A modo de cierre

• Autor: Alejandro A. Bevaqua
• Páginas: 117-153

CAPITULO V

A MODO DE CIERRE

“Es obvio que para proteger a la comunidad cabe

privar de los derechos correspondientes en sí a

toda persona, cuando se abusa de las facultades

que aquellos conllevan”.

Jescheck, Hans-Heinrich

(176)

Nuestras conclusiones, si así puede llamárselas pues este

término significa –en algún sentido– que el tema considerado está

cerrado, concluido, finiquitado de manera absoluta, que a nada más

puede aspirarse en lo que atañe a su superación científico filosófica,

(176)

Tratado de derecho penal

. parte general, 4ª ed., Comares, Granada, España. 1993.

Cfr

. Boland, Ryan A.:

Sex offender registration and community notification: protection, not

punishment

, New England Law Review 1995; 30: 183-226.

Cfr

. Ratchford, M.:

Community

notification of sex offenders

. Ambas citas en Martínez Casas, Juan I.:

Ofensores sexuales.

Registro especial y notificación a la comunidad

., Alveroni Ediciones, Córdoba, Argentina,

2007, pág. 104.

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

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cuando la realidad nos enseña algo muy diferente; la materia tratada

podrá pensarse, a lo más, como trancada en el punto en que

nuestras reflexiones se han agotado y que, con suerte –si nuestra

capacidad lo permitiera– podrán superarse cuando la discusión

arrecie en el seno de nuestra Escuela y recibamos, además, las

críticas y correcciones correspondientes de parte de maestros,

pares y otros lectores.

Por tanto, el desenlace propuesto a lo tratado hasta aquí no

puede ser sino:

provisorio

, en la medida en que el conocimiento científico

avance o, por qué no, se estanque o aún retroceda e, incuestiona-

blemente,

sesgado

, en virtud de la carga teórica previa del autor.

A guisa de ejemplo de este último ítem, nos permitimos la

transcripción de algunos artículos firmados por nosotros, y la refe-

rencia a otros, oportunamente publicados en el diario

La Nueva

Provincia

.

I. VIOLENCIA POLICIAL

Y CREDIBILIDAD CIENTIFICA

La trágica muerte del joven Giulano Gallo, acaecida en nuestra

ciudad días pasados merece, por sus particulares circunstancias,

algunas reflexiones específicas respecto al esclarecimiento de los

hechos.

El ordenamiento legal contempla el uso controlado de la fuerza,

por parte de sectores sociales claramente identificados, para el

mantenimiento del marco normativo. Sin esta potencial violencia, el

desarrollo social sería inviable.

Desatado –no descontrolado– este poderío para protección de

vidas y bienes de ciudadanos inocentes –víctimas de la asfixiante ola

delictiva– el resultado final es, en ocasiones, la muerte de un

presunto delincuente.

A MODO DE CIERRE 119

En algunas oportunidades, la situación que rodea al óbito es

clara y no genera mayores dudas; en otros contextos, como en el

caso Gallo, el horizonte no es tan despejado y debe reclamarse el

auxilio de la ciencia médica (entre otras varias facetas) para clarificar

lo acaecido. Así ocurre tanto al cabo de dudosos enfrentamientos

armados entre delincuentes y policías, como cuando se produce el

fallecimiento de un ciudadano bajo custodia del Estado quien debe

erigirse, al mismo tiempo, en garante de su integridad.

Los encargados de indagar y certificar el modo y mecanismo de

muerte, y demás circunstancias que rodean al óbito, serán profesio-

nales de diversas especialidades que integran la denominada Poli-

cía Científica y que, día a día, trabajan en estrecha colaboración con

otras ramas de la misma fuerza del orden. Y es, precisamente en

este punto, donde pueden surgir dudas sobre la credibilidad y

neutralidad de la ciencia, haciendo tambalear la firmeza de los

resultados obtenidos en la investigación pericial llevada a cabo.

Los fuertes compromisos intrainstitucionales, así como los

firmes vínculos interpersonales existentes en el campo de la inves-

tigación criminal son no sólo necesarios sino, además, inevitables;

la pesquisa requiere la colaboración íntima entre los individuos que

contribuyen al esclarecimiento de los delitos. Por ello, las sospechas

no pueden sino desatarse cuando un integrante de estos equipos

debe expedirse sobre la conducta de otro. Cualquiera sea la forma

en que el médico de policía eleve su informe final, el mismo será

duramente cuestionado y criticado por una o ambas partes en pugna.

El experto en medicina legal no podrá sustraerse fácilmente al

peso que supone la carga teórica previa (sus convicciones religio-

sas, políticas, éticas, morales o sociales), a la formación científica

que implica una escuela dada y no otra, ni a sus compromisos

laborales, máxime si no reconoce y asume su existencia; contunden-

tes datos empíricos –claras señales en un caso que no involucra a

compañeros de tareas o a pares– serán, casi con absoluta certeza,

evaluados sesgadamente por el perito cuando este deba intervenir

y expedirse en una situación que afecta el interior corporativo al que

él mismo pertenece.

Caben entonces las preguntas: ¿Quién controla a los investiga-

dores médicos oficiales cuando ellos, a su vez, están –aún

(

in

)directamente– involucrados? ¿Cuál es el valor final, real, de su