Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 30 de Diciembre de 2020, expediente L. 123263

PresidenteKogan-Soria-Pettigiani-Torres
Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.263, "M.D., E. y otros contra Municipalidad de V.G.. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresK., S., P., T..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 130/138 vta.).

Se interpuso, por la legitimada pasiva, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13 de febrero de 2019; v. copia, fs. 147/153).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de amparo sindical promovida por E.M.D., M. de los Ángeles Goicoechea, I.A.F. y la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), condenando a la Municipalidad de V.G. a retener de los salarios de los afiliados de la mencionada entidad la suma equivalente a la cuota de afiliación y depositarla en la cuenta de esta última.

  2. Contra el pronunciamiento de origen, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 13 de febrero de 2019).

    II.1. En primer lugar, denuncia una errónea interpretación del decreto 243/18 al establecer como requisito para su aplicación la previa adhesión de la comuna.

    Sostiene que dicha normativa es de aplicación en todo el territorio provincial y, además, no prevé que los municipios tengan que adherir expresamente a sus disposiciones (v. fs. 149).

    II.2.a. Objeta que el sentenciante no haya analizado toda la prueba obrante en la causa, como ser, el propio relato de la parte actora, ni los expedientes administrativos acompañados al contestar la demanda.

    Señala que el juzgador de grado resolvió reconocerle a la entidad accionante representatividad gremial por el sólo hecho de haber presentado un amparo. Ello, a pesar de no haberse demostrado que AMRA sea la asociación más representativa dentro de su ámbito, ni que desarrollara actividad gremial en la cuidad de V.G. (v. fs. 149 y vta.).

    II.2.b. En lo tocante a la inconstitucionalidad declarada del art. 38 de la ley 23.551, aduce que, de conformidad con la citada norma, para que la obligación de actuar como agente de retención sea exigible, debe haber una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que así lo disponga, lo que -alega- no ocurrió en el caso (v. fs. 150/151 vta.).

    II.2.c. Asimismo, manifiesta que el tribunal de origen, al considerar aplicable la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 51/87 por sobre normas de mayor rango, violó principios de jerarquía de las normas (v. fs. 151 vta.).

    II.3. Por último, cuestiona la condena en costas. En ese sentido, sostiene que su parte no sólo cumplió con lo establecido en la ley y siempre dio respuesta a los reclamos de la actora, sino que, además, el planteo sobre daños y perjuicios fue rechazado en su totalidad. Por tales motivos peticiona su eximición (v. fs. cit.).

  3. El recurso no prospera.

    III.1.a. Como ya lo anticipé, el órgano de grado condenó a la Municipalidad de V.G. a retener de los salarios de los afiliados de AMRA la suma equivalente a la cuota de afiliación y depositarla en la cuenta que la asociación posea.

    Para así resolver, juzgó acreditado en el veredicto que la Asociación de Médicos de la República Argentina es un sindicato que posee como representación a los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia con empresas del ámbito público y privado cuya actividad sea profesionales de la salud.

    Asimismo, que de conformidad con las resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 284/95 y 746/97, dicha entidad sindical obtuvo personería gremial n° 1.585 con zona de actuación en la ciudad de Avellaneda e "Inscripción Gremial" con ejercicio en toda la Provincia de Buenos Aires, respectivamente (v. vered. primera cuestión, fs. 130 y vta.).

    Finalmente afirmó que de acuerdo a la contestación de demanda (v. fs. 108 y vta.), y las copias de los expedientes administrativos adjuntadas a fs. 62/69, la Municipalidad de V.G. conocía la voluntad de los trabajadores y del mismo gremio en orden a que aquella retuviera las cuotas de afiliación (v. vered. tercera cuestión, fs. 131).

    III.1.b.i. Ya en sentencia, atendiendo los distintos argumentos defensivos elaborados por la demandada, sostuvo en primer lugar que el decreto 243/18 es una norma destinada a reglamentar los descuentos en los haberes de los agentes públicos -activos y pasivos- de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada (conf. art. 2); y que la Municipalidad no acreditó su adhesión a dicho régimen por lo que no resultaba aplicable al caso (v. fs. 133).

    ...

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