MENDIETA, SERGIO CESAR Y OTROS c/ ANSES s/REAJUSTE DE HABERES

• Fecha: 20 Abril 2023
• Número de expediente: FCT 009416/2018/CA001

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Expte. N° FCT 9416/2018/CA1

En la ciudad de Corrientes, a veinte días del mes de abril de dos mil veintitrés, estando

reunidos los Señores Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, D.. Selva

A.S. y R.L.G., asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra.

M.G.G., tomaron conocimiento del expediente caratulado: “M., Sergio

César y otros c/ ANSES s/ Reajuste de haberes”, Expte. N° FCT 9416/2018/CA1,

proveniente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de votación, resultó el siguiente: D.. Mirta

Gladis Sotelo de Andreau, R.L.G. y S.A.S..

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL DR. R.L.G. DICE,

CONSIDERANDO:

1. Que la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

   instancia que desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 5 del Decreto

   2634/1990, formulado por los accionantes en cuanto a la pretensión del reconocimiento del

   pago del retroactivo a partir del día 02/04/1982. Dispuso que ANSES abone la pensión a

   los actores desde la fecha de solicitud del beneficio. Impuso las costas en el orden causado

   y difirió la regulación de honorarios profesionales.

2. Del escrito de fundamentación del planteo recursivo surge inicialmente que la

   parte actora se agravia de la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 5 del

   Decreto 2634/1990 –reglamentario de la Ley 23848, alegando que dicho decreto excede la

   potestad reglamentaria en cuanto limita la liquidación de la pensión vitalicia a partir de la

   solicitud, lo cual dice, va más allá de lo normado en el art. 1 de la Ley 23848.

   Agrega que la obligación de pago por parte de la demandada nació en la fecha de

   finalización de la guerra, y que el reconocimiento del derecho por parte de ANSES

   Fecha de firma: 20/04/2023

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

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   mediante las actas de compromiso, han tornado jurídicamente exigible la obligación.

   Continúa desarrollando los fundamentos expuestos en los autos “P.J.C. y

   Otro c/ANSES s/Pensiones” Expte. Nº 104483/2011. Afirmando que no asiste razón al a

   quo para rechazar la demanda, en tanto la parte que representa se vio obligada a iniciar el

   juicio para percibir los retroactivos correspondientes.

   Asimismo, se agravia del fallo en cuanto dispone que ANSES abone el pago de la

   pensión a partir de la fecha de solicitud del beneficio. Insiste en que el pago es debido

   desde el 02/04/1982, día en que los accionantes adquieren el carácter de Veteranos de

   Guerra de Malvinas, y que esa fue la voluntad del legislador al otorgar el beneficio de

   Pensión Honorífica.

   Finalmente se queja de la imposición de costas, señalando que deben ser

   impuestas a la demandada que resultará vencida al acogerse su planteo –art. 68CPCCN.

   F. reserva del caso federal.

3. Corrido el traslado de ley, no fue contestado por la demandada.

   Posteriormente, pasan los autos al Acuerdo, providencia que se halla firme,

   consentida y habilita la competencia de esta Alzada.

4. Habiendo realizado el control de admisibilidad previo, cabe ingresar al

   tratamiento del recurso, comenzando con el examen del agravio sobre la supuesta

   inconstitucionalidad del Decreto 2634/90 por haber excedido la potestad reglamentaria

   respecto de la Ley 23848.

   Leída la expresión de agravios y la decisión emitida en primera instancia entiendo

   oportuno exponer inicialmente una reseña de la normativa en debate, aclarando que no se

   encuentra discutido en autos que los actores gozan de una Pensión Honorífica de Veteranos

   de Guerra del Atlántico Sur.

   Así, la Ley N° 23848 publicada B.O. 19/10/1990, y modificatorias, dispuso en su

   art. 1 el otorgamiento de una pensión de guerra vitalicia, a los exsoldados conscriptos de

   las fuerzas armadas que hayan estado destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas

   (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del

   Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio

   y/o apoyo en los lugares antes mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,

   debidamente certificado. El art. 2 extendió el beneficio a los derechohabientes; y el art. 3,

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   determinó que los beneficios serán compatibles con cualquier otro de carácter previsional.

