Expediente nº 13022/75 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 19 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución19 de Agosto de 2016
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas

E.. n° 13022/16 "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'L.G., E. y otros s/ infr. art(s). 181, párrafo, CP - inconstitucionalidad-'"

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Defensor General Adjunto en lo PCyF recurrió en queja ante este Tribunal -en representación de los señores M.A.G., L.S.V., O.H.B., R.C.A., M.L.V. y E.L.G.- (fs. 84/89) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones (fs. 80/82), que, a su turno, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que esa parte había interpuesto (fs. 68/76) contra el pronunciamiento de Cámara (fs. 63/66) que confirmó la decisión de primera instancia (fs. 48/50) que había rechazado el planteo de excepción por falta de acción promovido por la defensa.

  1. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial argumentó que la decisión recurrida resultaba equiparable a definitiva, pues, al haberse desconocido la garantía del "plazo razonable", la continuación del proceso le provocaba a sus asistidos un perjuicio de imposible reparación ulterior. En lo sustancial, la defensa indicó que la confirmación de lo resuelto por el juez de primera instancia -en orden al rechazo del planteo de excepción- importó, igualmente, la afectación de los principios de legalidad, pro homine, favor rei, razonabilidad de los actos públicos y la garantía de la defensa en juicio.

    La mayoría de la Sala II declaró inadmisible aquel recurso, porque, en su opinión, la defensa oficial no había impugnado una decisión equiparable a definitiva, ni planteado una cuestión constitucional.

  2. El F. General (a/c), al tomar su intervención en autos, consideró que correspondía rechazar la queja por los mismos fundamentos que expuso el tribunal a quo en el auto denegatorio (fs. 93/95).

    Fundamentos

    La jueza A.M.C. dijo:

  3. La queja sub examine, aunque fue deducida en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar, pues el recurso de inconstitucionalidad no se interpuso contra una sentencia definitiva (art. 27, ibídem), ni contra un auto que excepcionalmente sea equiparable a una decisión de esa especie.

    El pronunciamiento de la Cámara que confirmó la decisión de primera instancia -en cuanto había rechazado la excepción de falta de acción frente al vencimiento del plazo previsto para la conclusión de la investigación penal preparatoria- no puso fin al proceso, no impidió su continuación y tampoco resulta posible extraer de los fundamentos que exterioriza la defensa que, en el caso, existan circunstancias ilustrativas del gravamen irreparable invocado o de la controversia constitucional involucrada. Resulta aplicable, entonces, la consolidada jurisprudencia del Tribunal que establece que las decisiones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso no reúnen -por regla- carácter de "definitivas" ("Posta", expte. n° 3338/04, resolución del 01/12/04), no siendo posible su equiparación en los supuestos en los cuales no se demuestra concreta y fundadamente la vinculación de lo resuelto con una garantía constitucional sólo susceptible de tutela inmediata ("B.", expte. nº 8168/11, resolución del 14/12/11).

    Al respecto, la defensa no ha rebatido concretamente los motivos que sustentaron al auto denegatorio que cuestiona por esta vía y, especialmente, no ha dado una explicación seria que relacione a las garantías que invoca y lo resuelto por la Cámara. En otras palabras, la defensa fracasa al presentar argumentos que permitan excepcionalmente equiparar el pronunciamiento a uno definitivo y también en la exposición de la discusión constitucional que, casualmente, podría justificar la intervención del Tribunal. Ello así, toda vez que los débiles cuestionamientos que la defensa propone sólo dejan traslucir su discrepancia con las circunstancias tenidas en cuenta por la Sala II, para afirmar, razonadamente y sobre la base de las circunstancias de esta causa, que no correspondía disponer el archivo de las actuaciones, puesto que: "no se advierte en autos una notable incompatibilidad del tiempo empleado en la etapa preparatoria con el derecho [constitucional] del imputado a obtener un juicio sin demoras"; al propio tiempo que, no obstante que aquí no se habría agotado el plazo máximo legalmente establecido en el CPP, "no se evidencia que el proceso -considerado en su conjunto- hubiera durado más allá de lo admisible; ni se reflejan dilaciones innecesarias" (fs. 65).

