Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Agosto de 2020, expediente A 73978

Presidentede Lázzari-Kogan-Soria-Pettigiani-Genoud-Torres
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.978, "., J.M. y otros contra Aguas Bonaerense y otro sobre incidente. Recursos Extraordinarios de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresde L.,K., S., P., G., T..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La P. rechazó el recurso de apelación deducido por los accionantes en subsidio del de reposición y confirmó el apartado primero de la providencia de primera instancia en cuanto resolvió que la representación colectiva invocada por los demandantes en su escrito de solicitud de medida cautelar quedaba circunscripta a aquellos usuarios que se incorporaron al proceso principal dentro del período establecido al efecto (v. fs. 236/241).

Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/255).

Oída la señora Procuradora General (v. fs. 269/272 vta.), glosado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 282/285), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 277) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?

    En caso negativo:

  2. ) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

    1. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La P. rechazó el recurso de apelación deducido por los accionantes en subsidio al de reposición y confirmó la providencia de fecha 23 de diciembre de 2013, apartado 1, dictada por el magistrado de primera instancia, en cuanto circunscribió la representación colectiva invocada por los actores en su escrito de solicitud de medida cautelar a aquellos usuarios que se incorporaren al proceso principal dentro del período establecido al efecto (v. fs. 236/241).

    2. En su recurso extraordinario de nulidad los accionantes denunciaron que el pronunciamiento del órgano de segunda instancia es nulo por no estar fundado en el texto expreso de la ley, conforme el art. 171 de la C.itución provincial (v. fs. 244/245).

      En ese contexto, luego de reseñar las razones brindadas en el voto del doctor de Santis, al cual adhirió la doctora M. -y con ello se alcanzó la mayoría de opiniones-, puntualizaron que lo allí decidido carece de soporte legal en tanto se propició "...la confirmación de lo decidido por el judicante de grado sin una sola cita legal o, lo que es igual, sin ningún fundamento normativo".

      Y destacaron, en tal sentido, que "...el conjunto de razones que apuntalan la decisión en crisis carece de todo apoyo en el texto expreso de la ley. En rigor, asoma en el hilo argumental, para imponerle las costas a los actores, la cita de los arts. 51, 55 y 56 y concs. ley 12.008 (texto según leyes 13.101 y 14.435). No es bastante, claro está, tales citas legales, atravesada por su carácter accesorio, para cumplir con las exigencias que impone el texto constitucional provincial".

    3. Coincido con la señora Procuradora General que el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado.

      El decisorio que viene impugnado descansa en un específico razonamiento: su dictado no causa agravio al recurrente. En efecto, el voto del doctor De Santis de fs. 189 vta. y 190, que hiciera mayoría por adhesión de la doctora M., concluye en la siguiente premisa: se revela una situación procesal neutra para el interés adjetivo del apelante (v. fs. 190). Se sostiene, en ese sentido, que en el caso tendrá lugar de todos modos una irradiación de efectos hacia un universo que comprenderá a los convocados al contradictorio y/o a otros sujetos ajenos a él.

      No es este el lugar para verificar la corrección de tales razonamientos desde el punto de vista de fondo. Sin abrir juicio al respecto, solamente cabe examinar aquí si ese pasaje de la sentencia ha recibido o no la fundamentación legal constitucionalmente exigible. Se aprecia, en este sentido, la cita -entre otros- del art. 56 del Código Contencioso Administrativo.

      En mi opinión, esa apoyatura satisface el extremo impuesto por el art. 171 de la C.itución de la Provincia de Buenos Aires. En otras oportunidades he puesto de manifiesto mi particular y exigente interpretación en torno a la fundamentación legal de los fallos como causal del recurso extraordinario de nulidad. R., a este respecto, a cuanto desarrollara a partir de la causa Ac. 56.599, "B., sentencia de 23-II-1999. El caso de autos, aun evaluado con el rigor de tal precedente, no evidencia vicio invalidante.

