Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Agosto de 2016, expediente I 72883

PresidenteKogan-de Lázzari-Negri-Genoud-Pettigiani-Soria-Hitters
Fecha de Resolución10 de Agosto de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de agosto de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores K., de L., N., G., P., S., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa I. 72.883, "Montiel, Z.D. contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad del decreto ley 9020/78".

A N T E C E D E N T E S
  1. La escribana Z.D.M. promovió demanda originaria de inconstitucionalidad solicitando que se declare la invalidez constitucional del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978, en tanto establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 años.

    Adujo que el mentado precepto, que dispone una suerte de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad en cuestión se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta violatorio de derechos y garantías de raigambre constitucional, provincial y nacional, y derecho supranacional, como son los contenidos en los arts. 14, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución nacional; 10, 11, 12, 25, 27 y conc. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 14 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    Solicitó la tacha de inconstitucionalidad de dicha normativa con carácter preventivo, toda vez que el día 20-XI-2013 -al alcanzar la edad de 75 años- su situación se vería afectada porque sería pasible de ser incluida en la nómina de notarios alcanzados por la inhabilitación que prevé dicha norma y, en consecuencia, se dictaría la resolución que le impediría seguir ejerciendo su profesión de escribana (v. fs. 16).

    En base a estas consideraciones requirió el dictado de una medida de prohibición de innovar su situación.

    En sustento de su pretensión, invocó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Gobierno)" de fecha 12 de noviembre de 2002, citó los Fallos 245:429; 246:443; 252:186; 255:119; 307:746; 319:3148, así como los precedentes de este Tribunal en las causas B. 65.124, "Glaria", sent. del 16-VI-2004; I. 3185, "Gargaglione", sent. del 9-IV-2008; I. 3598, "M.", sent. del 4-VI-2008; I. 3532, "D.", sent. del 1-X-2008.

    Acompañó prueba documental y ofreció informativa y testimonial.

  2. Por resolución de fecha 6-XI-2013, el Tribunal hizo lugar a la tutela precautoria requerida, ordenando al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de aplicar, en relación a la escribana Z.D.M., lo dispuesto en el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978. Para así decidir, consideró que se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la invalidez constitucional del mentado precepto (in re "F.", cit., que revocó la sentencia de esta Corte de fecha 16-II-2000), fallo federal que el accionante invocó al demandar y el peligro en la demora con la configuración efectiva de la inhabilidad profesional establecida por la disposición en crisis que, en el caso de la demandante, se concretaría al estar próxima a cumplir -en ese momento- los 75 años de edad (v. resol. a fs. 21/23).

  3. Corrido el traslado de ley, el Asesor General de Gobierno se allana incondicionalmente a la demanda y en consecuencia solicita la eximición de las costas causídicas que establece el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial.

  4. Al contestar el traslado del allanamiento, la actora solicita que -sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial- se le impongan las costas a la demandada, teniendo en cuenta que ésta es quien puede remover la legislación que la afecta, pudiendo evitar este tipo de procesos, máxime cuando desde el año 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el precepto cuestionado en autos (fs. 41).

    V.O. la señora Procuradora General (fs. 43/46), la causa quedó en estado de ser resuelta, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  5. La demandante aduce que la norma que impugna es irrazonable en tanto cercena intempestivamente su derecho constitucional de poder continuar trabajando en la profesión de escribana como titular a cargo del Registro de Escrituras Públicas nº 6 del Partido de Bahía Blanca, al cumplir los 75 años de edad (el día 20-XI-2013).

    Siguiendo los lineamientos esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re "Franco") argumenta en contra de la norma impugnada, en cuanto afecta el derecho de trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional y convenciones incorporadas a ella por su art...

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