Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala I, 19 de Abril de 2016, expediente FLP 000411/2010/CA003 - CA001 - ...

Fecha de Resolución:19 de Abril de 2016
Emisor:Sala I

Año del B. de la Declaración de la Independencia N.ional Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I En la ciudad de La Plata, a los días del mes de abril del año dos mil dieciseis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces que integran la S. I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, toman en consideración el expediente FLP 411/2010/CA2, caratulado “Molinos Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/ Estado N.ional y otros s/ Sumarísimo”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fojas 412/420.

Practicado el pertinente sorteo, el orden de votación resultó:

J.R.A.L.A., J.J.V.R. y Juez Carlos R.

Compaired, EL JUEZ L.A. DIJO:

I. LA DEMANDA Las presentes actuaciones se originaron con motivo de la Acción Declarativa de Certeza Constitucional interpuesta en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la N.ión por el apoderado de la empresa M.C.S. contra el Estado N.ional –

Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre que habría sido creado a partir de la pretensión de la demandada de percibir diferencias de derechos de exportación para diversas operaciones, documentadas al amparo de un régimen que aseguraba un tratamiento tributario determinado por aplicación de otro posterior en forma retroactiva, lo cual -a su criterio- resultaría violatorio de derechos adquiridos.

En tal sentido, el presentante expresó que la Oficina N.ional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) estableció que M.C.S. no había cumplido en ciertas operaciones de exportación, concretadas al amparo de la Ley N° 21.453, con un requisito formal dispuesto por el nuevo régimen de exportación previsto en la Ley N° 26.351, esto es, la tenencia o adquisición de la mercadería a la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior, lo cual no resultaba exigible durante la vigencia de la primera de las normas mencionadas (Ley N° 21.453).

Asimismo, sostuvo que, en virtud de ello, dicho organismo emitió las Resoluciones N° 1487 y N° 1898, ambas del año 2008, mediante las cuales se instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos –

Administración General de Aduanas para que actúe con motivo del incumplimiento y, en consecuencia, proceda a recaudar el ajuste dinerario con lo ya abonado en Fecha de firma: 19/04/2016 Firmado por: C.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #11323010#151176753#20160415132030147 Año del B. de la Declaración de la Independencia N.ional Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I concepto de derechos de exportación correspondientes a operaciones de comercio exterior ya concretadas y liquidadas.

Expresó que frente a los cargos formulados se ha visto imposibilitada de ejercer su derecho de defensa, atento que su ejercicio se funda, precisamente, en la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.351, estando la Dirección General de Aduanas impedida de pronunciarse al respecto.

Consideró entonces, que la conducta de la Dirección General de Aduanas, fundada en la Ley N° 26.351 y su Decreto Reglamentario N° 764/2008, constituye una pretensión fiscal inconstitucional e ilegal para las operaciones de exportación documentadas en cumplimiento de las declaraciones juradas de venta al exterior registradas con anterioridad a su vigencia, en tanto modifica en forma retroactiva el régimen de exportación de granos, lo que solicita así se declare.

Requirió, por otra parte, el dictado de una medida de no innovar, con el objeto de que se suspenda la aplicación del referido tributo y de todo acto tendiente a su percepción.

II. LA SENTENCIA La sentencia de primera instancia de fojas 412/420 hizo lugar a la acción deducida por M.C.S. y, en consecuencia, declaró

la inconstitucionalidad de los Artículos 4 y 5 de la Ley N° 26.351 y del Artículo 2 del Decreto N° 764/08, solo en cuanto pretende alcanzar con sus efectos en forma retroactiva a las alícuotas de derechos referidos a las operaciones de comercio exterior que fueron registradas durante la vigencia de la ley N° 21.453. Asimismo, impuso las costas del proceso a la demandada vencida, y difirió la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad procesal. Por último, ordenó la integración de la tasa judicial conforme los parámetros que expuso en su considerando IV.

III. EL RECURSO Contra dicha sentencia interpuso a fojas 436 y vta. recurso de apelación el apoderado del Fisco N.ional (D.G.A.) con expresión de agravios obrante a fojas 454/466; luciendo la réplica de la parte actora a fojas 482/495.

