Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 3 de Octubre de 2018, expediente L. 120077

Presidentede Lázzari-Pettigiani-Soria-Negri-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución 3 de Octubre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 3 de octubre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, P., S., N., G., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.077, "Moreno, J.R. contra Asociart ART S.A. Accidente de Trabajo-Acción Especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 130/142 vta.).

Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 165/180).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. El tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor J.R.M. y condenó a Asociart ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 y de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última. Asimismo, estableció que al monto de condena se le aplicarán intereses conforme la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del infortunio laboral hasta su efectivo pago (v. fs. 130/142 vta.).

    En el veredicto, el órgano judicial de grado tuvo por acreditado que el día 8 de octubre del año 2012, el actor sufrió un infortunio laboral como consecuencia del cual se originaron las dolencias que padece en su mano derecha y que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 55% del índice de la total obrera.

    A su vez, tuvo por acreditado, a partir de las constancias del expediente, que el actor percibió en concepto de prestación dineraria la suma de $87.840 de la aseguradora de riesgos del trabajo (v. vered., fs. 130 vta./131).

    Ya en sentencia, y puesto a decidir el marco jurídico del reclamo, con sustento en doctrina autoral y en un precedente del mismo tribunal, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.

    Remarcó que esta conclusión no importaba aplicarlos en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo, la prestación dineraria no se encontraba cumplida.

    Con ello, declaróex officiola invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlo "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. C..)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad" previsto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 135 vta./139).

    Sentado ello, sostuvo que no contándose con información del Ingreso Base Mensual (IBM) correspondiente al momento del accidente, el actor resultaría acreedor mínimamente a la suma de $99.000 -que surgía de lo establecido en el art. 3 del decreto 1.694/09- más la suma de $80.000 en concepto de prestación dineraria adicional de pago único –conforme art. 1 del decreto citado-, lo que ascendía a $179.000, a lo que había que descontarle lo ya percibido (v. sent., fs. 139in finey vta.).

    Sin embargo, tras declarar aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773, en el decreto 472/14 y en la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, fijó elquantumde la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 en la cifra de $463.020,80.

    Para arribar a ese guarismo, tuvo en cuenta, en primer lugar, que por aplicación de la referida resolución, la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 -y sus modificatorias- nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar $841.853 por el porcentaje de incapacidad.

    A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $92.604,16; arribando a un total de $555.624,96.

    Seguidamente, procedió a descontarle la suma de $87.840 ya abonados por la aseguradora, arrojando un saldo de $467.784,96.

    Consideró luego ela quoque correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de octubre de 2012 -fecha del infortunio- ($770,83) y mayo de 2015 ($1.549,59) arrojaba un coeficiente de 2,01, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $940.247,76, a la que adicionó la prestación dineraria del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 ($374.158; v. sent., fs. 139 vta./140).

  2. La demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 apartado 5 de la ley 26.773; 3 del Código Civil; 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y de doctrina legal que cita (v. fs. 165/180).

    II.1. Se agravia, en primer lugar, de la decisión de origen que declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y resolvió que dicho cuerpo normativo era aplicable al caso, incurriendo en absurdo, arbitrariedad y vulnerando los principios de congruencia y del debido proceso (v. fs. 166 vta./177).

    Manifiesta que la citada norma fija expresamente el momento de su entrada en vigencia, y que el apartado 6 resulta complementario de esa disposición, en cuanto determina el modo en que debe efectuarse el cálculo del RIPTE con relación a las prestaciones dinerarias, pero de ningún modo prevé una actualización de la deuda.

    En ese sentido, afirma que la ley 26.773 debe ser analizada en su conjunto, y, en concordancia con los arts. 10, 11, 12 y 13 que fijan la actualización de las primas, el art. 17 apartado 5 establece la entrada en vigencia de la norma.

    Aduce que el razonamiento dela quoimporta la violación del principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el art. 3 del Código Civil y del derecho de propiedad consagrado en la Constitución nacional.

    II.2. En segundo lugar, objeta el porcentaje de incapacidad fijado por ela quo, alegando que debió haber tenido en cuenta el determinado por la Comisión Médica n° 14, porque –aduce- dicho dictamen es técnicamente fundado y posee rigor científico.

    II.3. Por otro lado, cuestiona el pronunciamiento de origen en cuanto, al momento de referirse a la determinación del IBM, resolvió condenar igualmente a su parte. Al respecto, manifiesta que de la experticia contable surge que, a la fecha del accidente, el actor no se hallaba registrado ni se encontraba en la nómina de trabajadores denunciados por la empleadora a la aseguradora.

    II.4. Por último, con denuncia de quebranto de la doctrina legal sentada en la causa L. 108.164, "A." (sent. de 13-XI-2013), se agravia del tramo del fallo en el que se resolvió la aplicación de la tasa pasiva en su variante "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

  3. El recurso ha de prosperar parcialmente.

    III.1. En primer lugar, (aunque ello implique alterar el orden de los agravios), resulta inatendible el cuestionamiento relativo a la errónea condena a la aseguradora en virtud de la ausencia de seguro al momento del siniestro.

    Esto es así, en tanto ocurre una contradicción insalvable en la actuación de la demandada con su previa y relevante conducta anterior, desde que, conforme surge de las constancias del expediente, no sólo aceptó el accidente y brindó prestaciones en especie al trabajador, sino que, además, dio en pago la prestación dineraria -que entendió correspondiente- del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (v. fs. 7/10 y 44), percibida luego por el reclamante (v. fs. 129).

    Al respecto, no está demás reiterar que, por aplicación de la llamada "teoría de los actos propios", es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 87.863, "Distribuidora Tierra del Fuego S.R.L.", sent. de 5-XII-2007 y L. 85.111, "B.", sent. de 20-II-2008).

    III.2. Tampoco puede tener acogida el tramo de la impugnación tendiente a cuestionar el porcentaje de incapacidad...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR