Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 23 de Agosto de 2019, expediente CNT 000627/2008/CA002 - CA001

Fecha de Resolución23 de Agosto de 2019
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA – CAUSA Nº 627/2008 “MOLAS OSVALDO ALCIDES C/LA SEGUNDA ART S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE – ACCION CIVIL” – JUZGADO Nº 23 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 23/08/2019, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

El Dr. A.H. dijo:

Contra la sentencia que consideró acreditado que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 21 de septiembre de 2005 al caer de la escalera de un camión de limpieza propiedad de la co-demandada Hesurmet S.A. y, a consecuencia de ello, condenó a dicha empleadora y a su aseguradora de riesgos de trabajo al pago de indemnizaciones en los términos de la normativa civil, se alzan la primera de las condenadas y la actora, ésta última solo en cuanto se encuentra disconforme con el monto diferido a condena, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 953/962 y 951/952, respondidos respectivamente a fs. 968/970 y 966/967.

Razones de orden lógico imponen comenzar el tratamiento de las pretensiones recursivas por las quejas formuladas por la demandada contra lo sustancial de la decisión, a cuyo fin he de señalar que aun cuando pueda ser cierto que el accidente fue objeto de una formal negativa en el responde y que el actor no ha aportado prueba alguna destinada a demostrar la existencia y mecánica del evento a consecuencia del cual habría sufrido las lesiones constatadas en la pericial médica, también lo es que las circunstancias relativas al infortunio pueden ser tenidas por acreditadas no sólo por la aceptación lisa y llana de parte de la aseguradora a la que refiere la Sra. Juez de Grado en su decisión, sino por la propia conducta desplegada por la quejosa que, evaluada en conjunto con las demás constancias de la causa (art. 163 CPCCN), no me podrían llevar a ninguna otra conclusión que no sea que, tal como se ha afirmado en la demanda, el actor sufrió una caída desde la escalera de un camión que le provocó una fuerte contusión y torsión de su pie derecho en oportunidad de estar cumpliendo con su débito laboral, dado que así fue expresamente consignado en la denuncia que formuló a la aseguradora a efectos de la cobertura del siniestro (fs. 129/130), la cual configura una manifestación explícita de voluntad que no puede suponer otra cosa que el reconocimiento del hecho, en la medida en que no consta en el instrumento reserva alguna respecto de la falta de constatación de su efectiva ocurrencia a la que refiere la recurrente en sus agravios.

En esta misma línea de razonamiento, he de destacar no sólo que el acaecimiento del siniestro durante el transcurso de la jornada de trabajo luce debidamente corroborada por la documentación acompañada por la empleadora a fs. 147/162, la cual da cuenta de la atención recibida por el trabajador el propio 21 de septiembre de 2005 por una lesión compatible con la Fecha de firma: 23/08/2019 denunciada, siendo ese el último día laborado por el actor (ver pericial Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #20982718#242401336#20190823161510203 Poder Judicial de la Nación contable, fs. 888vta “in fine”), sino también, fundamentalmente, que la apelante no ha aportado en su defensa ninguna explicación de cuáles serían las razones por las que habría carecido “de los medios para verificar la veracidad de los dichos del actor” como refirió en su contestación de demanda (fs. 166vta) ni del porqué, si así hubiera sido, no puso tal circunstancia en conocimiento de su asegurador a los fines pertinentes al momento de la denuncia, perspectiva desde la cual la negativa luce como una mera estrategia procesal contraria a los deberes que le impone el art. 356 del CPCCN, como tal insuficiente para considerar no acreditado un hecho expresamente denunciado y descripto a quien se encontraba obligada a dar cobertura por las consecuencias del evento.

Ello establecido, tampoco han de tener aceptación las objeciones formuladas en cuanto a la atribución de responsabilidad en los términos del derecho civil, porque aunque es verdad que en el marco de una acción de tal naturaleza, la responsabilidad no se determina en forma meramente objetiva por la sola circunstancia de comprobarse, aun accidentalmente, un daño psicofísico por el hecho o la ocasión del trabajo, sino por la concreta verificación de que dicho daño encuentra su causa en la acción u omisión, dolosa o culposa, de un sujeto, o por la incidencia de cosas, sea porque han escapado al control de su guardián, sea porque son intrínseca o circunstancialmente riesgosas o viciosas, también lo es que doctrina y jurisprudencia, aun antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 1ro de agosto de 2015, habían admitido, en postura mayoritaria, que la “actividad riesgosa” resulta asimilable a una “cosa” y, como tal, encuadrable en el ámbito de la prescripción normativa contenida en el art.

1113 introducido al llamado Código de V. por la ley 17.711, perspectiva desde la cual no encuentro razonable sostener que no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para establecer la responsabilidad civil de la empleadora, en tanto “guardiana” de las condiciones en las que sus trabajadores desarrollan su actividad y dueña del camión desde cuya escalera cayó el trabajador lesionándose el tobillo derecho, máxime cuando el perito ingeniero ha destacado el carácter riesgoso de la actividad (fs. 671 punto 1) y la inexistencia de constancias que acrediten asesoramiento sobre trabajos en altura o la provisión de elementos de seguridad para trabajar y evitar riesgos de caídas (fs. 673 punto 4), lo cual también compromete su responsabilidad desde el punto de vista subjetivo en los términos del art. 1109 del Código Civil Ley 340, vigente a la fecha de los hechos objeto de debate.

De tal modo, desde que la propia ocurrencia de un evento como el reconocido permite tener por cierto el carácter riesgoso de la tarea cumplida a partir de su potencialidad para causar daños como los finalmente ocasionados en la salud del trabajador, y en tanto tal condición permite no sólo considerar verificado el presupuesto previsto en el art. 1113 del Código Civil, sino también la lisa y llana imputación de una omisión culposa a quien debió

adoptar las medidas las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica eran necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de sus trabajadores (art. 75 LCT), he de concluir que la aquí empleadora es civilmente responsable del daño psicofísico sufrido por el trabajador a consecuencia del accidente sufrido el día 25 de septiembre de 2005.

Fecha de firma: 23/08/2019 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #20982718#242401336#20190823161510203 Poder Judicial de la Nación No obsta a ello, naturalmente, la disposición contenida en el art. 39 de la ley 24.557 conforme al texto vigente a la fecha de los hechos aquí

debatidos, pues aunque las previsiones de la ley 26.773 no resultan aplicables a contingencias anteriores a su vigencia, cabe considerar pacíficamente consolidado el criterio expuesto por la Corte Suprema de la Nación a partir del caso “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” del 21 de septiembre de 2004”, oportunidad en la cual, al modificar como general la postura que sostuviera a partir del precedente “G., ha señalado que el art. 39 de la ley 24557, al excluir a los infortunios laborales de la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales que tutelan, por un lado, la necesidad de una indemnización justa, la cual no se logra cuando, como en el caso de la ley cuestionada, solo se indemniza y de manera restringida la capacidad de ganancia; y por otro, al trabajo en sus distintas formas, la dignidad del trabajador y la justicia social, alterando asimismo el principio de progresividad reconocido en diversos tratados internacionales de rango constitucional, ya que resulta un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil, eliminó un instituto que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener desde la sanción de la ley 9.688 en el año 1915, marcando un evidente retroceso en orden a la efectiva e integral reparación de los infortunios y enfermedades laborales.

En cuanto a la magnitud del daño psicofísico sufrido por el trabajador a consecuencia del hecho, ha de recordarse que si bien, como regla general, es...

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