Expediente nº 9681/78 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas, 23 de Octubre de 2014

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2014
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas

E.. n° 9681/13 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitu-cionalidad denegado en 'V., L.O. s/ infr. art. 189 bis, CP'"

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. El Defensor General de la Ciudad, en representación de L.O.V., interpuso recurso de queja (fs. 127/136) contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, C. y de Faltas (fs. 124/126) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que la defensa había deducido (fs. 115/120), a su turno, contra la resolución de dicha Sala (fs. 104 bis/114), en cuanto confirmó la decisión dictada por la jueza de primera instancia (fs. 73/81 vuelta) que, en lo que aquí interesa, rechazó el planteo de excepción por falta de acción -por vencimiento del plazo de investigación penal preparatoria-, articulado por la defensa.

  1. En el recurso de inconstitucionalidad denegado por los jueces de la Sala I, la defensa señaló que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva porque le provocaba a su defendido un perjuicio actual de imposible reparación ulterior. En concreto, indicó que la confirmación de lo resuelto por la jueza de grado importó la afectación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso y la duración razonable del proceso.

  2. El F. General de la Ciudad, al tomar la intervención requerida en estas actuaciones (fs. 140/145), consideró que el Tribunal debía rechazar la queja interpuesta por la defensa, porque el quejoso no había recurrido una resolución equiparable a definitiva y porque tampoco había planteado un caso constitucional.

    Fundamentos

    La jueza A.M.C. dijo:

  3. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402) pero no puede prosperar porque el recurso de inconstitucionalidad, denegado por el tribunal a quo, no se articuló contra una "sentencia definitiva" (art. 27, ib.), ni contra un auto, que, por sus efectos y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, pueda ser equiparado excepcionalmente a ella. Esta decisión, en lo que hoy importa, se limitó a confirmar la decisión de la instancia anterior que rechazó un planteo de excepción y una solicitud de archivo, incoada ante el vencimiento del plazo de la IPP, pero no le puso fin al proceso, no impidió su continuación y no se puede inferir de los escuetos desarrollos que expone la defensa oficial que existan circunstancias ilustrativas del perjuicio irreparable invocado o de la cuestión constitucional involucrada.

    Al respecto, al interponer el recurso denegado y al deducir la queja, la defensa ha omitido hacerse cargo de rebatir los argumentos que sustentaron a las decisiones que impugna y, en consecuencia, prescinde de brindar una explicación seria que vincule a las garantías que genéricamente menciona y lo resuelto por la Cámara. En otras palabras, la defensa fracasa al presentar fundamentos que permitan excepcionalmente equiparar el pronunciamiento a definitivo y también en la exposición de la controversia constitucional que, eventualmente, podría justificar la intervención de este Tribunal, en tanto los argumentos que la defensa planteó sólo dejan traslucir: (i) su disconformidad con la inteligencia dada a reglas rituales, que, en principio, no le incumbe a este estrado analizar; o (ii) su disconformidad con las circunstancias tenidas en cuenta por el tribunal a quo para concluir que el plazo legal "mínimo" (cf. fs. 109; el énfasis fue agregado) de la investigación penal preparatoria no se habría agotado en autos.

    En concreto, la argumentación expuesta por la defensa no alcanza a conmover, por genérica e insuficiente, los motivos por los cuales el recurso de inconstitucionalidad fue declarado inadmisible por la Cámara. Ello es así, toda vez que su presentación directa no contiene una fundamentación sólida y concreta que se vincule necesariamente con la garantía constitucional del "plazo razonable" a la que alude, de manera tal que se torne insoslayable la habilitación de esta vía (de excepción), ni autoriza a presumir que, hasta que en el caso se dicte una "sentencia definitiva", vaya a transcurrir un lapso tan prolongado que, en sí mismo, resulte capaz de provocarle al involucrado un gravamen que no admita una reparación posterior. Similar defecto es posible predicar con respecto a la invocación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso y/o del principio de legalidad, que el recurrente despliega sin desarrollo adicional alguno que justifique su relación con lo resuelto -con carácter no definitivo- por los jueces de mérito.

    En el caso, la defensa se limitó a formular consideraciones referidas a la interpretación que, a su criterio, debía realizarse con relación a las normas rituales que juegan en la especie, pero, al margen del mayor o menor acierto de su propuesta, no demuestra concretamente que en esta causa exista una dilación injustificada en el trámite del proceso y tampoco explica las razones por las cuales considera que el tiempo efectivamente transcurrido hasta aquí resulta desmesurado para concluir la investigación de una conducta como la que se ventila en este caso (según mi voto, in re "H.", expte. nº 8252/11, sentencia del 04/07/2012; al que me remito en extenso).

    Finalmente, refuerza aún más mi convicción el hecho de que la CSJN recientemente ha desestimado diversas quejas interpuestas a fin de lograr la revisión de planteos relativamente similares a los que ha propuesto en autos la defensa [cf. recursos de hecho deducidos por los Defensores Oficiales en los autos "G., C.L. s/ inf. art. 189 bis, C.P. -causa nº 9159/12-" (G.916.XLIX, 10/12/13); "G., J.C. s/ inf. art. 150, C.P. -causa nº 8882/12-" (G.449.KLIX, 17/12/13); e, incluso, "F., F.G. s/ inf. art. 189 bis, CP -causa nº 7710/10-" (F.671.XLVII, 18/9/12)].

  4. En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la queja.

    El juez J.O.C. dijo:

  5. El recurso de queja fue interpuesto por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), sin embargo, no puede prosperar.

  6. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, F. y B., R. s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

  7. Tampoco el recurrente ha demostrado que la decisión cuestionada -que confirmó el rechazo del planteo de la defensora oficial para que se archivara...

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