Un ministerio para el ambiente

 
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Resultan llamativos los reiterados rumores de que el actual Ministerio de Ambiente se transformaría, nuevamente, en una secretaría de Estado. Sería un grave retroceso para una gestión que se adjudicó la promoción del desarrollo sustentable provocar una capitis deminutio del organismo que nació hace apenas un año para revertir una década de abandono, malversación y corrupción en materia de política ambiental.

Ha sido evidente durante el último año que la actuación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha incomodado actividades de otras carteras. Sería extraño que ello no ocurriera y eso habla del necesario funcionamiento de la institución.

El derrame de Veladero y las actividades mineras dejaron a la luz las diferencias entre el Ministerio de Energía y Minería y el de Ambiente. Se trata de una pugna vinculada a la aplicación de la ley de glaciares que expresamente impide el desarrollo de la minería en áreas periglaciares donde está ubicado el proyecto Pascua Lama.

El desarrollo de las actividades mineras debe realizarse respetando el ordenamiento jurídico vigente y no a través de decretos reglamentarios que pretenden la flexibilización de una norma que fue reclamada por la sociedad y votada por unanimidad en el Congreso. Los mismos argumentos desarrollados por la entonces presidenta Cristina Kirchner para vetar la norma "porque se afectarían inversiones y puestos de trabajo" parecen reaparecer de la mano de quienes, en carácter de opositores, criticaron entonces aquella decisión recordada como "el veto Barrick".

La acertada postura del Ministerio de Ambiente de solicitar una nueva evaluación de impacto ambiental previa a la construcción de represas en Santa Cruz causó preocupación en el gabinete: se ponían en juego las inversiones chinas. Esta columna editorial trató el tema con el título "Las represas de Cambiemos": no debía convalidarse la obra sin un profundo análisis de su conveniencia e impactos. La Corte Suprema de Justicia puso fin a esta disputa y, como en otras oportunidades, sostuvo una posición de razonabilidad: ordenó realizar una nueva evaluación de impacto ambiental de la totalidad del emprendimiento donde la autoridad a cargo de la política ambiental del país deberá tener un rol medular para su eventual aprobación.

Algo similar ocurrió con relación a la licitación de colectivos ciento por ciento eléctricos lanzada por el Ministerio de Ambiente como prueba piloto por instalarse en algunas ciudades, que causó la...

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