Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 6 de Febrero de 2023, expediente CNT 028763/2022/CA001

Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 53421

CAUSA Nro. 28763/2022 - SALA VII - JUZG. Nro. 3

Autos: “MEDINA, RICARDO FABIAN C/LA SEGUNDA ART S.A. S/ACCI-

DENTE - LEY ESPECIAL”.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2023.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la resolución de la Sentenciante de grado mediante la cual, tras desestimar los planteos de inconstitucionalidad deducidos en torno a la ley 27.348, declaró

la inhabilidad de la vía judicial, en tanto consideró que, en el caso, no se ago -

tó la instancia administrativa, todo ello conforme las constancias digitales que se tienen a la vista y que surgen del Sistema de Gestión Lex100.

Y CONSIDERANDO:

I) En atención a la índole del tema en debate se requirió la opinión del Ministerio Público Fiscal, quien se expidió a través del dictamen del Fiscal General Interino, obrante a fs. 62/64 de la foliatura digital.

II) Se anticipa que la crítica de la actora no tendrá favorable recep-

ción en esta Alzada.

Al respecto y en orden a los estrictos términos que esgrime la ac-

tora en su crítica, conviene reseñar que, en las presentes actuaciones, la parte actora reclama las prestaciones dinerarias previstas en el régimen insti-

tuido por la ley 24.557 y sus modificatorias, a través de la demanda iniciada con fecha 18/08/2022, es decir, cuando ya se hallaba en vigencia la ley 27.348 (B.O. 24/02/2017.).

Desde esta perspectiva y más allá de lo alegado en la queja, se considera que no existen motivos para desplazar prima facie el esquema de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 1º de la normativa citada pues,

como es sabido, las normas procesales son de aplicación inmediata.

Así y de conformidad con lo previsto en el art. 1ro. de la ley 27.348, la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituye una instancia admi-

nistrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra interven-

ción, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letra-

do, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o con-

tingencia, fijando su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinera-

rias previstas por la ley especial.

Ahora bien, en concordancia con antecedentes jurisprudenciales existentes sobre el tema, que la cuestión relativa a la legitimidad y a la cons-

Fecha de firma: 06/02/2023

Firmado por: M.B.Q., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: H.C.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

titucionalidad del carácter obligatorio de un proceso o etapa administrativa previa como requisito ineludible para habilitar el acceso a la justicia debe ser analizada a la luz del criterio fijado por la C.S.J.N. in re “Ángel Estrada y Cía.

S.A. c/ resol. 71/96 – S.. Energía y Puertos s/ recurso extraordinario” de fe-

cha 5/4/2005 (Expediente 750-002119/96).

En dicho precedente, el Superior Tribunal determinó la viabilidad de estos tipos de procedimientos administrativos, cuando ellos deban cum-

plirse ante organismos de la administración creados por ley y dotados de ju-

risdicción para resolver conflictos entre particulares, en la medida en que su independencia e imparcialidad estén aseguradas, en tanto el objetivo econó-

mico y político tenido en consideración por el legislador para crearlos y res-

tringir así la jurisdicción que la C.N. atribuye a la justicia ordinaria haya sido razonable, como así también que sus decisiones estén sujetas a control judi-

cial amplio y suficiente.

A partir de esta postura es que la norma procesal analizada cum-

ple adecuadamente con los presupuestos enunciados precedentemente, por cuanto la reforma introducida por la ley 27.348 tuvo como finalidad, precisa-

mente, que los reclamos fundados en la L.R.T. requieran la necesaria inter-

vención de los organismos médicos creados a fin de determinar la existencia de una minusvalía resarcible en el marco de dicho régimen. Se trata, pues,

de la necesidad de requerir la intervención de expertos en medicina que posi-

biliten un adecuado juzgamiento acerca de la existencia de una incapacidad y de su nexo causal con el trabajo. A ello se suma la indudable independen-

cia e imparcialidad de las comisiones médicas jurisdiccionales encargadas de este proceso previo.

Por lo demás, el procedimiento administrativo previo instaurado en la normativa cuestionada asegura que el trabajador cuente con asesoramien-

to letrado, asimismo posibilita la revisión judicial de lo que decidan las comi-

siones médicas, incluida la Comisión Médica Central. A su vez, impone a las comisiones médicas un plazo concreto para que se expidan, prorrogable sólo por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, disponiéndose la perentoriedad de los plazos, a cuyo vencimiento queda expedita la vía judicial, en caso de existir agravio.

Ello descarta el peligro de una demora excesiva en la resolución de cada cuestión, así como el argumento de que nos hallamos frente a una privación de acceso al juez natural.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe destacar que es facultad discrecional del legislador decidir qué tribunales serán los competentes para resolver los conflictos suscitados en su jurisdicción, en la medida en que ello no constituya un perjuicio para el justiciable.

Fecha de firma: 06/02/2023

Firmado por: M.B.Q., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: H.C.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

Ahora bien, en el caso en análisis, se advierte que se trata de una norma adjetiva que no restringe el acceso a la justicia, sino que lo difiere por un lapso prudencial a una etapa procesal posterior en el supuesto de existir algún agravio, pero de ningún modo habilita a iniciar directamente la acción ante la...

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