MINAS ARGENTINAS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS - DIVISION SAN JUAN s/AMPARO LEY 16.986

• Fecha: 16 Septiembre 2020
• Número de expediente: FMZ 008771/2020/CA001
• Número de registro: 7210

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 8771/2020/CA1

En Mendoza, a los días del mes de de 2020, reunidos en acuerdo

los Señores Jueces de la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, doctores

G.E.C. de D., A.R.P. y M.A.P., juez

subrogante, procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 8771/2020/CA1,

caratulados: “MINAS ARGENTINAS S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION SAN JUAN s/ AMPARO LEY 16.986”, venidos del Juzgado Federal de San Juan

Nº 2, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 2/07/20, por AFIPDGA, contra la

sentencia de fecha 30/06/20, que resolvió: “I) Hacer lugar a la Acción de Amparo promovida

por la actora MINAS ARGENTINAS en contra de la AFIP – DGA ordenando al ente

administrador que proceda a liquidar los derechos de exportación adeudados por la empresa, a

partir del 23/12/2019, con el tope del 8% (art. 52 de la ley 27.541). II) No hacer lugar a lo

solicitado a fs. 343, de conformidad al punto III de los considerandos y art. 16 de la Ley

16.986. III) Costas a la demandada (art. 68CPCCN). IV) Regular los honorarios de la Dra.

M.P.C. en la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Dos ($

95.762) equivalentes a 30 UMA (Acordada Nº 2/2020), y para los D.. J.C.B. y

J.S.L., en forma conjunta, en la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil

Ochocientos Cuarenta ($ 63.840) equivalentes a 20 UMA (Acordada Nº 2/2020), de

conformidad con los arts.16 y 48 de la Ley 27.423. IV) P., notifíquese.”

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del C.igo Procesal Civil y

Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y

oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación:

doctor A.R.P., doctor G.E.C. de D. y doctor Manuel

Alberto Pizarro.

Sobre la única cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. A. Rafael

Porras, dijo:

1) La presente causa se inició con una acción de amparo deducida por Minas Argentinas

S.A. contra la Dirección General de A. División San Juan (en adelante, DGA o A.,

a fin de que se declare ilegal, arbitrario, ilegítimo e inconstitucional la aplicación por parte de

esa repartición de derechos de exportación superiores al tope del 8 % sobre el valor imponible o

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.F.S., SECRETARIA

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precio final FOB conforme lo establecido en el art. 52 de la ley 27541 y se ordene asimismo que

se abstenga de aplicar en el futuro a la empresa un derecho de exportación superior a dicho tope.

Asimismo, pidió medida cautelar tendiente a que se ordene a la Aduana abstenerse de

aplicar derechos de exportación en exceso del tope del 8%, mientras dure el proceso.

El Sr. Juez federal de primera instancia ordenó a la DGA producir el informe previo al

dictado de la resolución cautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854 y, al mismo tiempo, le

corrió traslado de la demanda para que presente el informe del artículo 8 de la ley 16986.

Presentados los informes, el Magistrado de grado, mediante sentencia definitiva,

consideró que había devenido abstracto pronunciarse sobre la medida cautelar debido a que, en

ese mismo acto jurisdiccional, resolvía el fondo del litigio. Así las cosas, decidió hacer lugar al

amparo, ordenando al ente administrador que proceda a liquidar los derechos de exportación

adeudados por la empresa, a partir del 23/12/2019, con el tope del 8% (art. 52 de la ley 27541).

2) La demandada, en fecha 2/07/20, dedujo recurso de apelación fundado contra la

sentencia.

Como primer agravio, la recurrente arguyó una errónea motivación de la sentencia al

tratar la improcedencia de la vía de amparo por falta de agotamiento de la vía

administrativa.

Sostuvo que, si la cuestión se limita a la interpretación y preeminencia que cabe asignar

a los artículos 52 y 54 de la ley 27541, y el actor consideraba estar frente a un estado de

incertidumbre, debió acudir a la vía de la acción meramente declarativa regulada en el

artículo 322 del CPCCN que tramita por la vía ordinaria y que desplaza al amparo.

Citó Fallos 335:1222 en respaldo de esta tesis.

Desde otro ángulo, argumentó que los derechos estrictamente patrimoniales

encuentran, por regla, protección idónea a través de las muchas acciones

ordinarias consagradas por el legislador y, por ello, la Corte ha rechazado amparos de aquél

tenor por no acreditarse que las vías ordinarias no proveen tutela adecuada.

Invocó los arts.30 y 31 de la ley 19549.