    En efecto, la argumentación desarrollada por el recurrente no alcanza a conmover, por genérica e insuficiente, los motivos por los cuales el recurso de inconstitucionalidad fue denegado por el tribunal a quo. Ello es así, pues la presentación directa no contiene una argumentación sólida y concreta que se vincule -necesariamente- con las garantías constitucionales a las que se alude, de modo tal que se torne insoslayable la habilitación de esta vía de excepción, ni se han expuesto fundamentos que permitan observar, sin más, que esta investigación preliminar hubiera estado abierta -o latente- por un lapso excesivo que, en sí mismo, resulte capaz de provocarle a sus asistidos un perjuicio que no admita una reparación ulterior (a contrario sensu, ver mis votos en "Montenegro", expte. nº 9379/12, resolución del 04/06/14 y "C., P.M.", expte. nº 9446/13, resolución del 21/05/14). Paralelamente, no parece consistente a estos efectos la simple remisión a lo resuelto por este Tribunal en "Haedo" (expte. nº 8252/11, resolución del 04/07/12), "Minutella" (expte. nº 8741/12, resolución del 20/03/13) y/o "L." (expte. nº 8342/12, resolución del 05/06/13), puesto que, además de que no se demuestra fundadamente la analogía existente con el sub lite, tal invocación -que aquí se busca utilizar como motivo suficiente de la procedencia de la vía extraordinaria- tampoco tiene en cuenta el criterio diverso que ha mantenido ulteriormente el Tribunal con su actual integración (cf., entre otros, lo resuelto in re "A.", expte. nº 9381/12, resolución del 06/11/13).

    En síntesis, la cuestión propuesta por la defensa se muestra carente de una adecuada argumentación, pues se circunscribe a solicitar de manera dogmática el cierre de una investigación, sin hacerse cargo de exponer cuál sería el sustento constitucional de esa solución o de explicar por qué motivo cabría rechazar sin más la posibilidad de que en esta materia, en la cual no existen plazos automáticos o absolutos (según el dictamen de la PGN al que remitió la CSJN, in re "S.", S.167.XLIII, resolución del día 23/06/09), se presenten escenarios de disímil grado o entidad que ameriten una respuesta diferente de aquella otra que se propone como la única plausible.

    Finalmente, refuerza aún más mi convicción el hecho de que la CSJN invariablemente ha desestimado diversas quejas deducidas a fin de lograr la revisión de planteos relativamente similares a los que ha propuesto en autos la defensa (cf. recursos de hecho deducidos por los Defensores Oficiales en los autos "G., C.L. s/ inf. art. 189 bis, C.P. -causa nº 9159/12-" [G.916.XLIX, 10/12/13]; "G., J.C. s/ inf. art. 150, C.P. -causa nº 8882/12-" [G.449.KLIX, 17/12/13]; e, incluso, "F., F.G. s/ inf. art. 189 bis, CP -causa nº 7710/10-" [F.671.XLVII, 18/9/12]).

  4. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta, diferir la consideración de la cuestión del depósito (art. 34, ley nº 402) a resultas de lo que se resuelva respecto del beneficio de litigar sin gastos denunciado (fs. 88 vuelta y 89) y solicitar al juez interviniente que informe a este Tribunal cualquier novedad de interés acerca de ese trámite.

    La juez I.M.W. dijo:

  5. La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

    La decisión de Cámara, que confirmó la resolución de grado que había resuelto no hacer lugar a la excepción de falta de acción solicitada por la defensa, no es definitiva conforme lo dispone el art. 27 de la ley n° 402. Además, no se ha acreditado que ponga en vilo una garantía constitucional o federal que requiera una tutela inmediata.

    Las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso, en principio, no reúnen carácter de sentencia definitiva. Tampoco es asimilable a tal en tanto no puso fin al proceso, no impidió su continuación y tampoco se demostró un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior (cf. "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelación en autos Sosa, M.D. s/ infr. art. 149 bis, CP'", expte. n° 10308/13, resolución del 11/07/2014; y CSJN, Fallos 274:440; 276:130; 288:159; 298:408; 307:1030 y...

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