Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 2 de Julio de 2010, expediente C 93715

• Presidente: Genoud-Kogan-de Lázzari-Negri-Soria-Hitters
• Fecha de Resolución: 2 de Julio de 2010
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 2 de julio de 2010, habiéndose establecido, de confor-midad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores G., K., de L., N., S., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 93.715, "M., A.G. contra L., M.A.. Pago por consignación".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia que había rechazado la demanda.

Se interpuso, por el demandado, recurso extraor-dinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inapli-cabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

1. La sentencia de primera instancia rechazó la consignación por entenderla insuficiente al haberse omitido aplicar el C.E.R. y los intereses correspondientes a la suma adeudada.

   La Cámara revocó el fallo, entendiendo que el fin propuesto por la actora al asumir la deuda no era desconocido por el demandado, puesto que estuvo presente en el momento de celebrarse la escritura. En razón de ello, sostuvo, no puede interpretarse que existió un error por parte de la demandada al aceptar que la actora sólo asumía la deuda por $ 15.000 y, aunque así fuera, el mismo no resultaría excusable puesto que para la fecha en que se formalizó la escritura (26-IV-2002) regía tanto la ley 25.561 como el decreto 214/2002, que dispusieron la pesificación de las deudas a la paridad de uno a uno (fs. 102 vta.).

2. Contra esta decisión se alza la parte accionada, denunciando la conculcación de los arts. 724, 740, 742 y 758 del Código Civil; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 17 y 18 de la Constitución nacional así como la existencia de absurdo en el pronun-ciamiento. Hace reserva del caso federal.

3. El recurso no puede prosperar.

   1. Esta Corte ha sostenido que la doctrina según la cual la interpretación del alcance y significado de un contrato o convención, constituye una cuestión de hecho exenta de censura en casación y reservada a las instancias ordinarias o de mérito es válida cuando lo controvertido es la plataforma fáctica. Pero si se debate –a partir de circunstancias no discutidas- la inteligencia del sentido negocial, la cuestión es de derecho y queda, por lo tanto, cometida a control de la Suprema Corte (conf. causa L. 88.000, sent. del 22-X-2008; C. 97.762, sent. del 15-X-2008; C.99.518, sent. del 3-VI-2009). En el caso, discutiendo las partes la moneda en que ha sido asumida la deuda cuya ejecución se persigue (la plataforma fáctica misma), estamos en presencia de una típica cuestión de hecho, cuya evaluación resulta inabordable en esta instancia extraordinaria salvo que se alegue y prueba la existencia de absurdo en al quehacer del a quo.

      Asimismo, se ha calificado al vicio de absurdo como aquel desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o bien como la grosera desinterpretación material de alguna prueba, destacando que no se configura cuando las conclusiones de los jueces de grado resultan objetables, discutibles o poco convincentes, sin llegar a los mencionados extremos (Ac. 88.695, sent. del 22-III-2006; entre otras).

      Así, para que la Corte pueda revisar una decisión como la que se ataca en esta instancia resulta necesario que el recurrente demuestre que las inferencias o deducciones efectuadas por los magistrados se encuentran gravemente perturbadas por el error. Y para que se configure el absurdo, es menester que el error sea de tal magnitud que convierta las razones del sentenciante en un dislate (Ac. 34.509, sent. del 22-X-1985; entre otras).

      Se trata, en definitiva, de una situación suma-mente excepcional que -en cuanto tal- debe ser interpretada restrictivamente para evitar que esta Corte se aparte de las competencias que le son propias y sustituya con su criterio al de los jueces de mérito (conf. causa C. 93.385, sent. del 13-II-2008).

      A la luz de esta doctrina corresponde analizar la decisión de la Cámara y las críticas ensayadas por el recurrente.

   2. Se encuentra acreditado en autos la cele-bración de un mutuo hipotecario por la suma de U$S 15.000 en el cual resulta acreedor M.L. y deudores los señores R.T. y M.N.A. de Tejada. Dicha operación fue garantizada por hipoteca instrumentada en la escritura N.. 421 del 27 de diciembre de 1999. Con posterioridad a ello, el matrimonio T. vendió el inmueble al señor A.M., quien asumió en dicho acto la deuda...