Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Octubre de 2016, expediente C 118779

Presidentede Lázzari-Kogan-Hitters-Negri
Fecha de Resolución19 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, K., Hitters, N.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 118.779, "Misuraca, E.F. y otra contra M., E.B.. Resolución de contrato".

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó en lo esencial la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había estimado procedente la resolución del contrato de compraventa promovida por los actores, modificándola en lo que respecta a la fecha a partir de la cual debía computarse el pago de los cánones locativos y al pedido de pesificación de las sumas que debían ser restituidas a los compradores, ordenando la conversión a pesos del monto originalmente pactado en dólares estadounidenses (fs. 597/612 vta.).

Se interpusieron, por los demandados E.B.M. y C.S., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 616/651 y 653).

Dictada la providencia de autos, habiéndose conferido traslado a las partes en atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (fs. 679) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 616/651 y 653?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. Los señores E.F.M. y M.S.M. -en su carácter de vendedores del inmueble sito en calle G. n° 576 de la ciudad de Tandil- iniciaron la presente demanda por resolución contractual y daños y perjuicios contra E.B.M. (la compradora) en virtud del incumplimiento de la obligación de pago del saldo del precio. Asimismo, citaron como tercero a C.S., quien de acuerdo a la cláusula segunda del contrato se encontraba también constreñido al cumplimiento de dicha prestación (v. pieza de inicio: fs. 52/63).

    A fs. 136/149 contestó demanda E.B.M., adhiriendo a sus términos el señor C.S. (fs. 151 vta.).

  2. El magistrado de primera instancia hizo lugar a la acción entablada, declarando resuelta con fecha 1 de junio de 2006 la compraventa del inmueble instrumentada en el documento privado obrante a fs. 48/49. En consecuencia, condenó a las partes a que en el plazo de 10 días se restituyesen recíprocamente lo recibido, a saber, los actores a la accionada la suma de U$S 55.898,08 -o su equivalente en pesos a la cotización del dólar vendedor del Banco Nación del día anterior al pago- y la demandada a los primeros la posesión del inmueble.

    Estimó parcialmente procedente la pretensión resarcitoria por privación del bien, condenando a la accionada al pago de la suma de $ 37.000 en concepto de indemnización del valor locativo desde el 1 de junio de 2006 hasta septiembre de 2009 y la que se determinase en la etapa de ejecución de sentencia desde octubre de 2009 hasta la fecha de la restitución. Declaró compensadas las sumas referidas en los considerandos 2º) y 3º) y rechazó el planteo de pesificación solicitado por los accionantes (fs. 522/533 vta.).

  3. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó en lo principal la decisión, modificándola en lo que respecta a la fecha a partir de la cual debía computarse el pago de los cánones locativos y al pedido de pesificación de las sumas que debían ser restituidas a los compradores, ordenando la conversión a pesos del monto originalmente pactado en dólares estadounidenses (fs. 597/612 vta.).

    Señaló la alzada que la propia accionada en su contestación de demanda reconoció que a raíz de los incumplimientos incurridos por su parte el "Bank Boston" promovió un juicio de ejecución hipotecaria contra los vendedores que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 63, Secretaría Nº 93 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud del cual los actores debieron saldar la deuda en cuestión (fs. 604 vta.).

    Puso de relieve el tribunal que el sólo hecho de haber abonado la compradora parte sustancial del precio no obstaba al ejercicio del pacto comisorio si no mediaba abuso de derecho y que determinar cuándo ese ejercicio era o no abusivo dependía de las circunstancias propias de cada caso, sin que correspondiera ceñirse a un criterio puramente matemático (fs. 606 vta.).

    En este sendero de ideas, destacó que no era razonable atenerse exclusivamente a la proporción del precio pagado sin computar el tiempo transcurrido de pasividad del deudor, en virtud de lo cual consideró que teniendo en cuenta que la posesión había sido otorgada el 29 de octubre de 1999 y la demandada dejó de abonar las cuotas del crédito hipotecario en julio de 2001, tal incumplimiento se prolongó en el tiempo -no obstante la intimación cursada mediante cartas documento 720136945 y 720106937 en marzo de 2006- circunstancia que viabilizaba la aplicación del pacto comisorio (arts. 1071, 1198 y 1204, C.C.; fs. 607 vta./608vta.).

    Ya en la determinación de los efectos restitutorios e indemnizatorios de la resolución contractual resuelta, la Cámara sostuvo que resultaba procedente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados consistentes en la privación de uso y goce de la propiedad, fijando su importe de acuerdo al valor locativo del inmueble y computando eldies a quode dicho rubro a partir del 7 de abril de 2006, esto es, una vez vencido el plazo de 15 días otorgado por los vendedores para el cumplimiento de su obligación, de acuerdo con las misivas cursadas (fs. 609/610).

    En otro orden, postuló que habida cuenta de que las leyes de emergencia económica debían ser aplicadas a todas las obligaciones existentes al momento de su sanción, el monto adeudado...

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