Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 23 de Noviembre de 2011, expediente 29-69.716- 21.489-2.011

Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2011

Poder Judicial de la Nación raná, 23 de noviembre de 2.011 REGISTRO:2011-T°II-F°4528

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “MONZÓN, ANGELA ROSARIO

C/UNION OBRERA METALURGICA S/ AMPARO”, Expte. N° 29-69.716-

21.489-2.011, provenientes del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 42/43 vta. por la parte demandada, contra la sentencia de fs. 38/40 que hace lugar a la acción de amparo interpuesta por Á.R.M. y ordena a la Obra Social Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina que brinde a la actora la cobertura del 100% del costo del estudio denominado P.E.T. (tomografía por emisión de protones) conforme prescripción médica oportunamente presentada, impone las costas a la demandada, regula honorarios, tiene presente la reserva del caso federal y tiene por ratificada la gestión realizada por la Dra.

M.C.P. en nombre de la Sra. Á.R.M..

El recurso es concedido a fs. 44, a fs. 45/46 se contestan agravios, y quedan los autos en estado de resolver a fs. 48 vta..

II- La apelante, en primer término, refiere que yerra el a quo al no considerar la existencia de otro medio administrativo más idóneo para resolver el amparo. Sostiene que no se ha agotado la vía administrativa al omitir cumplir con el procedimiento administrativo sumarísimo previsto y regulado por la Resolución 75/98 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Seguidamente y en relación a la prestación reclamada, considera que el sentenciante ha efectuado una lectura errónea de la resolución 201/02 y que no son sinónimos “medios de contraste” y “tomografía por emisor de protones P.E.T.”. Destaca que en la resolución citada no se detalla el estudio solicitado y que la lectura del juez y su fallo obliga a su parte a salirse del PMO.

Por su parte, la actora contesta los agravios, y por los fundamentos expuestos, solicita la confirmación de la sentencia apelada.

III-

  1. Que, la amparista ocurre a la jurisdicción y deduce formal pretensión de amparo y medida cautelar, contra la Obra Social Unión Obrera Metalúrgica –UOM- a efectos de que se autorice en forma inmediata y con cobertura del 100%

    el estudio solicitado por el médico tratante consistente en PET (Tomografía por emisión de positrones) de cuerpo entero y con contraste. Asimismo peticiona que el estudio indicado sea autorizado cada vez que sea solicitado por el profesional oncólogo.

    El juez a quo hace lugar a la acción de amparo y ordena a la demandada brindar cobertura en un 100% del costo del estudio denominado P.E.T. conforme prescripción médica.

    Contra dicha decisión se alza la apelante.

  2. Que, en cuanto al primer agravio, relativo a la existencia de un procedimiento administrativo que la actora debió seguir previo a la interposición del amparo, cabe resaltar que estas denominadas vías previas, a la luz del nuevo texto constitucional, han quedado derogadas como recaudo de admisibilidad del amparo. (cfse. Morello-

    Vallefin, “El amparo. Régimen Procesal”. 2a edición, LEP,

    S.R.L., 1.995, p.32).

    Destacan los autores citados que el art. 43 de la Constitución Nacional establece ahora como recaudo para la admisibilidad del amparo “que no exista otro medio judicial más idóneo..”, tornando inconstitucional la exigencia de transitar previamente las vías administrativas.

    Claro está, que las vías administrativas previas pueden ser una elección para el actor cuando las circunstancias del Poder Judicial de la Nación caso las indiquen como más aptas para resolver el conflicto,

    pero de ninguna forma, constituyen hoy una exigencia legal a fin de interponer una pretensión de amparo, más aún tratándose de un caso donde la vida y la salud de una persona se encuentran altamente comprometidas. La Corte Suprema ha dicho reiteradamente que el amparo tiene por objeto una efectiva protección de derechos (Fallos 321:2823)

    y ha explicitado la imprescindible necesidad de ejercer esa vía excepcional para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y de la salud (Fallos 325:292 y sus citas).

    IV-

  3. Que, el thema decidendum consiste en determinar si ha existido acto u omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria por parte de la demandada que haya vulnerado o amenazado en forma actual e inminente el derecho a la vida y salud de la amparista, tutelados constitucionalmente.

  4. Que, la evaluación de la cuestión en litigio, debe partir necesariamente de la existencia de un derecho constitucional a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- (cfr. C.S.J.N. en Fallos 321:1684; 323:1339 y 323:3229), que fija un marco interpretativo para la normativa infra-constitucional. Y

    asimismo, frente a los derechos en juego, la magistratura se encuentra frente al deber de elaborar una “jurisprudencia de necesidades” (ver por todos, P., J.W.: “El perfil deseable del juez civil de siglo XXI”, en Lexis Nexis-

    Jurisprudencia Argentina, boletín del 10/10/2.001).

    En el sub examine, la amparista reclama a los fines de determinar y evaluar el resultado del tratamiento oncológico efectuado, una tomografía por emisión de positrones -P.E.T.-, dado que resulta indispensable en virtud de sus condiciones psicofísicas y la patología diagnosticada.

    Es necesario destacar que la actora padece de carcinoma de mama, actualmente con metástasis, compromiso pulmonar y en estadio IV.

    Del resumen de la...

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