Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 26 de Noviembre de 2019, expediente CAF 017641/2010/CA001

Fecha de Resolución26 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV CAUSA Nº 17.641/2010: “MONTES DE OCA FEDERICO ERNESTOS Y OTRO C/ EN – Mº DE SALUD – DNR FISAFRO (NOTA 836/09) S/

PROCESO DE CONOCIMIENTO”

En Buenos Aires, a de noviembre de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso interpuesto en los autos caratulados “Montes de Oca, F.E. y Otro c/ EN – Mº de Salud – DNR FISAFRO (NOTA 836/09) s/ Proceso de Conocimiento”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara J.E.M. dijo:

  1. ) Que, por sentencia obrante a fs. 303/309vta., la Sra. juez de grado rechazó la demanda entablada por el Sr. F.E.M. de Oca (por derecho propio y en representación de la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica) contra el Estado Nacional (Ministerio de Salud, Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras), a través de la cual solicitaba la impugnación de la nota nº 836/09, por medio de la que se pretendió imponer a sus asociados la obligación previa de matricularse en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y B. de la Capital Federal.

    Para resolver como lo hizo, tras reseñar las actuaciones administrativas, que fueron reconstruidas en dicha sede, comenzó precisando que la nota nº 836/09 no decidía sobre el fondo de la cuestión debatida, ya que la misma se dirigía a una persona distinta a la que dio origen al expediente administrativo y, por lo tanto, indicó que resultaba insustancial expedirse respecto de un acto que no pertenecía a las actuaciones bajo examen.

    Por otro lado, luego de relatar la normativa involucrada en el caso, señaló que la prueba aportada en autos no permitía verificar los extremos alegados por la parte actora en su demanda. Al respecto, indicó que el actor no había demostrado qué profesionales fueron obligados a matricularse y, agregó, que las pruebas sólo se basaban en afirmaciones “que en modo alguno alcanzan para desvirtuar las consideraciones efectuadas por la Dirección Nacional de Registro Fiscalización y Sanidad de Fronteras, ni su decisión transmitida en el Dictamen de fecha 16/01/19 –v. fs. 36/37-.”(cfr. fs. 309).

    Fecha de firma: 26/11/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #11064139#250696424#20191125153831261 Por último, impuso las costas a la parte actora vencida por no existir motivo alguno para apartarse del principio general de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

  2. ) Que, contra dicho pronunciamiento, únicamente la parte actora interpuesto recurso de apelación a fs. 310, que fue libremente concedido a fs. 311.

    Puestos los autos en la Oficina, expresó sus agravios a fs.

    314/321vta., que fueron contestados por su contraria a fs. 323/324.

  3. ) Que, el actor esboza tres órdenes de agravios:

    En primer lugar, aduce que el fallo de la magistrada de grado resulta absolutamente arbitrario. Sostiene, asimismo, que se ha vulnerado su derecho de defensa. Para dar fundamento a lo expuesto, argumenta que en la sentencia apelada se ha omitido analizar y considerar correctamente la prueba documental aportada en autos. En este sentido, señala que la sentenciante no tuvo en cuenta el anexo “F” de la demanda, el que consistía en un acta original que –

    según entiende– resultaba suficiente para resolver la causa, pues la misma demostraba que el organismo estatal no cumplió con los requisitos previstos en la norma bajo discusión.

    En segundo término, se queja de que la magistrada de grado habría avalado un accionar arbitrario e injusto por parte de la Administración.

    Concretamente sostiene que en su fallo en ningún momento objetó que la demandada “continuó actuando en una instancia cuando estaba abierta y en trámite judicial una causa en la cual justamente se objetaba el accionar de la Administración Pública Nacional en el marco de lo estipulado por el art. 23 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.549” (v. fs. 317/vta.).

    Destaca, en punto a lo expuesto, que durante la reconstrucción del expediente administrativo “se siguió actuando administrativamente en un trámite que ya tenía estado y trámite judicial y en el que solo se le había requerido a la Administración Pública Nacional que se limitara a reconstruir un expediente que ella misma había extraviado sin justificación alguna”, conducta que –según su tesis– no sólo no fue objetada, sino que además fue avalada por la juez a quo, ya que tuvo en cuenta dichas...

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