   El Decreto N° 2634/90 reglamentario de la Ley N° 23848 publicado B.O. el

   21/12/1990 indicó, en lo que aquí atañe, art. 5 inc. a) que las pensiones se abonarán a partir

   de la fecha de solicitud de la prestación, y en el inc. b) del citado artículo, que la pensión se

   abonaría en el caso de los titulares, desde el día siguiente al de la muerte del causante o al

   del día presuntivo de su fallecimiento, fijado judicialmente, siempre que la solicitud se

   formule dentro de los tres (3) meses contados desde el deceso o de quedar firme la

   sentencia que declare el fallecimiento presunto o de subsanada la falta de presentación

   tratándose de incapaces que carezcan de ella; en caso contrario se abonará a partir del

   primer día del mes siguiente al de la solicitud. Con posterioridad, el Decreto de Necesidad

   y Urgencia N° 886/05 –B.O. 22/07/2005 elevó dicho plazo a un año.

   Por su parte, el Decreto N° 1357/04 (B.O. 06/10/04) determinó que ANSES sería el

   organismo a cargo del otorgamiento, liquidación y pago de las pensiones no contributivas a

   los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y a sus derechohabientes art. 1, condición

   que será certificada por el Ministerio de Defensa –art. 5.

   Asimismo, el Decreto N° 886/05, “ut supra” citado estableció, que las pensiones no

   contributivas a los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a la que refieren la Ley N°

   23848 su modificatoria y complementaria, pasan a denominarse “Pensiones Honoríficas de

   Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur” art. 1. Extendió el beneficio de las Leyes N°

   23848 y 24652 al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de

   Seguridad en situación de retiro o baja obligatoria, que hubieran estado destinados en el

   TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS art. 3. Estipulando en el

   art. 9 que sus disposiciones rigen desde el 6 de octubre de 2004, fecha de entrada en vigor

   del Decreto N° 1357/2004.

5. Reseñada la normativa que refiere al asunto debatido en autos, cabe adelantar mi

   opinión, considerando que no le asiste razón al apelante en cuanto a sus aseveraciones

   respecto del fondo de la cuestión, tendientes a descalificar el fallo que ataca. Es que, se

   trata de una pensión no contributiva cuyo fin es el otorgamiento de un reconocimiento a

   quienes se encontraren en el ámbito fijado en el art. 1 de la Ley N° 23848 modificatorias y

   complementarias. Derecho este que nace con el dictado de la citada Ley, conforme lo

   dispone su Decreto reglamentario N° 2634/1990 art. 5.

   Fecha de firma: 20/04/2023

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

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   Así las cosas, cabe tener presente que el Código Civil vigente al tiempo de

   sancionarse la normativa referida disponía en su art. 3 que las leyes “no tienen efecto

   retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario”. En consecuencia,

   no habiendo el legislador otorgado efecto retroactivo, no se evidencia que el decreto

   atacado –N° 2634/90 se haya extralimitado al reglamentar la Ley 23848.

   Por otra parte, atendiendo al carácter del beneficio previsto en la Ley 23848

   pensión graciable, la determinación de los parámetros o requisitos a cumplir para su

   otorgamiento es un acto de política legislativa del Congreso Nacional.

   En este marco, coincido con la apreciación dada por el Sr. P.F. de la

   Nación, V.E.A.C., en los autos “T.M.J. y Otros

   c/ ANSES s/ Pensiones”, Expte. N° CSS 48952/201/CA1CS1, Dictamen de fecha

   01/12/2020, pues trata un caso análogo al presente.

   Allí el Procurador indicó que: “(…) En ese contexto normativo, cabe recordar que

   si “un decreto reglamentario desconoce o restringe irrazonablemente derechos que la ley

   reglamentada otorga, o de cualquier modo subvierte su espíritu y finalidad, ello contraría

   la jerarquía normativa y configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la

   propia Constitución concede al Poder Ejecutivo. Sin embargo, reiteradamente este

   Tribunal ha sostenido que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley

   no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y que, en

   general, no vulneran el principio establecido en el art. 99, inciso 2, de la Constitución

   Nacional, los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la

   norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya

   sido sancionada” (Fallos: 318:1707, “B. y sus citas; 335:1473, “Prado”, por

   remisión a los fundamentos y conclusiones del dictamen de esta Procuración General)”.

   (…) Bajo ese prisma, el artículo 5, inciso a, del decreto 2634/1990 no incurre en exceso

   reglamentario al disponer que las pensiones se abonan a partir de la fecha de solicitud de

   la prestación. La ley fue sancionada el 27 de septiembre de 1990 y publicada en el Boletín

   Oficial del 19 de octubre de ese año, sin que se advierta de su texto o del debate

   parlamentario, que corresponda atribuir a los beneficios en cuestión efectos retroactivos a

   la fecha de finalización de la guerra de las Malvinas, como...