A modo de epílogo

Autor:Gabriel Nardiello
Cargo del Autor:Abogado y Profesor de Derecho Penal
Páginas:81-87
 
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Los tribunales que dictaminan prisiones procesales deberán atender circunstancias objetivas, ciertas y debidamente probadas, por considerar que el peligro procesal no se presume.

Un instituto cuya creación se basa en el respeto de una garantía del imputado, se torna en una coerción personal que representa un refuerzo de la autoridad estatal en su intento de comunicar una orden socialmente aceptada transmitiendo social y jurídicamente una señal que se aparta abruptamente de la esencia creada desde su misma génesis. Esto que tendría que ser un museo de grandes novedades, ha echado raíces tan profundas que los únicos dos motivos invocados por la ley parecen no ser recordados a diario por quienes tendrían que aplicarlos.

La realidad demuestra que el poder punitivo sacrifica el estado de inocencia -entre otros principios- ante la más mínima señal de falta de confianza, privando a un sujeto de la libertad, debiendo en sentido contrario esa duda ser utilizada como elemento que refuerza a un Estado, brindándole unos cimientos tan firmes, en los cuales se puede edificar la seguridad jurídica y un orden legal respetuoso de las garantías individuales, que lo transforma en un Estado jerarquizado.

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Los institutos de la excarcelación como el de la prisión preventiva son generadores de conflictos y de consecuencias problemáticas que afectan a todo el marco societario en los que tanto imputado/s como víctima/s se desenvuelven.

Criterios sustantivistas que vuelcan ante este problema la privación del sujeto y un adelanto de pena, lesionan grave- mente todos los principios constitucionales señalados, y se imponen -hasta el punto de influir en la decisión judicial- a una sanción que antecede al fallo, pudiendo ser éste absolutorio o condenatorio, pudiendo ser la pena dejada en suspenso en virtud de las normativas legales vigentes.

Al decir de Bobbio, en la doctrina liberal el estado de derecho no sólo significa subordinación de los poderes públicos a las leyes generales del país que es un límite formal, sino también subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados constitucionalmente como inviolables.

El orden de prelación normativo nos indica una jerarquización de estándares que bajo ningún aspecto pueden ser condicionados ni alterados; pues su alteración o modificación acarrean violaciones permanentes, creando caos e inseguridades, contraindicando todo espacio para el desarrollo del ciudadano en un estado de derecho como sinónimo de una democracia liberal.

Con mayor lucidez y claridad...

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