposible debido al tornado que en esa época se abatió sobre la planta de la empresa y destruyó sus instalaciones, hecho que no fue tomado en cuenta por el juez a la hora de arribar al grado de probabilidad. Peticiona que la prueba denegada en primera instancia sea producida en esta sede para asegurar las garantías de defensa en juicio de su asistido.

  4. - Las Dras. C. y M. apelaron el monto del embargo dictado a M. y Torres, pero sólo susbsiste el recurso respecto del último en virtud de la extemporaneidad de la impugnación respecto del embargo impuesto a Moscariello, según lo dispuesto por el a-quo a fs. 254/255.

    Sobre el punto las letradas señalaron que U S O O F I C IAL

    el embargo se ha trabado sobre montos excesivos, y que no guarda proporción con los objetivos cautelares que se deberían perseguir, ya que el tribunal de oficio no puede ordenar una medida que pareciera cautelar una pretensión de cobro de pesos que se podría ejercer en otra sede. Agregaron que en el modelo procesal vigente la indemnización civil se entiende contemplada en la medida que exista un actor con tal pretensión ejercida en la causa. Señalaron que consideran inconstitucional al artículo 518 del código de rito por corresponder a un modelo inquisitivo contrario a nuestra C.N. y así solicitan se lo declare.

  5. - Designada audiencia a los fines del artículo 454 del código de rito (fs. 279), tuvo lugar según da cuenta el acta de fs. 283, compareciendo en dicha oportunidad el representante del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Luis D.

    Rulli por su asistido R.M., la Dra. M. de los Ángeles M. por la defensa de R.T., y el Dr.

    R.C. (por su propia defensa).

  6. - La defensa de R.M. manifestó que las actuaciones administrativas fueron notificadas según el artículo 100 de la ley 11.683, y que el contribuyente no pudo acceder a ellas. Lo que fue reconocido por el propio inspector respecto de que no se pudo ubicar a los integrantes de la firma porque la planta había dejado de funcionar. Dijo que se ha probado con testigos que un tornado había destruido las instalaciones de la empresa y con ello la documentación archivada. Con relación a los balances expresó

    que solicitó oportunamente el testimonio del contador L. pero que nunca se lo pudo llevar a sede judicial.

    Señaló que el auto de procesamiento se basa en el rubro “cuentas por pagar” que sería lo que provocó el incremento patrimonial y no pagar de esta forma el impuesto a las ganancias. Que del balance se advierte que tal rubro tiene tres subcuentas y que la D.G.

    1. sólo circularizó a los componentes de dos de esas subcuentas pero no a los de la tercera y más importante, que eran los depositantes de cereal. Que nada se ha investigado acerca del cereal depositado en la empresa y sólo se circularizó a corredores y exportadores, que nada tenían que ver con este caso puntual. Por ello concluye en que las actuaciones administrativas fueron irregulares, y que, por otro lado, el rubro “cuentas por pagar” fue...

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