Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Agosto de 2022, expediente CAF 013135/2021/CA001

Fecha de Resolución 5 de Agosto de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

Buenos Aires, 05 de agosto de 2022.-

Y VISTOS, estos autos caratulados: “MASTELLONE SA C/ EN – Mº

DESARROLLO PRODUCTIVO –EXP. 26468664/20– S/ RECURSO DIRECTO LEY

24.240 – ART. 45”; y,

CONSIDERANDO:

I.-) Que mediante la resolución identificada como RESOL-

2021–570–APN–SCI#MPD, de fecha 2/06/2021, la SECRETARÍA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,

impuso a la firma “MASTELLONE HNOS. SA” (de ahora en más:

MASTELLONE

), una multa de cien mil pesos ($100.000), por entender que se había configurado una infracción a lo dispuesto en el inciso i) y j) del artículo 4º de la LEY Nº 20.680 (de ahora en más: “LEY DE

ABASTECIMIENTO”, “LA” o “LEY N° 20.680”, indistintamente). En concreto, la autoridad administrativa emisora de la medida, consideró que la citada empresa no habría remitido el listado de precios de venta, al 6 de marzo, por producto y punto de venta, conforme lo dispuesto en la RESOLUCIÓN Nº 102/2020, de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR (ver fs.42/48 del expediente administrativo identificado en el Sistema informático Lex100 como: EX–2020–26468664).

El hecho que dio origen a la aplicación de dicha multa consistió en el requerimiento, de fecha 20/04/2020, efectuado por la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS

CONSUMIDORES dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (de ahora en más: “SCI”), a la firma aquí actora, mediante el cual se le exigía que:

[a] partir de la entrada en vigencia de la Resolución S.C.

I. N° 102/2020,

[…], todos los sujetos obligados por la Resolución S.C.

I. N° 100/2020, deben poseer y tener disponibles, los listados de los precios vigentes al día 6 de marzo de 2020, para cada producto y punto de venta, de todos los productos alcanzados por la referida Resolución S.C.

I. N° 100/2020. En virtud de ello, sin perjuicio de la obligación de tener disponibles dichos listados en cada uno de los puntos de venta, se le requiere que en el plazo de 24 horas de recibida la presente, remita a este organismo el listado de productos que comercializa con los precios vigentes al 6 de marzo de 2020 […]. El presente requerimiento se formula de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 2°

Fecha de firma: 05/08/2022

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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inciso e) de la Ley 20.680 y por el artículo 43 inciso e) de la Ley 24.240, en el marco de la emergencia sanitaria pública y la medida dispuesta por el Decreto N° 297/20 y sus modificatorias, que establecen el aislamiento, social, preventivo y obligatorio. Asimismo,

le hace saber que conforme la Resolución de la S.C.

I. N° 101/2020, toda presentación que los comercios, empresas o personas físicas deban realizar como descargo o respuesta a inspecciones, imputaciones y/o requerimientos de la [SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR] y/o alguna de sus dependencias, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional Declarada por el Decreto N° 260/20 y en virtud de las Leyes Nros. 19.511,

20.680, 24.240 y sus modificatorias, Decreto Nº 274/19, y sus normas reglamentarias,

deberán realizarse a través de la Plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). En consecuencia, para dar respuesta al presente requerimiento deberá ingresar a la plataforma a través de la página web “https://tramitesadistancia.gob.ar” con su CUIL y clave fiscal y, en la opción “iniciar trámite” ingresar la respuesta al requerimiento mediante el trámite “solicitud de descargo” indicando en el campo correspondiente el número de expediente de la referencia y adjuntando la información correspondiente. Se acompaña instructivo …”.

Ante el aparente incumplimiento, según el reproche formulado por la autoridad de aplicación, se determinó que se encontraban configurados los extremos del inciso i) y j) del artículo 4º de la LEY Nº

20.680.

II.-) Que, contra lo así dispuesto, la empresa sancionada solicitó la revisión judicial del acto administrativo, en los términos de lo normado por el artículo 16 de la LEY N° 20.680, propiciando se lo deje sin efecto (ver fs. 5/28 del expediente administrativo identificado en el Sistema informático Lex100 como: EX–2021–514618369).

En primer lugar, la firma recurrente manifestó que la SCI

habría actuado de manera ilegal y abusiva al: (i) dictar una norma de alcance general (como lo era la RESOLUCIÓN N° 102/2020) con sustento en el artículo 2° de la LEY DE ABASTECIMIENTO (LA), cuando, según su entender, dicho artículo no facultaba a la SCI a dictar actos administrativos de carácter general; y (ii) aplicar la LA para sancionar presuntos incumplimientos a la RESOLUCIÓN N° 102/2020, cuando la mentada norma no podía ser aplicada a las eventuales inobservancias de la citada RESOLUCIÓN N° 102/2020.