Como segundo agravio, alegó la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta

debido a que, a criterio de la apelante, el litigio se limita a un cruce de interpretaciones sobre los

artículos 52 y 54 de la ley 27541 que constituye, cuanto mucho, un tema opinable, pero no

puede identificarse con la arbitrariedad requerida en el amparo. Ello así, toda vez que la

hermenéutica defendida por A. se encuentra sostenida por razonamientos jurídicos sólidos

que le quitan la tacha de arbitrariedad. Citó jurisprudencia.

En tercer término, acusó una inadecuada aplicación de las reglas de hermenéutica por

parte del Sr. Juez.

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.F.S., SECRETARIA

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Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 8771/2020/CA1

En tal sentido, se quejó de la invocación del art. 1 de la ley 11683 (t.o. 1998) porque el

principio de significación económica allí consagrado no se aplica a los derechos de

exportación toda vez que aquél artículo establece su aplicabilidad a los tributos regidos por la

ley 11683, que no es el caso de los derechos de exportación, regidos por el

C.igo A..

Sin perjuicio de ello, afirmó que la significación económica es una regla

hermenéutica ajena a este caso porque ella constituye un elemento jurídico de captación de la

verdadera entidad sustantiva de un hecho imponible para determinar si se encuentra alcanzado

o no por un impuesto y aquí, en cambio, el hecho imponible – exportación para

consumo es un acto jurídico simple, claro, carente de complejidad, que no requiere del principio

de significación económica para ser interpretado.

En otro orden de ideas, se quejó de que el Sr. Juez considerara que los artículos 52 y 54

de la ley son incompatibles y decidiera suprimir o modificar algunos aspectos de ellos. De ese

modo –continuó la recurrente, el juez contrarió la histórica pauta interpretativa de la Corte

según la cual debe evitarse dar a las normas un sentido que las ponga en pugna y destruya unas

en aras de otras y debe, en cambio, dárseles un sentido que las concilie y deje a todas con

valor y efecto. A su vez, según la apelante, el a quo contrarió la pauta

hermenéutica según la cual no corresponde interpretar un artículo sólo por su fin inmediato sino

que debe procurarse que todos se entiendan teniendo en cuenta los fines de los demás.

En esta misma dirección, agregó que su parte ha ofrecido una interpretación que respeta

esas pautas hermenéuticas sobre la cual abundará más adelante según la cual el artículo 52 es

una norma delegante programática.

Como cuarto agravio, criticó la omisión de aplicación del principio solve et repete, en

virtud del cual primero debe pagarse el reclamo tributario y posteriormente promoverse la

devolución o repetición de lo pagado cuando se considera que ese pago es incorrecto o sin

causa.

Destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la validez de ese

principio máxime cuando, como en el caso, la empresa no demostró encontrarse

impedida de pagar los tributos.

A continuación, arguyó que no se afectó el principio de legalidad tributaria atento al

carácter legislativo del decreto 793/2018, el cual fue desconocido por la sentencia en crisis,

donde se hizo –según la DGA una errónea interpretación de la ley 27541.

Fecha de firma: 16/09/2020

Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.R.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.F.S., SECRETARIA

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Al desarrollar este agravio, alegó que la invocación del principio de

legalidad tributaria para fundar la sentencia es absolutamente equivocada puesto que,

con la ratificación legislativa del decreto 793/2018 primero mediante el art. 82 de la ley 27467

y luego, por segunda vez, mediante el art. 54 de la ley 27541, la carga tributaria que él contiene

se ajustó a los parámetros del caso “Camaronera Patagónica SA”. En este

precedente, pues, la Corte Federal admitió la convalidación legislativa a futuro de normas de

menor jerarquía que creaban derechos de exportación. Por eso –concluyó la recurrente, el

decreto 793/2018 no puede ser atacado de inconstitucional a partir de la

ratificación legislativa.

De este modo, al ratificarse el decreto 793/2018, se lo colocó en el mismo escalón

jurídico que las leyes y, en consecuencia, es equivocado el argumento del a quo sobre “la

superioridad jerárquica de la ley respecto de la potestad reglamentaria de ejecución”.

En sexto lugar, el apelante postuló que el Juez de primera instancia suprimió

incorrectamente el art. 54 de la ley 27541 y no consideró que el art. 52 es una norma delegante

de carácter programático.

En efecto, según A. el magistrado suprimió jurídicamente y en los hechos las

disposiciones del art. 54 en lugar de hacer una interpretación armonizadora con el art. 52.

Adujo que una correcta interpretación debe tomar en cuenta que el artículo 52 dice que

el Poder Ejecutivo “podrá” ejercer las facultades que le otorga la norma para fijar alícuotas, por

lo que estamos frente a una disposición que lo autoriza a fijar derechos de exportación a futuro,

con límites en las...