Militares detenidos denuncian que padecen maltratos

Cuando las Fuerzas Armadas tenían el poder, las garantías de los detenidos se perdían en los reclamos de las organizaciones de derechos humanos. Hoy la realidad invirtió los papeles y, con una edad promedio de 73 años, los militares que cumplen condenas o están procesados por delitos de lesa humanidad en la dictadura denuncian que no se cumple el principio de igualdad ante la ley.

No hay salidas transitorias, no pueden trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional y son muy limitadas las detenciones domiciliarias, contempladas para la población carcelaria mayor de 70 años. Se les niega el derecho a estudiar carreras universitarias, como sí lo pudieron hacer Sergio Schoklender y unos 1300 presos en unidades penitenciarias federales, denuncian sectores cercanos a los militares detenidos.

Desde que Néstor Kirchner reabrió en 2003 los juicios por delitos de lesa humanidad, 2054 militares y civiles pasaron por los tribunales. De ellos, 644 están condenados (294 cumplen la pena en prisiones comunes) y hay 1095 procesados (320 en penales comunes). A ellos se suman 315 muertos "en cautiverio", según la estadística que lleva la Unión de Promociones, constituida en 2005 para "incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa", detalló a LA NACION el coronel retirado Guillermo Viola.

Viola no duda en señalar que los detenidos son presos políticos y estima que "todo está teñido de una grosera venganza ideológica".

"La deshumanización del derecho contrarió todos los principios penitenciarios, de los cuales la Argentina siempre fue líder", advirtió el abogado Ricardo Saint Jean, cuyo padre –el general Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense de facto– murió a los 90 años en octubre de 2012, con una severa crisis cardíaca e inmovilizado y en silla de ruedas. Falleció en medio de una fuerte puja con el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que le negaba la detención domiciliaria por "peligro de fuga", a pesar de que informes forenses decían que no estaba en condiciones de afrontar un juicio.

En diálogo con LA NACION, Saint Jean lamentó que los jueces hayan dejado de lado "la filosofía de la penitenciarista española Concepción Arenal, citada por la Corte Suprema en el hábeas corpus que el periodista Horacio Verbitsky presentó para denunciar el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires".

"A este grupo de detenidos se les aplica un derecho de segunda. Los expedientes de las causas de derechos...

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