La materia ambiental en las normas del Mercosur y la Convención de Aarhus sobre acceso a la información y a la justicia y participación pública

• Autor: Luis O. Andorno
• Páginas: 155-169

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LA MATERIA AMBIENTAL EN LAS NORMAS DEL MERCOSUR…

LA MATERIA AMBIENTAL EN LAS NORMAS DEL

MERCOSUR Y LA CONVENCIÓN DE AARHUS

SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA JUSTICIA

Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

LUIS O. ANDORNO

1. Introducción. 2. Acceso a la información. 3. Participación del público en las

decisiones relativas a actividades específicas. 4. Acceso a la justicia. 5. Conclu-

sión general.

1. Introducción

En el presente comentario nos ha parecido conveniente efectuar un estudio

comparativo entre la llamada Convención de Aarhus –por haberse realizado en

esta ciudad de Dinamarca en 1998– y la Ley General del Ambiente de la Repú-

blica Argentina 25.675 de 2002 y otros instrumentos legales, a fin de analizar la

conveniencia o no de adherirse a tal Convención. Ello así por cuanto se halla

abierta la libre adhesión a tal acuerdo sin limitación del número de países que

deseen hacerlo.

Sobre el particular cabe recordar inicialmente que en el libro Ambiente,

Derecho y Sustentabilidad, de los Dres. Juan Rodrigo Wals, María Eugenia Di

Paola, Gustavo González Acosta, Hernán López, Marta Brunilda Rovere, Daniel

Eduardo Ryan y Daniel Alberto Sabsay (Buenos Aires, La Ley, 2000), se señala

que si bien esta Convención es adoptada en el contexto europeo, su análisis es

relevante porque por primera vez un acuerdo de estas características reconoce un

conjunto de derechos que caracterizan el ambientalismo. Reafirmando los prin-

cipios adoptados en la Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano, en

la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en la Carta de la Naturaleza, esta

Convención reconoce el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano

y la obligación de éstos en forma individual o conjunta de protegerlo y mejorarlo

para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para ello la Convención

considera que los ciudadanos deben tener acceso a la información, participar

en el proceso de toma de decisiones y tener acceso a la justicia en cuestiones

ambientales, por cuanto reconoce que su mejoramiento realza la calidad y la

implementación de éstas, contribuye al conocimiento público de temas ambien-

tales, le da al público la oportunidad de expresar sus preocupaciones y permite a

las autoridades tomar cuenta de éstas (ob. cit., págs. 432/434).