Expediente nº 9978/69 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 4 de Noviembre de 2014

Fecha de Resolución 4 de Noviembre de 2014
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas

E.. nº 9978/13 "Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Norte de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de prisión preventiva en autos B., D.A. s/infr. art(s). 189 bis, ap. 2, párr. 3, portación de arma de fuego de uso civil, CP'"

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2014

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El titular de la Fiscalía de Cámara Norte interpuso la presente queja (fs. 142/149), contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, C. y de Faltas (fs. 134/140) que denegó el recurso de inconstitucionalidad, que había deducido, a su vez, contra la resolución de esa Sala que -por mayoría- declaró la nulidad "del secuestro, la requisa y de todo lo actuado en consecuencia" y sobreseyó al imputado, con respecto al delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal (fs. 73/80).

Para así resolver, la mayoría de la Cámara consideró -al examinar el recurso de apelación de la defensa dirigido contra la decisión de la instancia anterior que había declarado la prisión preventiva del imputado (fs. 37/41)- que el proceder policial con respecto al secuestro y la requisa del bolso, que había sido arrojado por el involucrado, importó una requisa sin orden judicial no habilitada por la ley y, por ende, nula, por haberse omitido la intervención jurisdiccional constitucionalmente tutelada (fs. 77).

  1. En su recurso de inconstitucionalidad, el fiscal de Cámara impugnó la sentencia que sobreseyó al imputado por entender que aquella importaba un "manifiesto exceso jurisdiccional" en tanto la Sala III carecía de competencia para decidir como lo hizo. Asimismo, denunció la arbitrariedad de lo resuelto, al haberse apartado, sin fundamentos válidos, del texto legal y de la doctrina emanada de la CSJN, relacionada con la actividad autónoma de las fuerzas de seguridad ante la comisión de delitos. Finalmente, sostuvo "la legitimidad de lo actuado (…) en circunstancias de urgencia y dentro del marco de una actuación prudente y razonable del personal policial en el ejercicio de sus funciones específicas" (fs. 118).

    La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad por falta de legitimación (votos de los jueces D. y M.) y el juez F. consideró que no se había planteado un caso constitucional.

  2. El F. General, al tomar intervención en autos, consideró que el Tribunal debía hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad interpuestos y dejar sin efecto el pronunciamiento atacado (fs. 153/159).

    Fundamentos:

    La jueza A.M.C. dijo:

  3. La presentación de hecho efectuada por el Ministerio Público Fiscal resulta procedente, toda vez que satisface los requisitos formales requeridos (art. 33, ley nº 402), se dirige, en última instancia, a controvertir una decisión que pone fin al proceso, contiene una crítica suficiente del auto denegatorio resuelto por el tribunal a quo y, asimismo, demuestra de manera concreta la existencia de serios defectos de fundamentación en las resoluciones que se impugnan a través de esta vía de excepción.

    En efecto, con relación al auto denegatorio, el quejoso controvirtió con éxito el único fundamento común que brindó la mayoría del tribunal a quo -referido a la falta de legitimación del Ministerio Público Fiscal para solicitar la intervención de este Tribunal- porque, a pesar de la peculiar perseverancia de los jueces M. y D. en sostener que la Fiscalía no se encontraba legitimada, ha puesto de manifiesto una vez más la falta de correspondencia entre tal postura restrictiva y aquella otra que ha sido sostenida en múltiples precedentes por el Tribunal al cual el interesado pretendía acceder mediante su recurso de inconstitucionalidad.

    Al respecto, conviene precisar que el recurrente mencionó numerosos pronunciamientos en los cuales este Tribunal ha admitido múltiples recursos del Ministerio Público Fiscal y en los que se han reivindicado las atribuciones que lo habilitaban para, al menos, proponer sus planteos constitucionales en defensa de la legalidad, de la satisfacción del interés social y en resguardo de los intereses generales; jurisprudencia hoy consolidada, que, al parecer, no ha merecido ninguna reflexión, por parte de la mayoría de la Sala III, que amerite revisar el criterio que mantiene el Tribunal y la CSJN sobre el punto. Por ende, desprovista de apoyatura en nuevos fundamentos que pretendan sustentar el deliberado apartamiento por parte de la Cámara de la constante jurisprudencia de este Tribunal, el auto denegatorio se exhibe infundado en ese punto (Fallos 307:1094) y no se sostiene como acto jurisdiccional válido.

    Por otra parte, aunque descalificado el único argumento común no se sostiene ese auto denegatorio, corresponde tener presente que el recurrente también cuestionó el otro motivo que brindó el juez F., vinculado con la no acreditación de una cuestión constitucional. En ese sentido, la Fiscalía de Cámara denunció, fundadamente, la sinrazón de la argumentación en virtud de la que se dispuso el cierre del proceso y presentó una discusión que, sin dudas, se muestra apta para ser examinada por esta instancia.

