Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 10 de Noviembre de 2009, expediente 11.132

Fecha de Resolución10 de Noviembre de 2009

CAUSA Nro. 11.132 - SALA IV

M., A.T. s/recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS

Secretario de Cámara REGISTRO NRO. 12.582 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor A.M.D.O. como P. y los doctores M.G.P. y G.M.H. como Vocales,

asistidos por el Secretario de Cámara M.S.K., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 64/71 vta., de la presente causa N.. 11.132 del Registro de esta Sala, caratulada: “MEDINA, A.T. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la causa N.. 37.029 de su registro, con fecha 1 de julio de 2009 confirmó la resolución por la cual se denegó la excarcelación a A.T.M. bajo ningún tipo de caución (fs. 56).

  2. Que contra esta decisión interpuso recurso de casación e inconstitucionalidad el doctor G.R., defensor de A.T.M. (fs.64/71 vta.), siendo concedido el primero, no así el segundo a fs. 76/76vta.

  3. Que el impugnante encauzo el remedio casatorio por las vías previstas en el artículo 456 del C.P.P.N.

    1. Artículo 456, incisos 1º) y 2º) del C.P.P.N.

      Indicó que las razones que sustentan las causales de errónea aplicación de las normas subjetivas y adjetivas se desprenden de la violación en que incurrieron los sentenciantes de lo dispuesto por los artículos 316 y 319 del C.P.P.N., toda vez que se han entendido los límites de pena establecidos en el primero, como una presunción iuris et de iure y las previsiones del segundo como una nueva posibilidad de limitar la −1−

      concesión del beneficio, en caso de ser procedente conforme al primero.

      Expresó que en inobservancia de lo establecido por la norma procesal se interpretó, que la condición personal del imputado, importaría la necesidad de neutralizar el peligro de elusión procesal que encuentra razón en su encierro preventivo, sin dar razones fundadas para ello, máxime cuando la norma no alude expresamente a dicho supuesto (cantidad de hechos y condición personal del imputado), sino que estrictamente habla de que estos supuestos puedan hacer presumir fundadamente peligro de elusión, lo que no se da en autos.

      Alegó que la circunstancia de que exista más de un hecho por el cual se requirió la elevación a juicio, que las pericias realizadas hayan efectuado aseveraciones respecto de la condición mental del imputado y que exista una exclusión de hogar en base a una causa por abuso de sus propios hijos (causa N.. 50.690/08 que motivó la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 106 de esta ciudad que ordenó dicha medida,

      actuaciones que -a su entender- la Sala no tuvo a la vista para resolver); no permiten inferir que el imputado se fugará.

      Añadió que la apreciación del a quo respecto a que la causa ya tiene radicación en un tribunal oral importa un prejuzgamiento insostenible,

      máxime cuando existió una fecha de debate fijada que fue suspendida por el tribunal en forma no imputable a M., por lo que ese argumento no puede ser utilizado en su contra a efectos de prolongar la medida cuestionada y concluyó que el fallo puesto en crisis resulta arbitrario por falta de motivación.

      A fin de soslayar la presunción de fuga que existió respecto de su asistido, el señor defensor recordó que M. siempre estuvo a disposición del tribunal, no cambió su aspecto físico, no mudó su residencia y fue aprehendido en su lugar de trabajo.

      −2−

      CAUSA Nro. 1

      MEDINA, A. s/recurso de Cámara Nacional de Casación Penal MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS

      Secretario de Cámara En este orden de ideas recordó que el imputado cumple funciones como encargado del edificio donde habita desde hace 18 años y hasta la fecha de su detención (1-10-08).

    2. Plenario En apoyo del presente recurso invocó los precedentes “V.”,

      Palleros

      , “M.”, “M.” y el plenario “D.B.” de esta Cámara, y para el caso en que la sentencia contradiga dichos antecedentes solicitó la reunión en pleno de la misma (artículos 10 y 11 de la ley 24.050)

      a fin de que se establezca la doctrina aplicable.

      En definitiva, el recurrente solicitó que se revoque el auto atacado y se conceda la excarcelación de MEDINA bajo caución juratoria o supletoriamente bajo algunas de las condiciones previstas en el artículo 310

      del C.P.P.N., bajo caución personal o real.

      Hizo reserva de caso federal.

  4. Que, luego de celebrada la audiencia prevista por el art. 465

    bis en función de los artículos 454 y 455, todos del C.P.P.N., -modificados por ley 26.374- de la que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores G.M.H., A.M.D.O. y M.G.P..

    El señor juez G.M.H. dijo:

  5. En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, habré de recordar que ya he tenido oportunidad de señalar (cfr. de esta S.I.: causa N.. 1893, “GRECO, S.M. s/recurso de casación”, Reg. N.. 2434.4, rta. el 25/02/00;

    causa N.. 2638, “RODRÍGUEZ, R. s/recurso de queja”, Reg.

    N.. 3292.4, rta. el 06/04/01 y causa N.. 3513, “VILLARREAL,

    A.G. s/recurso de casación”, Reg. N.. 4303.4, rta. el 04/10/02; entre muchas otras) que a esta Cámara Nacional de −3−

    Casación Penal compete la intervención en cuestiones como la aquí

    planteada, en la que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, habiéndose alegado la violación de garantías constitucionales y la arbitrariedad de sentencia; y por cuanto, no sólo es el órgano judicial “intermedio” a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino también porque su intervención -atento a su especificidad-

    aseguraría que el objeto a revisar por el Máximo Tribunal fuese “un producto seguramente más elaborado” (cfr. Fallos 318:514, in re “G., H.D. y otro s/ recurso de casación”; 325:1549; entre otros). Y ello así, aún en los supuestos en los que no entre en cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2°, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr. disidencia de los jueces P. y B. en el precedente de Fallos 320:2118,

    ...

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