Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 29 de Diciembre de 2017, expediente CNT 020592/2014/CA001

Fecha de Resolución29 de Diciembre de 2017
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA Nro. 20.592/2014/CA1 “MIRAMBELL MARÍA EUGENIA EMILSE c/ BOSAN S.A. Y OTRO s/ DESPIDO” -

JUZGADO Nro. 51-.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 29/12/2017, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora C. dijo:

  1. Contra la sentencia de primera instancia de fs.

    447/452, que hizo lugar en lo principal a la demanda, se alzan la parte actora, la codemandada Bosan SA y R.H.C., según sus respectivas presentaciones de fs. 453/464, 470/471 y fs. 472/473. La representación letrada de la parte actora, el perito contador, el doctor M. y el doctor Bayona, apelan sus respectivos honorarios por considerarlos reducidos.

    El juzgador de anterior grado, hizo lugar al despido indirecto en que se colocó la trabajadora y condenó a Bosan SA y a R.H.C., al pago de la suma de $ 659.774,61.

  2. Me abocaré en primer término a los agravios vertidos por Bosan SA.

    La misma se queja, porque entiende arbitrario el fallo de anterior grado, dado que no se encuentra debidamente fundado. Por otro lado, considera que el Sr. Juez a-quo, analizó la prueba de forma superflua y contradictoria.

    Advierto que la presentación de la recurrente no satisface las exigencias previstas por el art. 116 de la ley 18345. Ello, dado que no consiste en una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico del punto que se recurre, que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida.

    En efecto, la quejosa no descalifica los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el magistrado de anterior grado, que lo llevaron a concluir sobre la base de los testimonios aportados por la parte actora que: “…se encuentra acreditado en autos que la actora percibió parte de su remuneración, fuera de todo registro contable…”, “…debe considerarse desvirtuada la remuneración asentada en los registros laborales de la empleadora, tornándose operativa la presunción del art. 55 Ley de Contrato de Trabajo que lleva a tener por cierto el salario mensual de $ 12.065 denunciado en el inicio, que no fue desvirtuado por prueba en contrario…”.

    Fecha de firma: 29/12/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #20366454#197200800#20171229135758606 Poder Judicial de la Nación El recurrente simplemente se limita a expresar que los testimonios se han analizado de forma parcial, infiriendo deducciones y valoraciones que resultan ilógicas. Por último, alegó que: “…se acreditó con otros medios de prueba como fuere la pertinente pericia contable el total asiento de las remuneraciones y el cumplimiento de las obligaciones de la relación laboral…”.

    Respecto de los registros contables, que el recurrente intenta colocar como elemento para desvirtuar los hechos denunciados en el inicio, comparto lo expuesto por el Sentenciante de anterior grado acerca del carácter unilateral de los mismos. A mayor abundamiento, entiendo que las registraciones contables y laborales, aún llevadas en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido, ni son fuente inequívoca para entidades públicas, ya que los datos allí volcados emanan exclusivamente del empleador, y son inoponibles al dependiente, en igual sentido SD Causa Nro.

    24.315/2011/CA1 “A.M.A. c/ Consignaciones Rurales SA y otro s/

    Despido” Juzgado Nro. 23, del registro de esta Sala.

    Por lo expuesto y, ante la orfandad probatoria que verifico al respecto, propongo confirmar el fallo de anterior grado en este aspecto.

    Por último, la codemandada Bosan SA, se queja porque entiende que a la actora, luego de la licencia médica, se la intimó a retomar tareas, en razón de que ya se encontraba apta para volver a la empresa, lo que lleva a que estas ausencias de encuentran injustificadas, y no corresponda que se abone ninguna suma por dicho período.

    Al respecto, en la causa obran los certificados médicos (sobre fs. 21) y el resultado de una prueba informativa, donde la médica psiquiatra de la trabajadora, acredita las licencias otorgadas (fs. 336).

    Por el contrario, la recurrente si bien acompañó un certificado médico a fs. 60, el mismo fue desconocido por la parte actora y ninguna prueba se ofreció a fin de verificar su autenticidad, lo que me lleva a proponer también la confirmación del pago de los sueldos adeudados.

  3. Me abocaré ahora al tratamiento de los agravios vertidos por R.H.C..

    La parte se queja, en primer lugar, porque el Sentenciante de anterior grado lo condenó en forma solidaria junto con Bosan SA. Considera que esta última, es una sociedad legalmente constituida y una persona jurídica enteramente independiente de los socios que la integran, en consecuencia la responsabilidad solidaria de aquellas es excepcional. Ampliar a su mandante, implica involucrar a personas ajenas a la relación laboral habida con el accionante y su empleadora.

