Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 8, 24 de Octubre de 2013, expediente 12.845/2011

Fecha de Resolución24 de Octubre de 2013
EmisorSala 8

Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VIII

Expediente Nº 12.845/2011

SENTENCIA Nº 39837 JUZGADO Nº 24

AUTOS: “GALLUPPI MIRTA NOEMI C/ YELL ARGENTINA S.A. S/

DESPIDO”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre de 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado,

proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR V.A.P. DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, vienen en apelación las partes, la representación letrada de la actora –

por derecho propio- y el perito en sistemas informáticos.

  1. La demandada (quien modificó su denominación social a Hibu Argentina S.A., cfr.fs.copia del B.O. del 10/12/2012 a fs.537) a tenor de las manifestaciones vertidas a fs. 512/516 vta., que fueron contestadas por la actora a fojas 520/527, cuestiona la evaluación probatoria, la calificación del despido, la reparación por daño moral admitida y su cuantía. A su vez, recurre los honorarios de la representación letrada de la actora y de los peritos por considerarlos altos.

  2. La actora, según las expresiones inscriptas a fojas 504/506, que fueron replicadas por la demandada a fojas 519/vta, se queja porque,

    no obstante estar fuera de convenio, se le aplicó para el cálculo de la indemnización del artículo 245 de la L.C.T. el tope previsto en el C.C.T 130/75.

    Plantea en esta instancia la inconstitucionalidad del artículo 245 de la L.C.T.

    También solicita la no aplicación al caso de lo resuelto por la C.S.J.N. en el fallo “V.” y que se determine como salario base de la partida en cuestión la suma de $ 7.689,10.-, denunciada en la demanda.

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  3. La representación letrada de la actora, por derecho propio, a fojas 498/500 y el perito en sistemas informáticos a fojas 508, apelan sus respectivos honorarios por estimarlos bajos.

  4. Adelanto que el recurso de la demandada no obtendrá en lo principal andamiento.

    a.- La apreciación del material probatorio reunido en el sub lite fue realizada por la Sra.Juez “a quo” con ajuste a las reglas de la sana crítica (arts. 90 L.O., 386 y 477 del C.P.C.C.N.) La conclusión de grado no sólo se apoya en las declaraciones testimoniales de Marof (fs.336/337), Benegas (fs.332/333) y Pasut (fs.251/253), que en forma aislada cita la recurrente, sino también en las de Nougués (fs.249/250), de Donato (fs.328/331), Touceda (fs.338/339) y Munin (fs.384/I a 386/I), además de las pericias contable (a fs.

    414/417) y de informática (fs.310/319), todas ellas soslayadas en el memorial.

    Dichas probanzas dan acabada cuenta de cuáles son las funciones y responsabilidades de los asesores comerciales y supervisores en el organigrama de la demandada, empresa dedicada a la confección y comercialización de la guía telefónica denominada “Páginas Amarillas”. Desde esta óptica, la impugnación en examen constituye una mera discrepancia que no logra rebatir los sólidos argumentos que vertebraron el decisorio anterior (conf.

    art. 116 de la L.O.).

    b.-El siguiente agravio es insuficiente ya que no cumple con los recaudos de los artículos 116 de la L.O y 265 del C.P.C.C.N., en orden a la crítica, concreta y razonada, del aspecto del pronunciamiento que se interpreta adverso. La apelante no indica en el memorial cómo acreditó en el sub lite la falta atribuída a la actora en la solicitud nº 3638993 (haber incumplido con el guión de cierre al concertar una venta con un cliente). Repárese que el perito en sistemas respondió que los archivos de voz de tal solicitud no fue hallada en los dispositivos de almacenamiento electrónico del servidor de la empresa 2

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    (cfr.respuesta a fojas 316 y 318). Por ello, corresponde desestimar el agravio en cuestión.-

    c.- Las faltas que se le imputan a la actora en las operaciones de venta telefónica encuentran suficiente explicación en la organización empresarial, conforme las facultades previstas en los arts.64 y 65 de la L.C.T., ya que el modelo de...

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