Expediente nº 12876/77 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 19 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución19 de Agosto de 2016
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas

E.. nº 12876/15 "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio en autos F.F., J.A. s/ art. 183, daños, CP (P/L 2303)'"

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016

Vistos: los autos indicados en el epígrafe

Resulta 1. El titular de la Fiscalía de Cámara Oeste dedujo recurso de queja (fs. 89/93) contra el pronunciamiento dictado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas a través del cual se declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad cuya copia obra agregada a fs. 70/76. Esa impugnación había sido dirigida contra la resolución de la Cámara que dispuso la absolución de J.A.F.F., por entender que no se había podido acreditar la comisión del delito de daño.

Para así resolver, los jueces de la Cámara afirmaron que no se había acreditado suficientemente la ajenidad de las cosas dañadas y que, por ello, se verificaba "una duda razonable que impide tener por acreditada la comisión del delito en cuestión" (fs. 61 vuelta).

  1. En el recurso de inconstitucionalidad, el F. sostuvo que la sentencia dictada por la mayoría de la Sala III incurría en arbitrariedad en tanto se valía de argumentos dogmáticos y aparentes y efectuaba una interpretación errónea de la normativa aplicable, toda vez que no resultaba relevante -según su opinión- la identidad del propietario de la cosa dañada para acreditar el delito en cuestión. Alegó afectación al sistema republicano de gobierno, al principio de razonabilidad y supremacía de la Constitución Nacional y al de legalidad.

  2. La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el Ministerio Público Fiscal no había planteado un verdadero caso constitucional (fs. 83/88).

  3. El F. General a cargo, al tomar intervención, sostuvo los recursos deducidos y solicitó que se revocara la resolución recurrida (fs. 97/99).

    Fundamentos

    El juez J.O.C. dijo:

  4. La queja, si bien fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33 de la ley n° 402), no puede prosperar pues el representante del Ministerio Público Fiscal no ha logrado demostrar que sus motivos de agravio conformen un caso constitucional que habilite la intervención de este Tribunal.

  5. Conforme surge de las constancias del caso, la jueza de grado desechó la posibilidad de encuadrar el hecho investigado en el art. 181 del CP y condenó al imputado por el delito previsto en el art. 183 del CP (fs. 5/23). Esa decisión sólo fue recurrida por la defensa (fs. 24/34), de modo que la Cámara se encontraba impedida de revisar la procedencia del encuadre típico más gravoso, descartado tras la realización del debate (cf. art. 276, tercer párrafo, CPP). Frente a la mencionada apelación, el tribunal de alzada resolvió revocar la condena y absolver al imputado, pues consideró que tampoco había logrado probarse la comisión del delito de daño (fs. 58/68).

  6. El representante del Ministerio Público Fiscal cuestiona la interpretación efectuada por la Cámara respecto de una norma de derecho común (art. 183, CP) y la valoración de las pruebas producidas durante el debate, cuestiones que, en principio, resultan ajenas a la excepcional intervención de este Tribunal. No obstante ello, el recurrente entiende que el pronunciamiento atacado "compromete las bases en las que se sustancia el diseño constitucional del proceso local, menoscaba el debido proceso legal por tratarse de una resolución arbitraria y de modo inequívoco constituye un apartamiento de la solución normativa prevista por la ley" (fs. 91 vuelta). Ahora bien, a mi juicio, la argumentación de la fiscalía resulta insuficiente para dar sustento a dichas afirmaciones.

    Ello es así pues, en primer lugar, el recurrente no se hace cargo de que, al margen del acierto o error de la valoración efectuada por la Cámara, ese tribunal analizó los elementos de convicción incorporados al debate y les otorgó un determinado valor. En particular, los jueces expusieron las razones por las cuales, según su entendimiento, las probanzas producidas en el juicio resultaban insuficientes para acreditar, con certeza, la ajenidad de las cosas dañadas. En este sentido, consideraron que correspondía revocar la condena y absolver al imputado pues la afirmación de la existencia del delito de daño exigía que "[constara] la ajenidad de la cosa mueble", que "no se [advertía] cómo [podía] considerarse ajena la propiedad del muro o puerta de dicho inmueble sin propietario" (fs. 60, del voto del juez S.D. y que "la ineficaz actividad fiscal aunada al desinterés evidenciado por las presuntas damnificadas [llevaban] a concluir que [existía] una duda razonable que [impedía] tener por acreditada la comisión del delito en cuestión" (fs. 61 vuelta, del voto de la jueza S.M..

    El recurrente considera, en cambio, que los elementos de convicción incorporados al debate sí resultaban suficientes para acreditar la ajenidad de la cosa pues "para que se configure el delito de daño es irrelevante la identidad del propietario de la cosa afectada sino que basta con que la misma sea ajena al autor del hecho" (fs. 92) y "de encontrarse en trámite un juicio sucesorio o la afectación del inmueble a la propiedad privada del Estado Nacional, el carácter litigioso no le quitaba protección jurídica ni habilitaba a que se ataque su integridad material" (fs. 92 vuelta). Sin embargo, estas afirmaciones no resultan hábiles para demostrar que el pronunciamiento cuestionado resulte, como alega, absolutamente infundado o arbitrario, pues sólo proponen una discusión sobre la entidad de la prueba producida en el juicio, propia los jueces de mérito.

    Además, el recurrente omite referirse a lo afirmado por la Cámara en relación con que "el Estado no puede omitir el testimonio de las presuntas herederas del bien ni menos aun suplir su voluntad ante su ausencia" (fs. 61 vuelta). En este sentido -al margen de la discusión en torno a las exigencias del tipo de daño respecto de la identificación del sujeto pasivo-, el Ministerio Público Fiscal no explica por qué razón resulta arbitrario el razonamiento de los jueces que consideraron que no era posible arribar a una sentencia condenatoria en un caso en el que se desconocía la identidad de las presuntas...

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