De la lectura del mentado recurso se advierte que la queja de la demandada se orienta fundamentalmente a cuestionar la sentencia de grado en tanto considera: a) que la vía intentada resulta improcedente, b) errónea la declaración de insuficiencia del procedimiento previsto en los Artículos N° 1053 y N° 1058 del Código Aduanero, y consecuente necesidad de una resolución administrativa denegatoria como requisito previo a la interposición del reclamo judicial, c) erróneo Fecha de firma: 19/04/2016 Firmado por: C.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #11323010#151176753#20160415132030147 Año del B. de la Declaración de la Independencia N.ional Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I el acogimiento de la solicitud actoral respecto a declaración de inconstitucionalidad normativa, y d) configuración de una sentencia “extra petitia”, en tanto estableció

como monto involucrado en el proceso la suma que, por cargos formulados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, fueron reclamados a la empresa accionante en concepto de mayor alícuota por las operaciones de exportación objeto del reclamo y con sustento en él, ordenó la integración de la tasa de justicia

IV. LA PROCEDENCIA DE LA VÍA INTENTADA Corresponde, por una cuestión metodológica, considerar en primer término el agravio relacionado con la improcedencia de la vía intentada por la parte actora para resguardar los derechos que estima vulnerados.

Sobre el punto, pone de relieve el quejoso que la Ley N° 26.351 ha cumplido con todos los requisitos para ser promulgada, circunstancia que torna exigible su cumplimiento y que resulta ilustrativa respecto a la falta de incertidumbre como presupuesto indispensable de procedencia de la acción prevista en el Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la N.ión.

Asimismo, destaca que la existencia de la vía administrativa -al amparo de la ley aduanera- constituye la herramienta idónea para canalizar la pretensión actoral y, por tanto, requisito previo al inicio de la acción judicial.

Planteada así la cuestión, compete ante todo recordar que la presente causa fue iniciada en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la N.ión como una Acción Meramente Declarativa de Certeza Constitucional contra el Estado N.ional – Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas, con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre generado por la pretensión de la demandada de percibir diferencias de derechos de exportación con respecto a operaciones documentadas al amparo de un régimen que establecía un determinado tratamiento tributario (Ley N° 21.453), por aplicación de otro posterior en forma retroactiva (Ley N° 26.351 y su Decreto Reglamentario N° 764/2008).

Cabe entonces estar a la letra del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la N.ión en tanto establece que: “Podrá deducirse acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. El juez resolverá de oficio y como primera providencia, si Fecha de firma: 19/04/2016 Firmado por: C.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #11323010#151176753#20160415132030147 Año del B. de la Declaración de la Independencia N.ional Poder Judicial de la N.ión CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.”

Frente a lo expuesto, resulta indispensable analizar si en el presente caso se encuentran reunidos los presupuestos que hacen procedente la vía intentada.

Al respecto ya se ha pronunciado esta S. I en autos “Distribuidora Berisso SRL c/ AFIP – DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, fallo del 8 de marzo de 2006 (T.91 F. 161/163 del registro de la S. I).

En dicho precedente se estableció que, como primer requisito, debe existir un “caso”. Ello significa que la cuestión no debe versar sobre hechos abstractos o teóricos, ni tener carácter simplemente consultivo, o importar una indagación meramente especulativa (conf. C.S.J.N., “Droguería Aires S.A. c/

Provincia de Santa Fe y otros”, fallo del 20 de abril de 1999).

A partir del precedente “Santiago del Estero, Provincia de c/

Estado N.ional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, fallo del 20 de agosto de 1985, la Corte S.rema de Justicia de la N.ión reconoció la aptitud de esta vía para impugnar la validez constitucional de leyes, decretos y toda otra norma jurídica que se oponga a los fines y preceptos de la Constitución N.ional, aunque exceptuó a los casos en que se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes (conf., asimismo, CSJN, “EDESUR c/

Provincia de Buenos Aires”, fallo del 17 de marzo de 1998).

Asimismo, corresponde mencionar que la acción declarativa tiene una finalidad preventiva, no requiere la existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos, y constituye un medio suficiente para satisfacer el interés que...

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