      En efecto, uno de los requisitos indispensables para impugnar una resolución judicial por la vía de apelación es que el apelante tenga interés. No hay acción sin interés, como no hay recurso sin agravio. Existe este gravamen cuando media una diferencia perjudicial entre lo pedido por el justiciable y lo concedido por el juez, cuando aparece una diferencia en contra del peticionario, entre lo solicitado y lo acordado. Se requiere una insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de los pedimentos de las partes y es necesario que se perciba que el litigante ha quedado en una posición perjudicial. Esta noción se apoya en las ideas de utilidad y necesidad (cfr. H.; "Técnica de los recursos ordinarios", págs. 59 y sigs. y 370 y sigs.).

      Aquí la sentencia ha sostenido -bien o mal, no interesa por ahora- que el recurrente carece de agravio porque no le ha de seguir ninguna clase de perjuicio. Y lo ha fundado en el art. 56 del Código Contencioso Administrativo. Acudiendo a esta norma, advertimos que ella impone como carga del recurrente la debida fundamentación. La carga procesal de fundar un recurso reconoce y exige como presupuesto indispensable la existencia de interés o agravio. Ello surge implícitamente de la propia institución del recurso de apelación, de cada una de las normas que lo regulan (y en este sentido el decisorio que evaluamos también trae a colación el art. 55), y en especial de la exigencia de fundamentación del alzamiento.

      Se concluye que al citar las normas generales que regulan el recurso de apelación, la sentencia ha cumplimentado debidamente el extremo de fundamentación legal de un decisorio que estima no hallar presente una situación de agravio.

    4. Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 298, CPCC).

      Voto por lanegativa.

      La señora J. doctoraK.y el señor Juez doctorS., por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de L., votaron la primera cuestión también por lanegativa.

      A la primera cuestión planteada, el señor J.d.P. dijo:

    5. No comparto el criterio del doctor de L..

    6. Tiene establecido este Tribunal que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la C.itución provincial sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, C.. prov.; doctr. causas C. 110.656, "Archimio", resol. de 2-II-2011; A. 73.842, "A., resol. de 14-X-2015; A. 73.989, "L. y A. 73.445, "Lòreal Argentina S.A.", sents. de 24-II-2016; A. 72.981, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ H.I., sent. de 3-V-2017; e.o.).

      El referido art. 171 de la C.itución provincial impone que las sentencias sean "...fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso".

      En punto a ese recaudo, esta Corte ha señalado que lejos de establecer una solemnidad secundaria y dispensable, constituye, en cambio, una de las más trascendentes garantías de la justicia (doctr. causa Ac. 53.040, "P., sent. de 13-II-1998, e.o.), de la cual no puede privarse al litigante. Por lo que, por vía de principio, corresponde la anulación de la decisión que transgrede el referido mandato.

      En ese orden, este Tribunal ha interpretado que se incumple con la mentada exigencia, entre otros supuestos, cuando sólo se hace mención del precepto relativo a la imposición de las costas, o bien, de normas que aluden a los recursos interpuestos, a diversas pautas meramente instrumentales o a cuestiones accesorias (doctr. causas Ac. 69.901, "G., sent. de 7-VII-1998; Ac. 75.911, "Celaya", sent. de 13-IX-2000; mi voto en P. 71.115, "Perotto", sent. de 16-IX-2003 y P. 80.280, "R., sent. de 8-IX-2004).

    7. En el caso, de la lectura del pronunciamiento impugnado se advierte que las normas invocadas por la Cámara (v. fs. 240) no fundamentan legalmente la decisión adoptada en lo sustancial, apartándose de lo requerido por el citado precepto constitucional.

      En efecto, el fallo del Tribunala quo, emitido por mayoría de fundamentos esgrimidos por el doctor de Santis en su voto -al cual adhirió la doctora M.-, sostuvo que el recurso de apelación no logró demostrar agravio en la providencia apelada, al entender que la plataforma de titularidad indiferenciada y afectación común que suponían esas rutas de acción emprendidas, importaba la exigencia de legitimación en cualquier afectado, sea éste uno o algunos, por lo que la presentación acotada decidida por el juez de la causa o la amplia que pretendía la parte recurrente en nada obstaba a que los efectos de la sentencia que se dicte vayan a irradiarse a un universo indeterminado de otros afectados.

      De ese modo, la Cámara expresó que las partes en el proceso, u otros terceros no incorporados, serán destinatarios de cuanto resulte del...

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