Expediente nº 13063/46 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 24 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2016
Emisor:Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas
 
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E.. n° 13063/16 "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Vera, P.R. s/ infr. art. 189 bis, 2 párr. 3, portación de arma de fuego de uso civil, CP (p/L2303)'"

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Defensor General y el Defensor General Adjunto en lo Penal, C. y de Faltas de esta Ciudad -en representación de P.R.V.- presentaron recurso de queja (fs. 90/95) contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que rechazó in limine el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 75/82), a su turno, contra la decisión de esa misma Sala (fs. 70/73) que confirmó la dictada por la jueza de primera instancia que no había hecho lugar a la excepción de falta de acción -por vencimiento del plazo de investigación preparatoria- formulada por la defensa del imputado. Para así resolver, la jueza tuvo en cuenta que la audiencia de intimación del hecho había sido anulada y la nueva no se había podido realizar por la inconducta procesal del imputado, razón por la cual no advertía menoscabo alguno al derecho del imputado a que la causa fuera resuelta en un plazo razonable (fs. 43/49).

  1. En su recurso de inconstitucionalidad, el Ministerio Público de la Defensa sostuvo que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva porque la habilitación al MPF a continuar con el impulso de la acción, a pesar de la inobservancia de los plazos legales, le provocaba al imputado un perjuicio actual de imposible o tardía reparación ulterior. En concreto, la defensa expresó que, al haberse rechazado la excepción en favor de su defendido, la Cámara había desconocido el derecho a un plazo razonable de duración del proceso penal, el principio de legalidad y la garantía del debido proceso.

  2. La Cámara de Apelaciones lo rechazó in limine porque entendió que la resolución atacada no era una sentencia definitiva en los términos requeridos por el art. 27 de la ley n° 402, ni resultaba equiparable, y, respecto a la presunta violación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, tampoco se había planteado un genuino caso constitucional.

  3. El F. General a cargo, al tomar intervención, opinó que el Tribunal debía rechazar la queja por las mismas razones apuntadas por los jueces en el auto denegatorio (fs. 102/103).

    Fundamentos

    La juez I.M.W. dijo:

  4. La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

    La decisión de Cámara, que confirmó la resolución de grado que había resuelto no hacer lugar a la excepción de falta de acción solicitada por la defensa, no es definitiva conforme lo dispone el art. 27 de la ley n° 402. Además, no se ha acreditado que ponga en vilo una garantía constitucional o federal que requiera una tutela inmediata.

  5. Las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso, en principio, no reúnen carácter de sentencia definitiva. Tampoco es asimilable a tal en tanto no puso fin al proceso, no impidió su continuación y tampoco se demostró un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior (cf. "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelación en autos Sosa, M.D. s/ infr. art. 149 bis, CP'", expte. n° 10308/13, resolución del 11/07/2014).

  6. Los motivos de agravio de la defensa no logran demostrar una lesión a los principios y garantías constitucionales invocados, sólo manifiestan su disconformidad con la interpretación fundada y razonada que hicieron los jueces de la causa de las normas procesales involucradas en el caso. Además, son insuficientes para demostrar una lesión a los principios y garantías constitucionales que rigen en la interpretación de la ley penal (cf. "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'A., E.G. s/ inf. art. 1 LN 13.944 [Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar]'", expte. nº 9381/12, resolución del 06/11/2013).

    En efecto, en la decisión recurrida la Cámara -con un criterio distinto al pretendido por la defensa- sostuvo que para computar el plazo previsto en el art. 104 del CPPCABA no debía tomarse en cuenta la intimación llevada a cabo con fecha 3 de diciembre de 2014 en tanto aquella fue declarada nula (cf. fs. 72 vuelta).

    Con respecto a la garantía del plazo razonable, descartaron este agravio con sustento en los parámetros que ha dado la Corte Suprema para analizar la afectación de esta garantía. En ese orden explicaron que no se advierten en el caso dilaciones indebidas puesto que, luego de que el fiscal modificara el decreto de determinación de los hechos, el imputado Vera fue citado en cinco oportunidades sin obtener resultado alguno y el juez, frente a su incomparecencia, había dispuesto el libramiento de edictos. En autos surge también que, con posterioridad, en el mes de marzo del corriente, V. fue declarado rebelde y ordenada su captura, lo que luego se dejó sin efecto por la detención del nombrado en otra causa penal (cf. certificación de fs. 101).

    En atención a las circunstancias detalladas corresponde rechazar el recurso interpuesto dado que no surge del legajo que hubiera una duración irrazonable en la tramitación del proceso imputable al Estado y tampoco es dable colegir que, hasta que se dicte una sentencia definitiva, vaya a transcurrir un plazo excesivo.

    El agravio esgrimido por la defensa, relativo a la vulneración de la garantía de plazo razonable, aparece entonces como una mera afirmación genérica que no se corresponde con la cuestión decidida en autos, por lo que no cabe hacer lugar a dicho planteo.

    Por lo demás, entiendo que no concurren aquí circunstancias como las evaluadas por este Tribunal en los casos "Montenegro", "H." y "Minutella", citados por la defensa.

  7. Por todo lo expuesto, voto por rechazar la queja interpuesta a fs. 90/95 y diferir la consideración respecto del depósito a las resultas del trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado, conforme surge de fs. 86/89, y solicitarle al magistrado de primera instancia interviniente que comunique a este Tribunal toda novedad de interés respecto de aquel incidente.

    El juez J.O.C. dijo:

  8. Si bien la queja ha sido presentada en tiempo y forma, no puede prosperar (art. 33, ley nº 402).

  9. Este Tribunal ha dicho reiteradamente que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso no reúnen, por regla, el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27 de la ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, F. y B., R. s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

    Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada -por cuanto confirmó el rechazo de la excepción de falta de acción por vencimiento del plazo de la investigación preliminar- pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectar la resolución de la Cámara con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre otros, mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'B., S.D. s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007).

  10. S., los presentantes reclaman que la exégesis que los camaristas efectúan de los arts. 104 y 105 del CPP "excede el límite de la interpretación posible tornándola irrazonable" (fs. 93 vuelta), siendo "el plazo estipulado en la manda legal (…) regulatorio de la garantía constitucional del plazo razonable" (art. 18, CN, arts. 7.5 y 8.1 de la CADH, arts...

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