Expediente nº 12240/62 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 4 de Febrero de 2016

Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2016
Emisor:Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas

E.. nº 12240/15 "Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: V., L.R. s/ infr. art(s). 149 bis, párr. 1° y 181, inc. 1°, usurpación (despojo) CP (p/L 2303)'"

Buenos Aires, 4 de febrero de 2016

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La presente queja (fs. 66/72) fue interpuesta por el Defensor General Adjunto en lo Penal, C. y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad que la defensa oficial había deducido -a su vez- contra la confirmación por parte de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, C. y de Faltas de lo resuelto en primera instancia (fs. 34/42). El titular del Juzgado en lo PCyF n° 27 había dispuesto, en el marco de un proceso penal iniciado por la presunta comisión del delito de usurpación, el allanamiento, desalojo y reintegro del inmueble sito en la calle L. 3585 de esta ciudad, en los términos del art. 335 del CPPCABA (fs. 8/14).

  1. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial cuestionó la decisión de la Cámara porque se había pronunciado por la validez constitucional del art. 335 del CPPCABA y, además, porque el desalojo se había ordenado sin haber oído previamente a los imputados y sin haber demostrado la comisión del delito de usurpación. Alegó la afectación de la garantía de la defensa en juicio, del debido proceso y la presunción de inocencia (fs. 46/53).

  2. La Cámara lo denegó porque entendió que la decisión cuestionada no revestía el carácter de sentencia definitiva y que el recurrente no había logrado demostrar la existencia de un verdadero caso constitucional (fs. 57/59).

  3. El F. General Adjunto, al tomar intervención, postuló el rechazo de la queja por los mismos fundamentos que los del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (fs. 76/78).

  4. Una vez que estas actuaciones se encontraban en estado de ser resueltas, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, C. y de Faltas n° 27 hizo saber al Tribunal que el pasado 1 de julio la fiscal había dispuesto el archivo de las actuaciones (art. 199, inciso e del CPPCABA) y acompañó copia certificada del decisorio aludido. Allí consta que la denunciante había manifestado no querer participar de ningún otro acto procesal por haber logrado la restitución del inmueble (fs. 80/81).

    Fundamentos

    El juez L.F.L. dijo:

  5. Corresponde rechazar la queja de fs. 66/72, pues la sentencia a cuya revisión aspira el MPD -aquella que resolvió confirmar la decisión de primera instancia en cuanto había hecho lugar al allanamiento, desalojo y restitución del inmueble sito en la calla L. 3585 de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el art. 335, último párrafo, del CPP- no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley nº 402 (cfr. el voto que suscribí junto a la Dra. Conde in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'G.C. s/infr. art. 181 inc. 1 CP'", expte. nº 8142/11, resolución del Tribunal del 25/02/2013); y la parte recurrente no ha acreditado que ponga en vilo una garantía constitucional o federal sólo susceptible de tutela inmediata, máxime cuando la medida cuestionada no causa estado (cfr. el voto que suscribí junto a la Dra. Conde in re "G.", ya citado). En este marco, no se observa, ni el recurrente lo explica, cuál sería el perjuicio irreparable, más que el que su asistida pierda una ventaja o beneficio, que el tribunal a quo, en base a las constancias de la causa, entendió que carecía de derecho a mantener.

  6. Por fin, el MPD afirma que "…la palmaria inexistencia del delito de usurpación (…) convierte a la decisión (…) en arbitraria" (fs. 71 vuelta). Pero, conforme lo tiene dicho la CSJN para un recurso de similares características, "...la invocación […] de arbitrariedad no suple la ausencia de definitividad de la resolución impugnada..." (Fallos: 310:1486; 314:657; entre muchos otros).

  7. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos solicitado (fs. 63/65vuelta), por las razones que di al votar in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'R., L. s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/09/05, a las que me remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

    La jueza A.M.C. dijo:

    Sin perjuicio de que se ha tomado conocimiento que la causa principal que dio inicio a la presente incidencia habría sido archivada por el Ministerio Público Fiscal, por razones vinculadas con el "principio de oportunidad" y en los términos del art. 199 inciso e) del CPPCABA (fs. 80), el eventual carácter provisional de esta determinación (art. 203, ibidem) y la falta de desistimiento de la vía promovida ante esta instancia, por parte del Ministerio Público de la Defensa, justifica razonablemente la emisión de un pronunciamiento.

    Ahora bien, aclarado lo anterior, adhiero a lo expresado por mi colega preopinante, el doctor L.F.L., en los puntos 1 y 2 de su voto, toda vez que la decisión que dispuso la restitución del inmueble con sustento en lo previsto en el art. 335 del CPPCABA no es la "definitiva" -a la cual se refiere el art. 27 de la ley nº 402- y el recurrente no explica suficientemente en qué consistiría el gravamen irreparable que aquella le habría provocado a su asistida.

    Por su parte, la tacha de arbitrariedad promovida carece de adecuada argumentación y, aun en el supuesto de que se entendiera que la defensa sí recurrió un pronunciamiento definitivo, ella sólo alcanza para dejar expuesta, en sintonía con lo ya anunciado por el tribunal a quo en el auto denegatorio, una simple discrepancia con una determinación judicial adversa que aparece debidamente fundada.

    En consecuencia, corresponde rechazar la queja interpuesta, diferir la consideración del depósito (art. 34, ley nº 402) a las resultas del beneficio de litigar sin gastos iniciado (cf. fs. 63/65) y solicitar al juez de primera instancia que comunique a este Tribunal cualquier novedad de interés al respecto.

    La juez I.M.W. dijo:

  8. El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402) pero no puede prosperar toda vez que no plantea un caso constitucional que habilite la intervención de este tribunal (art. 27, ley n° 402).

  9. La defensa sostiene que las prescripciones del último párrafo del artículo 335 del Código Procesal Penal de esta Ciudad son contrarias al principio constitucional de inocencia, al derecho de defensa y al debido proceso (art. 18 CN).

    Sin embargo debe recordarse aquí que el reintegro provisional del inmueble al damnificado en los casos de usurpación "cuando el derecho invocado fuera verosímil" (art. 335 CPP), persigue fines meramente cautelares tendientes a asegurar los resultados del proceso seguido contra los imputados por el delito de usurpación. La provisionalidad de la medida, en tanto no causa estado, impide considerarla como una "pena anticipada", tal como lo afirma la recurrente.

    Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo articulado. La parte no explica de qué manera lo resuelto por la Cámara habría afectado la presunción de inocencia que rige en relación a los imputados. Sólo expone su discrepancia con la aplicación...

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