Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 5, 30 de Septiembre de 2013, expediente 6970/2008

Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2013
EmisorSala 5

Poder Judicial de la Nación -1-

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 6.970/2008

SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 75640 . SALA

  1. AUTOS: “MICOZ-

    ZI, CLAUDIA ALEJANDRA C/ PUBLICOM S.A. Y OTRO S/ DESPIDO.”

    (JUZGADO NRO. 31).

    En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de SETIEMBRE de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR

    ARIAS GIBERT dijo:

    Contra la sentencia de grado que rechazó en lo principal la demanda apelan la parte actora y Publicom SA.

    La parte actora apela por cuanto el Sr. Juez de grado no tuvo en cuenta que, de acuerdo a la documentación agregada por el perito, existió una transferencia del contrato de Telecom a Publicom y de P. a Telecom, sin que existiera ninguna otra cesión del contrato o del establecimiento que pudiera fundar la conclusión del juzgador de que la relación laboral se estableció, en el último tramo, entre el actor y Publicom SA.

    Estimo le asiste razón al apelante.

    La norma del artículo 229 RCT es particularmente exigente respecto de las formas que debe reunir el contrato de cesión de contrato de trabajo requiriendo no sólo la formalización por escrito de la misma entre los sujetos del contrato de cesión (cedente y cesionario) sino que además exige la expresa conformidad del contratante cedido. Como lo señala el artículo 49 RCT, la falta del cumplimiento de las formas exigidas por la ley determina la nulidad absoluta del acto jurídico que pudiere invocar el empleador contra el trabajador. En este orden de ideas, si faltó el contrato que demostrara una segunda cesión del contrato de trabajo de Telecom SA a Publicom SA, no puede entenderse que esta haya existido. En la medida que no se ha afirmado la transferencia del estableci-

    miento posterior a la segunda cesión (la separación entre el servicio general de telefonía a cargo de Telecom SA y la publicación de guías telefónicas es anterior), corresponde considerar que el actor era trabajador de Telecom SA. Consecuentemente la negativa de la existencia de la relación laboral constituye summa injuria que habilita la disolución del vínculo por razones imputables al empleador.

    En segundo lugar se agravia por la consideración de la actora como personal fuera de convenio. La existencia de cláusulas individuales de contratación más favora-

    bles, no excluyen la aplicación supletoria de las normas convencionales colectivas o de la misma ley. Lo que excluye la actuación de la norma convencional colectiva no es un acto de voluntad del empresario o trabajador sino la segmentación –en el mismo convenio colectivo de trabajo – de su ámbito de actuación, pues los Convenios Colecti-

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    vos no crean obligaciones sino normas coactivas (con función imperativa y supletoria)

    de orden público de protección. Un salario mayor al mínimo de convenio, por ejemplo,

    es un acto jurídico válido que como tal engendra obligaciones, pero ello no excluye al actor de la normativa colectiva que no establece directamente una obligación sino que da las condiciones mínimas de validez de una contratación individual cuyo contenido válido es la única fuente de las obligaciones.

    En el caso no se discute si el actor debía gozar de un beneficio determinado proveniente de un particular CCT, lo que se discute es si el actor debía ser excluido de toda norma convencional colectiva. Esto significa ser un trabajador fuera de convenio.

    Por tanto, más allá de la vigencia del CCT 201/92, lo que se debía demostrar es que la categoría del actor estaba excluida de la contratación colectiva y no sólo por tener salarios superiores a los de convenio. Cuando es la demandada que alega que el actor se encuentra fuera de convenio, la carga de la prueba de esta excepción al ámbito personal de actuación de un convenio de actividad o de empresa incumbe a quien la alega, es decir, al empresario. La carga de la prueba pesa sobre el actor si este alega estar comprendido en una categoría diferente de un convenio colectivo de trabajo.

    En tercer término se agravia el actor porque con el fundamento aparente de ser trabajador fuera de convenio, se le negó la capacidad de reclamar horas extras.

    El juzgador da por supuesto que, por tratarse de personal fuera de convenio, la actora estaría exceptuada del régimen de jornada de trabajo. Sin perjuicio de lo señalado al tratar el agravio anterior, el artículo 3 inciso a) de la ley de jornada de trabajo excluye de su normativa al personal de dirección o vigilancia. Es cierto que los términos utilizados por el legislador son particularmente polisémicos. De hecho, si la mayoría de las empresas se rigen por una cadena jerárquica, podría ser considerado personal de dirección el cajero de un supermercado pues dirige parte de la actividad de los cadetes. E

    incluso, en la medida en que el mero empleado de la más pura ejecución dirige su cuerpo, es también personal que se ocupa de la dirección.