Para dar fundamento a lo expuesto, afirmó que las facultades legislativas delegadas por el CONGRESO DE LA NACIÓN mediante la Fecha de firma: 05/08/2022

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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mentada LEY DE ABASTECIMIENTO sólo podían ser ejercidas por la SCI

siempre y cuando, el particular hubiera cometido algunas de las infracciones establecidas en el artículo 4°, inciso a) a g) de dicha ley (infracciones primarias); caso contrario, según su entender, la SCI no se encontraría facultada para aplicar sanciones ni adoptar medida alguna de regulación.

En el caso concreto, reiteró que la secretaría actuante dictó la RESOLUCIÓN Nº 102/2020, con sustento en el artículo 2° de la LEY N°

20.680, pese a que no se habían configurado ni verificado los supuestos establecidos en los incisos a) a g) del artículo 4° de la norma.

En función de esta línea de razonamiento, manifestó que, al aplicar la LEY DE ABASTECIMIENTO y, como consecuencia de ello,

sancionar a su parte, la SCI habría obrado con abuso de poder y en forma inconstitucional, violentando los principios de legalidad, de razonabilidad y supremacía consagrados en la CONSTITUCIÓN NACIONAL, razón por la cual solicitaba se deje sin efecto la resolución atacada (ver, página 8 del recurso directo agregado en expediente administrativo identificado en el Sistema informático Lex100 como: EX–2021–514618369).

Por ello, arguyó que, dado que la RESOLUCIÓN N° 102/2020

no contaba con sustento normativo, una eventual inobservancia a dicha norma no era susceptible de ser pasible de las sanciones establecidas en los artículos y de la LEY DE ABASTECIMIENTO.

Bajo este entendimiento, la recurrente entendió que tanto la imputación realizada, como así también el procedimiento administrativo llevado a cabo por la SCI para dictar la RESOLUCIÓN N° 102/2020 y la propia resolución, portaban vicios en varios elementos esenciales del acto, a saber: a) la competencia (la autoridad de aplicación carecía de facultades para dictar la mencionada resolución de alcance general); b) el objeto (entendiendo que aquella fue dictada en violación y contradicción a la LEY

DE ABASTECIMIENTO); c) en la finalidad, importando ello un supuesto de desviación de poder (interpretando que las facultades conferidas en la LEY

DE ABASTECIMIENTO, no podían ser ejercidas por la SCI , con las finalidad de establecer alguna de las medidas dispuestas en su artículo 2°, a los Fecha de firma: 05/08/2022

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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agentes económicos que no hubiesen cometido ninguna de las infracciones establecidas en los incisos a) a g) de su artículo 4°).

Como corolario de dichas argumentaciones, sostuvo que, en función de lo señalado, la RESOLUCIÓN N° 102/2020 debía ser dejada sin efecto por ser un acto administrativo nulo de nulidad absoluta, bajo la interpretación de que vulneraba fines de orden público.

En definitiva, concluyó que:

(i) El artículo 2° de la LEY DE ABASTECIMIENTO no facultaba a la SCI a dictar actos administrativos de alcance general, como la RESOLUCIÓN N° 102/2020, razón por la cual el dictado de dicha norma no tenía sustento legal en la LEY DE ABASTECIMIENTO.

(ii) La SCI no había verificado mediante el procedimiento administrativo establecido en el artículo 10° de la LEY DE

ABASTECIMIENTO, que se hubiesen cometido alguna de las “Infracciones Primarias” establecidas en los incisos a) y g) del artículo 4° de la LEY N°

20.680, razón por la cual, la SCI no se encontraba facultada para dictar un acto administrativo particular que estableciera alguna de las medidas previstas en el inciso e) del artículo de la LEY DE ABASTECIMIENTO.

(iii) Al no haber observado la SCI lo supra establecido, no se había cometido infracción alguna a los incisos i) y j) del artículo 4° de la LEY DE ABASTECIMIENTO, puesto que, la secretaría interviniente no podía dictar actos de carácter general con sustento en el artículo 2°, inciso e) de la LEY DE ABASTECIMIENTO.

(iv) La SCI no se encontraba facultada legalmente para promover el procedimiento administrativo iniciado con sustento en la LEY

DE ABASTECIMIENTO, ni para dictar la resolución con fundamento en dicha norma.

(v) A los eventuales incumplimientos de la RESOLUCIÓN N°

102/2020 no le resultaban aplicables la LEY DE ABASTECIMIENTO, razón por la cual, la imputación por presunta infracción a los incisos i) y j) del artículo 4° de la LEY DE ABASTECIMIENTO; el procedimiento administrativo promovido por la SCI en su contra con sustento en la LA y la resolución dictada en dicho procedimiento son nulos de nulidad absoluta, atento que Fecha de firma: 05/08/2022

Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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Poder...

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