La Modificación Del Sistema Penal Mexicano A Través De Una Estrategia De Transformación Integral

Autor:María Luisa Mendoza López
 
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El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos referente al sistema penal. Un nuevo panorama jurídico se abrió ante los ojos de la comunidad jurídica dejando expuestas, al mismo tiempo, la gran cantidad de deficiencias inexploradas del ámbito jurídico en general. Dicha reforma significó colocar a México en una tendencia de transformación de la Política Criminal, que llevaba varios años expandiéndose en América Latina a partir de los setenta. Países como Chile, Argentina y Perú han tenido gran éxito en la transformación de sus sistemas penales.

La reforma mexicana del 2008 consiste, básicamente, en una conversión hacia el sistema acusatorio con un plazo máximo de 8 años para su implementación. Tiene como finalidad asegurar el debido proceso legal, así como la efectiva aplicación de principios procesales tales como el de inmediación, publicidad, concentración, entre otros.

Uno de los trabajos del jurista es permanecer alerta ante el funcionamiento de las instituciones y políticas estatales. En ese sentido, El Túnel , es un documental de Roberto Hernández y Layda Negrete a través del cual se muestran las deficiencias del sistema aun vigente, sin embargo la cuestión es ¿Existe alguna solución? Y si existe, ¿Cuál es la solución? La modificación del sistema es una hipótesis, los juicios orales si bien representan un inicio de lo que podría modificar el hoyo negro en el que ha caído el sistema jurídico mexicano, no son precisamente la tan esperada solución, pues las condiciones reclaman que ésta se dé de forma integral. Si en México se busca mejorar la procuración e impartición de justicia entonces se requieren de modificaciones multidimensionales, que logren la erradicación total y de raíz de los vicios del sistema actual, tales como el mejoramiento del sistema educativo, erradicar las posturas tendenciosamente ingenuas de servidores públicos acerca de la eficacia del sistema, eliminar la tendencia aislacionista2 en el pensamiento jurídico mexicano, expandir la perspectiva y crear consciencia en el juez de la necesidad del desarrollo de su capacidad crítica, combatir los mitos alrededor del modelo del sistema que se pretende aplicar con el fin de evitar su sabotaje por una concepción tradicionalista del derecho, la erradicación de las praxis que degradan cualquier clase de sistema sea oral o escrito y otras consideraciones respecto a puntos específicos de la Reforma Constitucional.

Se requiere de un cambio a profundidad, el cual sólo se puede llevar a cabo a través de una mejoría del sistema educativo. La conciencia de la necesidad del cambio se encuentra en aquellos que han presenciado el daño causado, pero su éxito depende de la capacidad de los futuros abogados, jueces y demás integrantes de la estructura gubernamental para aplicarlo. Respecto a la relación que se guarda entre el funcionamiento del sistema y el estatus educativo, de acuerdo con Layda Negrete y Roberto Hernández en su Opinión Jurídica el sistema de defensoría es deficiente, ya sea público o privado, pues:

“Seguramente el causante más importante del mal desempeño es la educación legal deficiente. De acuerdo con un estudio, los abogados mexicanos no reciben entrenamiento suficiente ni adecuado, y las escuelas de derecho escasamente son centros de formación técnica en el litigio”.

Es decir, que una modificación del sistema será inútil mientras que, por ejemplo, la cátedra del derecho penal sea incompatible con la doctrina de los derechos fundamentales; la metamorfosis no logrará llevarse a cabo mientras que los estudiantes en las facultades de derecho continúen considerando a los derechos fundamentales como una simple ficción que adorna los textos constitucionales. Por lo tanto se trata de comprender y comunicar que, los derechos fundamentales, en relación con el principio de legalidad así como otros principios, no sólo suponen un mecanismo de límite al poder, sino que al mismo tiempo son una frontera a la expresión de las libertades de otros. De esta forma, se evitarán conductas alejadas de todo razonamiento jurídico por parte de la autoridad y los civiles involucrados.

El desempeño del gobierno, en su función de protector de la seguridad de los ciudadanos, no sólo resulta totalmente insatisfactorio para alcanzar el fin de un Estado de derecho, sino además las autoridades carecen (de forma sorprendente) de la confianza de los usuarios del sistema penal, ya sean víctimas, testigos, inculpados, entre otros. Un ejemplo son las estadísticas de un estudio comparativo de 6 países en el que México resultó ser aquel con los peores datos arrojados en materia de confianza a las autoridades, pues sólo un 16% de las personas confía en la policía3, cifra que incluso parece ser optimista. Este elemento no debe omitirse en la modificación de la estructura orgánica,...

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