    En cuanto a la relación existente entre los socios y funcionarios, y la sociedad, me he referido a tal tema en numerosas oportunidades, merced a la teoría de la penetración.

    Fecha de firma: 29/12/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #20366454#197200800#20171229135758606 Poder Judicial de la Nación En este contexto, resulta fundamental el análisis del descorrimiento del velo societario, que alcanza status legal con la promulgación de la Ley 22.903 –modificatoria de la Ley 19.550-, plasmada en el tercer párrafo del artículo 54, y su actual tratamiento en el artículo 144 del CCCN promulgado por la Ley 26.994. Asimismo, la normativa concordante como los artículos 54, 59 y 274 de la LSC, invocados por la demandante (ver fs. 12/15).

    En efecto, la también llamada teoría del disregard no se limita a las sociedades comerciales, puesto que como categoría jurídica, no se trata más que de buscar a las personas de carne y hueso detrás de una estructura que, en principio, lo protege. Esta estructura puede ser una asociación (distingo que con claridad ha borrado la reforma), una fundación, tema en el cual el código nuevo también es clarificador.

    Recordemos que anteriormente las fundaciones se encontraban reguladas por la ley 19.834, y que con la reforma, la mayoría de sus previsiones fueron codificadas, en relación al régimen para su desenvolvimiento y control (Capítulo 3. Fundaciones arts 193 a 224 del CCCN).

    Motivo por el cual, dicha codificación, deja más claro aún que la responsabilidad de las fundaciones y de sus autoridades, debe ser analizada en el marco general de la teoría del propio código.

    No obstante que la vía de la especialidad me habilita a condenar solidariamente a la codemandada, resulta fundamental el análisis de la teoría del descorrimiento del velo societario, como instituto de carácter general incorporado en la ley de sociedades comerciales en el artículo 54 -y concordantes como los artículos 59, 157 y 274 de la LSC- y su tratamiento en diversos artículos del código civil y comercial vigente desde el 1 de agosto de 2015.

    En la causa "Alegre Valeria Aldana C/ Mas Tango S.R.L. Y Otros S/ Despido", Sentencia Definitiva, de fecha 26/10/2015, del registro de esta S., reuní los argumentos que inveteradamente he realizado sobre el citado grupo de normas y esbocé las primeras interpretaciones sobre las normas del código civil que estábamos estrenando, así manifesté:

    "Sobre este tema, y antes de adentrarme en el análisis de la referida normativa, cabe señalar que las distintas ramas del derecho están interconectadas entre sí, dado que todas integran un sistema de derecho, lo que se denomina, la racionalidad del sistema”.

    Como tal, supone una jerarquía, la que deriva de la organización que desde la propia cúspide del sistema se establezca. Así, desde 1994 (Pinto, M. “El principio “Pro Homine”: criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los Derechos Humanos”. La aplicación de los tratados sobre DDHH por los tribunales locales, Bs. As., del Puerto 1984 vol.

    1), y ya en el paradigma de los DDHHFF, el derecho laboral junto con otros (como el derecho del consumidor), se encuentra en una relación de supremacía en lo que al derecho comercial respecta.

    Fecha de firma: 29/12/2017 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #20366454#197200800#20171229135758606 Poder Judicial de la Nación “Consecuentemente, existe un orden en términos de derecho público y privado, así como una organización general desde el derecho civil “parte general” y una particular para cada rama jurídica (especialidad), siempre desde los principios normativos.”

    “Luego, pretender que las reglas del derecho comercial no deban ser tomadas en consideración, cuando se trata de una cuestión laboral, incidida por la comercial, implicaría la negación de la organización jerárquica del derecho, y un regreso a los albores del absolutismo jurídico (L.F. “Legalidad y Constitucionalidad. La constitucionalización del derecho”, “59/Temas de Derecho Público Universidad Externa de Colombia, julio 2000).”

    De tal suerte, que corresponde referenciar lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales, ya que en este punto, reitero, el CCCN lejos de modificar los concepto establecidos en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la LSC., los amplia encausándolos bajo el principio de la buena fe que estipula el art. 9º de nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

    “Es que prevé desde el inicio y en forma preliminar, el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos. Así establece que “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”.”

    De esta forma, mantiene en el art. 143 del CCCN, el principio tradicional de la personalidad jurídica diferenciada, según el...

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