Límites de la búsqueda de la verdad en el proceso penal

• Autor: Patricia Cóppola - José I. Cafferata Nores
• Cargo del Autor: Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba - Profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba
• Páginas: 31-33

5. LÍMITES DE LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD EN EL

PROCESO PENAL

Si asumimos que la creencia en la verdad empírica está siempre

teóricamente sujeta a falibilidad, y en este sentido puede

considerársela siempre provisoria, la ley impone —por razones

prácticas— limitaciones temporales a las decisiones judiciales: el juez

penal debe decidir dentro de cierto lapso. Por esta razón, si bien debe

buscar la verdad sobre la acusación, no puede sino decidir sobre la

base de lo que crea que es verdad en el momento en que sentencia.

El juez —al decidir— enfrenta básicamente dos cuestiones: en

primer lugar, la de determinar la verdad del enunciado de hecho

(Bruto mató a César), y en segundo lugar, debe subsumirlo en la

norma general. Por otro lado, debe resolver, y su decisión no puede —

por lo general— ser revisada más allá de un tiempo dado, y esto por

razones prácticas, ya que si bien la verdad empírica en el ámbito de

las ciencias puede ser permanentemente revisada, en el ámbito de las

decisiones judiciales definitivas la pregunta acerca de la verdad del

enunciado de hecho, que formó parte de la resolución, no puede ser

más formulada significativamente (salvo el caso ya señalado de

revisión de la condena firme). Y esto no es otra cosa que el principio de

“cosa juzgada”, el cual “institucionaliza” —por razones prácticas— la

necesidad de resolver de acuerdo a creencias justificadas (estado de

certeza fundado en pruebas o razones que justifican suficientemente la

creencia)18.

La Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados a

ella y los códigos procesales, subordinan la obtención de la verdad

acerca del hecho punible, motivo de una acusación penal, al respeto de

otros valores o intereses. La dignidad de la persona humana sometida

a proceso, de la que deriva su incoercibilidad moral (nadie puede ser

obligado a declarar contra sí mismo, ni a colaborar como sujeto activo

con la investigación, etc.); el principio de inocencia (el Estado debe

probar la culpa del acusado, y si no lo logra no puede penarlo); el

resguardo del derecho de defensa; la protección de la intimidad; la

inviolabilidad del domicilio, correspondencia y comunicaciones, entre

otros principios, constituyen verdaderos límites (algunos de carácter

absolutos —incoercibilidad moral del imputado—; otros relativos —la