    Pero la polisemia de un término (en el lenguaje natural humano todo término es relativamente polisémico) no determina que cualquier interpretación sea válida o, con más precisión, preferible. Para ello debe tenerse presente el contexto de la enunciación que implica en primer término que estamos hablando de una excepción al régimen general de jornada, lo que importa una interpretación restrictiva de aquello que configura la excepción y, en segundo lugar la norma del artículo 9 RCT que establece la interpreta-

    ción más favorable al trabajador.

    Es cierto, por otra parte, que la norma del artículo 11 primer párrafo, inciso b) del decreto reglamentario considera “…comprendidos dentro de la denominación empleados de dirección o vigilancia (…) jefes de sección, de departamentos de taller, de equipos, de personal de máquinas de personal de calderas o de personal de cuadrillas”. Inmediata-

    mente después, al referirse a los subjefes o reemplazantes del titular hace extensiva la Poder Judicial de la Nación -3-

    Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 6.970/2008

    exclusión del régimen de jornada “…mientras reemplacen al titular y siempre que efectúen trabajos de dirección o vigilancia”.

    De ello se sigue que la norma del artículo 11 primer párrafo inciso b) del decreto reglamentario condiciona la exclusión a quienes son así denominados a que efectivamen-

    te realicen trabajos de dirección o vigilancia.

    El tercer párrafo del artículo 11 del decreto reglamentario con aún mayor imprecisión conceptual señala: “Las personas enumeradas en este artículo se considera-

    rán exceptuadas a condición de que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación”.

    ¿A qué “denominación” se refiere el tercer párrafo? ¿A la denominación a la que textualmente se refiere el encabezado del artículo (dentro de la denominación empleados de dirección o vigilancia) o a la denominación de las distintas categorías que señala? Si se afirma que ambas categorías son idénticas, la conclusión es que hay que referirse a la elucidación del significado de los términos “dirección” y “vigilancia” y, en consecuen-

    cia, que toda la señalización de categorías del decreto reglamentario está de más. Si se afirma que ambas categorías son distintas habría que reconocer que el Ejecutivo ha legislado consagrando una excepción que el legislador no ha contemplado.

    Si la norma se refiere a las distintas categorías, la conclusión es que bastará con denominar así a un trabajador para excluirlo de la ley de jornada siendo suficiente con que cumpla las tareas que han sido objeto de denominación. Sobre todo si se tiene en cuenta que las tareas mencionadas no son objeto de ninguna otra definición legal.

    Por tal motivo entiendo que lo que debe tener preeminencia es la determinación de las tareas que el actor efectivamente ejecutaba se ajustan al concepto legal de dirección o vigilancia que, como se ha señalado más arriba consiste en la tarea exclusiva de dirigir o vigilar la actividad de otros empleados subordinados a él jerárquicamente y controlar la afectación debida de los bienes de la empresa puestos a su cuidado.

    Va de suyo entonces que no es del nombre de la rosa de lo que emana el perfume sino de la flor. Incumbía al demandado demostrar los presupuestos de la excepción al régimen de jornada legal y para ello no basta la simple denominación sino la demostra-

    ción de las obligaciones exigibles al trabajador en la concreta relación de trabajo.

    Por otra parte, una interpretación distinta colisiona con el principio de limitación de jornada y, por efecto de esa interpretación la norma se tornaría inconstitucional.

    Declaración de inconstitucionalidad que debe ser realizada de oficio, de acuerdo a la actual doctrina de la CSJN, siempre que se entienda que entre las cadenas textuales de la norma inferior y la norma constitucional existiera una contradicción en los significados.

    Si la excepción al régimen de jornada excediera a aquellos trabajadores que por efecto de las relaciones contractuales pudieran autolimitar su prestación (supuesto de cargos de dirección propiamente dichos) la excepción dispuesta por el artículo 3º inciso 1º

    violentaría la exigencia de jornada limitada impuesta por la Constitución Nacional. Sólo -4-

    pueden estar exceptuados de estos principios aquellos que, por las relaciones de poder atribuidas están en condiciones de autolimitarse en la administración del tiempo libre.

    Esta interpretación, por otra parte, es la que preside la reforma del artículo 3 por el art. 1° de la Ley N° 26.597 (B.O. 11/6/2010) que limita la excepción a los supuestos en que se trate de directores o gerentes.

    Los relatos de los testigos dan cuenta suficiente de la prestación de trabajos en jornadas extraordinarias. Demostrada la prestación de tareas en jornadas extraordinarias,

    aun así la prueba sólo pueda demostrarlas como hipótesis ocasionales, resulta exigible que la demandada lleve las planillas exigidas...

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