Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Junio de 1997, expediente Ac 58659

PresidenteNegri-Laborde-Pisano-Hitters-Pettigiani
Fecha de Resolución10 de Junio de 1997
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL:

La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, de Lomas de Z., confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Provincia de Buenos Aires y al agente policial R.J.G., a pagar los daños y perjuicios provocados por la muerte de A.M. (fs. 183/187).

La representante del Fisco provincial, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 194/199).

Lo funda en la aplicación errónea del artículo 1113 del Código Civil. Denuncia absurdo en la valoración de la prueba y los hechos.

Sostiene la recurrente que para atribuir responsabilidad al Estado por el ilícito de su dependiente, con base en el citado precepto, debe existir relación de dependencia (que no comprende la totalidad de la vida del subordinado), antijuridicidad y nexo causal entre las funciones de éste y el hecho dañoso.

Puntualiza, que en el caso de autos, está ausente el último requisito, pues de la indagatoria penal surge que el día del hecho G. se encontraba fuera de servicio, en su domicilio particular, junto a su esposa e hijos. En esas circunstancias, se pone a limpiar el arma reglamentaria, produciendo con su accionar dos disparos, uno de los cuales hiere mortalmente a la víctima.

No puede afirmarse que el evento, sigue diciendo la impugnante, se produjo en cumplimiento en ocasión de sus funciones, ya que es el resultado de una falta personal, propia del campo privado.

Alega que resulta absurda la determinación de la Alzada de obligar al Estado a responder por todos y cada uno de los actos ejecutados por sus dependientes, cuando exceden el límite de la función que tienen asignada.

Señala que tampoco puede aseverarse que la repartición autorizara al policía a limpiar el arma en su casa, porque existe la expresa prohibición de hacerlo.

Puntualiza, además, que debe reputarse que el arma reglamentaria se utilizó contra la voluntad del dueño (art. 1113 "in fine") debido a que fue puesta en manos del agente para cumplir con fines específicos en defensa de la comunidad (Ley 9551) y no para otra cosa; por lo tanto concluye no puede entender el "a quo" -por ser ajeno e irrelevante- que ello facilitó el hecho, ni que fue ineficaz la intrucción, pues lo contrario surge del legajo del agente.

Finalmente se disconforma y estima absurdas las abultadas sumas fijadas en concepto de indemnización por daño material y moral, pues según los elementos de juicio, la víctima no realizaba tareas remuneradas y su condición social era humilde.

Opino que el recurso no puede prosperar.

La Alzada fundó la condena del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR