Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 30 de Agosto de 2021, expediente L. 119725

PresidentePettigiani-Soria-Genoud-Kogan-Torres-Borinsky-Violini
Fecha de Resolución30 de Agosto de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.725, "M., M.F. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresP., S., G., K., T., B., V..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 285/302).

Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 313/346), siendo denegado el primero y concedido el segundo por el órgano de grado (v. fs. 351 y vta.).

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  1. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que desarrollara como docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, M.F.M. contrajo una enfermedad profesional diagnosticada como "disfonía funcional irreversible" (denunciada ante la aseguradora el 16-VIII-2011) por la cual (el día 13-VIII-2012) la Oficina de Homologación y Visado le asignó una incapacidad del 16,8% del índice de la total obrera, percibiendo en dos pagos, con fecha 21 de agosto de 2012 y 31 de agosto de 2012, la suma de $47.805,58, en concepto de prestación por incapacidad parcial permanente (v. vered., fs. 285/288).

    En lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 293/295). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 16-VIII-2011), desestimando su pretensión de computar a tal efecto las remuneraciones devengadas en los últimos doce meses anteriores a la fecha de determinación de la incapacidad (en la especie: 13-VIII-2012).

    Sobre ello, expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.

    Consideró que pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.

    Teniendo en cuenta que la alteración en la salud de la trabajadora proviene de hechos anteriores a la primera manifestación invalidante, sostuvo que lo lógico era cuantificar el daño tomando los salarios percibidos en el período en que se fue produciendo.

    Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo existe la tasa de interés.

    Asimismo, rechazó el pedido de ajuste de los importes por incapacidad laboral conforme la ley 26.773; ello, en tanto la norma debía aplicarse a todos los casos cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de su entrada en vigencia (26 de octubre de 2012). Señaló que, de lo contrario, se estaría realizando una aplicación retroactiva de la norma, situación vedada por el art. 3 del Código Civil.

    A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $7.478,37, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 298 vta.).

    Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (13-VIII-2012) y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 298 vta./299 vta.).

  2. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 332/345).

    Plantea los siguientes agravios:

    II.1. En primer lugar, objeta que se haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que, por ese conducto, se desestimara el pedido de calcular el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la fecha en que se abonó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial (v. fs. 333/335 vta.).

    Alega que la única responsable por la demora en la determinación de la incapacidad de la actora fue la aseguradora, debido a que, una vez otorgada el alta médica, esta última no impulsó el trámite ante las Comisiones Médicas, tal como lo dispone la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 744/03.

    Agrega que este incumplimiento trajo aparejado la pulverización de su crédito laboral, en virtud del proceso inflacionario habido en ese tiempo transcurrido.

    Sostiene que el citado art. 12 no establece ningún mecanismo de actualización o recomposición salarial, por lo que, ante un eventual incremento salarial en el período que transcurre entre la fecha del siniestro y el momento del pago, no tiene efecto alguno en el cálculo del ingreso base. De este modo -sostiene-, se presenta la situación absurda que un trabajador que padece una enfermedad inculpable se encuentra en mejor condición que aquel otro que sufrió un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto el primero va a percibir todos los aumentos salariales que hubo durante el período de interrupción de sus servicios.

    Denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley yalterum non laedere, así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, C.. nac.), en tanto las indemnizaciones deben procurar una reparación equitativa. Cita en su apoyo varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación (v. fs. 334 vta. y 335).

    II.2.a. Por otro lado, critica que el tribunal no haya aplicado la ley 26.773. Afirma que, si bien la primera manifestación invalidante ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, la reparación no fue cancelada en su totalidad por lo que su aplicación no constituye un supuesto de retroactividad legal. En efecto, con diversas citas jurisprudenciales, manifiesta que el art. 3 del Código Civil permite la aplicación inmediata de una norma a las consecuencias de una situación jurídica existente con anterioridad a su sanción en tanto sus obligaciones emergentes se encuentren pendientes de satisfacción al momento de entrar en vigencia la nueva norma.

    II.2.b. En subsidio, en el caso que esta Corte interprete que el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no permite la aplicación de los arts. 8 y 17 apartado 6 del mismo cuerpo legal a contingencias ocurridas con anterioridad a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, solicita que el mismo sea declarado inconstitucional.

    Ello, con sustento en que el citado artículo contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado, afectando -de este modo- el derecho de propiedad y los principios de igualdad ante la ley, protectorio y de no regresión (arts. 14 bis, 16, 17 y 75, inc. 23, C.. nac.).

    II.3. Objeta que la fecha de inicio del cómputo de los acrecidos haya sido la de consolidación del daño de la enfermedad profesional (13-VIII-2012), pues -argumenta- los intereses debieron fijarse desde la fecha de la primera manifestación invalidante (16-VIII-2011). Cita, en sustento de su posición, distintos precedentes emanados de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (v. fs. 341 vta./344 vta.).

    II.4. Por último, manifiesta que la indemnización a la que resulta acreedora la trabajadora es una deuda de valor, por lo cual "...para indemnizar las pérdidas de ingresos futuros..." se deben tener en cuenta "...los ingresos que la víctima dejó de percibir, y no un salario fijado a la fecha de la primera manifestación invalidante..." (v. fs. 344 vta. y 345).

    Asimismo, sostiene que la sentencia de grado viola la doctrina de esta Corte sentada en las causas L. 36.062, "D. de B., sentencia de 1-VII-1986 y L. 40.484, "N., sentencia de 6-XII-1988, donde -en el marco de la ley 9.688- se estableció que el salario determinado en atención a un período anterior a la época en que el trabajador adquirió conocimiento de la incapacidad que lo afecta, debe traducirse a valores constantes hasta esta última fecha.

  3. El recurso no prospera.

    III.1. Preliminarmente, debo señalar que en el auto de concesión del remedio incoado el tribunal de grado estableció que el valor del litigio no supera, en el caso, el mínimo previsto para recurrir. Sin perjuicio de ello, en lo...

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