Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Marzo de 2020, expediente B 60033

Presidente:Kogan-de Lázzari-Soria-Genoud
Fecha de Resolución:11 de Marzo de 2020
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 11 de marzo de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., de L., S., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.033, "M., D. contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.D.M., por derecho propio y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires e impugna la resolución, dictada el 10 de junio de 1998 por el Tribunal de Cuentas en el expediente 188/95, por la cual se determinó su responsabilidad patrimonial por su gestión como Asesor en el Ministerio de la Producción del Estado provincial.

Hace extensiva su impugnación al acto administrativo dictado el 4 de noviembre de 1998 que rechazó el recurso interpuesto contra la resolución antes mencionada.

Pide que se declare la nulidad de las referidas decisiones y se deje sin efecto el cargo pecuniario que se le formuló.

Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se disponga con carácter cautelar la suspensión de los efectos de los actos que impugna.

  1. Por resolución de fecha 30 de marzo de 1999, este Tribunal decidió hacer lugar a la medida precautoria solicitada en el marco de lo dispuesto en el art. 32 de la ley 4.373 y ordenó al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado abstenerse de promover, iniciar o proseguir, respectivamente, la ejecución judicial tendiente al cobro compulsivo del cargo pecuniario formulado al accionante mediante fallo de fecha 10 de junio de 1998 (art. 6) y confirmado por fallo de fecha 4 de noviembre de 1998 (art. 7) -ambos dictados por el Tribunal de Cuentas en el expediente 188/95 correspondiente al estudio de cuentas del Ministerio de la Producción (Ejercicio 1995), hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva en la presente causa (v. fs. 34).

  2. A fs. 60/61 el actor amplió la demanda denunciando el dictado de la resolución de fecha 24 de mayo de 2000 en el expediente administrativo 230/96 por el que tramitó la rendición de cuentas del Ministerio de la Producción - Ejercicio 1996. Detalla que ella fue ratificada mediante decisión de fecha 18de octubre de 2000. Ofrece prueba.

  3. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, sosteniendo la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 82/87).

    Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.

  4. Producida la prueba instrumental, agregado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 58, 62/137 y 140), glosado el alegato presentado por la parte demandada (v. fs. 151), declarado que la primera no hizo uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba (v. fs. 153), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  5. El actor cuestiona el cargo formulado por el Tribunal de Cuentas por la suma de $4.013,36 por la omisión de rendir cuenta documentada de su utilización o destino. Explica que este cargo se relaciona con la comisión oficial que realizó a Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 24 y el 28 de octubre de 1995. Explica que el monto otorgado en concepto de viáticos fue de $3.500 y que la diferencia reclamada obedece a la aplicación de intereses.

    Apunta que el señor Gobernador autorizó el aludido viaje en el art. 5 del decreto 3.015/95 y destaca que en él, a diferencia de lo expresado en los arts. 4 y 6, no se dispuso la rendición de cuentas de estos gastos.

    Sostiene que los viáticos a ser utilizados fuera del país se justifican en base a una escala tarifada conforme el tiempo de duración del viaje.

    Detalla que una vez concluido éste presentó una planilla ante la Tesorería del Ministerio de la Producción en la que consignó su nombre, cargo que desempeñaba, comisión realizada, días de duración de la estadía en el extranjero y porcentaje de viáticos asignados, todo esto -según dice- refrendado por el superior jerárquico.

    Agrega que este mecanismo obedece a un criterio de lógica y razonabilidad. Explica que hay numerosos gastos que originan recibos o facturas, pero hay otros que no pueden justificarse con el debido comprobante. Dice que la rendición por planilla es la metodología de práctica en la Administración Pública provincial, siendo aceptada usualmente para la rendición de esta clase de gastos. Destaca que es la que se utilizó en todas las oportunidades en que los agentes y funcionarios del Ministerio de la Producción debieron trasladarse al exterior durante los años 1992, 1993, 1994 y 1995, no habiendo merecido observación por parte del Tribunal de Cuentas. Acota que ello configura un acto de discriminación.

    Pone de resalto que el decreto 1.460/94 que regula la mecánica de los traslados de agentes y funcionarios en cumplimiento de misiones encomendadas a países del extranjero, nada dice...

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