    La fundamentación propuesta alcanza, entonces, para que esta queja prospere.

  4. A su vez, con relación al recurso de inconstitucionalidad denegado, asiste razón al recurrente en cuanto afirma que, si bien la mayoría de la Sala III resolvió el cierre del proceso (sobreseimiento) con fundamento en normas locales de carácter infraconstitucional -como lo son aquellas que regulan la "requisa" personal (art. 112, CPPCABA) y el régimen de "nulidades" (arts. 71 y ss., CPPCABA)-, existe una relación directa entre aquellas disposiciones y normas constitucionales (arts. 13.1, 13.3, 81.2, 106, 124 y 125, CCABA).

    En autos, el recurrente se agravió fundamentalmente por dos motivos: (a) porque considera que la mayoría de la Cámara incurrió en un manifiesto desborde jurisdiccional, al examinar un aspecto que excedía -por mucho- los agravios sostenidos por la defensa contra la decisión referida a la prisión preventiva del encartado, de manera tal que se vio ciertamente desconocido su debido proceso frente al tratamiento oficioso y sorpresivo de una cuestión con respecto a la cual su Ministerio en ningún momento pudo emitir opinión; y (b) porque advierte -por un lado- que se ha desconocido palmariamente el marco procesal que le confiere a las fuerzas de seguridad facultades para actuar de manera autónoma, en supuestos "urgentes y/o flagrantes", a fin de disponer medidas cautelares sin la "previa autorización judicial" (arts. 78, 86, 87, 88 y 112, CPPCABA, y, en sentido concordante, 184 y 230 bis, CPPN), y porque -por otro lado- se han analizado arbitrariamente las circunstancias objetivas y razonables que justificaron la actuación policial.

    2.1. Para permitir una mejor comprensión de lo debatido, es necesario resaltar ciertas circunstancias fácticas consideradas en la decisión recurrida, en cuanto a que en autos: "[s]e le imputa a D.A.B. el hecho que presuntamente tuvo lugar el día 6 de marzo de 2013, aproximadamente a las 02.30 hs., en la (…) oportunidad en la que el imputado circulaba con un bolso pequeño (…) [que] habría contenido en su interior un arma de fuego (…) que se encontraba cargada con seis (6) cartuchos (…), sin contar con la debida autorización legal. // Según surge de las declaraciones del personal policial que intervino en la detención [del nombrado] (…), éste '… al notar la presencia policial, arrojó el bolso a un cantero (…) y vuelve sobre sus pasos tratando de evitar al personal policial (…) [por lo cual] se procede a detener la marcha (…)' [y después] de ser identificado (…) '… se procedió a abrir el bolso de mención…' en el que se encontró el arma" (fs. 74; no subrayado en el voto del juez D., al que adhirió la jueza M.. No hay controversia por el momento, o en el estado embrionario en que se encuentra el proceso, en cuanto a que los acontecimientos se hubiesen desarrollado de la manera en que aquí se afirma, ni el recurrente se propone discutir estos aspectos.

    A su turno, los argumentos de naturaleza jurídica, que dieron sustento al sobreseimiento, fueron los siguientes: (i) "el proceder policial no configuró una requisa urgente en los términos del primer párrafo del art. 112 del ritual, por lo que no puede enmarcarse en el supuesto de excepción que permite a la fuerza preventora proceder a la revisión de efectos personales sin [contar con] una autorización jurisdiccional"; (ii) "nos encontramos ante una nulidad de orden general o absoluta, al haberse omitido la ordenada intervención [de autoridad] jurisdiccional (…) en función de la protección de la intimidad (…) y su tratamiento resulta ineludible"; (iii) "la Constitución Nacional y de la ciudad garantizan la inviolabilidad no sólo del domicilio sino también de los papeles privados (…) [y l]a legislación ritual [local] extiende esa protección (…) a los efectos personales o a las cosas 'adheridas al cuerpo'"; (iv) únicamente "en situaciones de urgencia o flagrancia la policía puede proceder al secuestro y requisa de los efectos personales o de las cosas que porta un" individuo; (v) "[n]o surge ni del acta de detención, ni de la declaración de los policías (…), ni del acta de secuestro (…) los motivos que condujeron a los preventores a proceder a la inspección del bolso (…) [y no] se dejó constancia de que no fuera posible en ese momento obtener [un]a autorización judicial"; y, por fin, que (vi), "[e]n nuestro caso, (…) B. arrojó fuera de su área de custodia inmediata el bolso, alejándose del lugar (…) [y esta circunstancia] clarifica la inexistencia de riesgos urgentes que hayan autorizado la requisa sin orden, para encontrar un elemento que se hallaba oculto (…) fuera de la percepción visual ex ante de los funcionarios policiales" (fs. 74/76; no subrayado en el voto del juez D., al que adhirió la jueza M.. Estas conclusiones sí han sido denunciadas como insostenibles o absurdas por el...

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