Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 18 de Abril de 2012, expediente 14.914

Fecha de Resolución18 de Abril de 2012

CAUSA Nro. 14914-SALA IV

MARTÍNEZ, ELENA A.

Cámara Federal de Casación Penal s/rec. de casación REGISTRO NRO. 558/12

la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como Presidente, y los doctores J.C.G. y G.M.H. como Vocales,

asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 1358/1366 de la presente causa N.. 14.914 del Registro de esta Sala, caratulada: “MARTÍNEZ, E.A. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, en la causa N.. 193/05, con fecha 5 de octubre de 2011, rechazó –en cuanto aquí

    interesa- la solicitud de sobreseimiento articulada en favor de E.A.M. cimentada en que había operado la extinción de la acción penal por prescripción; con costas (punto dispositivo I -fs. 1331/1337-).

  2. Que contra esa decisión, interpuso recurso de casación el letrado de confianza de la nombrada MARTÍNEZ, doctor G.A.

    TORO (fs. 1358/1366); concedido (fs. 1379/1380 vta.), fue mantenido en la instancia a fs. 1406.

  3. Que el mencionado abogado invocó ambos motivos de casación.

    Desde esa perspectiva, primeramente, manifestó que su petición de que se declare fenecida la acción penal por prescripción y,

    consecuentemente, se dicte el sobreseimiento de su defendida, fue rechazada arbitrariamente.

    A paso seguido, el recurrente adujo que en autos se aplicó

    erróneamente lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 67 del Código Penal -suspensión del curso de la prescripción de la acción penal en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos 1

    los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público-, ya que su representada no se desempeña en la función pública desde el 1° de febrero de 2003, data a partir de la cual el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy dispuso suspender provisoriamente a la agente en sus funciones judiciales, sin percepción de haberes.

    A todo evento, es decir, para el hipotético caso de que el Tribunal considere que M., no obstante que ha sido suspendida provisoriamente en el cargo que ocupaba, aún continúa perteneciendo a la planta estatal, el recurrente, con cita de A.J.D., dio a entender que la regla examinada resulta inaplicable a la persona de su pupila, esta vez porque que ella no ostenta la jerarquía de funcionario público ni está

    próxima al ejercicio de la acción como para sospechar que puede emplear su autoridad o influencia para perjudicar la persecución penal.

    Para el supuesto, a su vez, de que se diese cabida a su postura acerca de que el curso de la prescripción no fue suspendido, el presentante hizo especial hincapié en que aquel curso no puede considerarse en modo alguno interrumpido. Concretamente, dirigió su mirada al presupuesto previsto en el inciso “a” del cuarto párrafo del art. 67 del código sustantivo,

    para exponer que si bien su defendida tiene otra causa penal en trámite, es condictio sine qua non para su aplicación que en ella hubiese recaído sentencia condenatoria firme, situación ausente en el caso de MARTÍNEZ.

    Sobre la base de ello, y en la consideración de que a su ahijada procesal se le reprocha ser partícipe primario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 174 en función del art. 172, del Código Penal), calificación que implica que la pena máxima a infligirse no puede superar los 4 años de prisión; postuló

    se dicte el sobreseimiento de la nombrada por no encontrarse activa la acción penal.

    Nuevamente en subsidio, el impugnante planteó que se declare 2

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    MARTÍNEZ, ELENA A.

    Cámara Federal de Casación Penal s/rec. de casación la extinción de la acción penal por prescripción en virtud de que el tiempo transcurrido desde que se excitó la jurisdicción ha venido a conculcar el derecho que le asiste a todo imputado de que su situación penal sea dilucidada en un plazo razonable.

    Fundamentó su afirmación en que “[…] la excesiva demora en el curso normal del trámite procesal de la presente causa […] no se debe a planteos dilatorios por parte de los abogados que ejercen la defensa técnica de los procesados, sino a la evidente dificultad que tuvo la causa en la constitución definitiva del Tribunal de Juicio […] y la desprolijidad formal existente [en el expediente…]”.

    Por último, en la consideración de que se ha “[…] acreditado el perjuicio concreto e irreparable que la decisión del Tribunal Oral ocasionó a la procesada E.M. al rechazar arbitrariamente el pedido de prescripción de la acción penal y el menoscabo del libre ejercicio del derecho constitucional de defensa al opinar que la petición planteada era una acción meramente dilatoria”, el doctor TORO reclamó que se revoque la decisión recurrida en cuanto impuso a su parte cargar con las costas del proceso.

    Citó doctrina y jurisprudencia que avalarían su postura. Hizo reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).

  4. Que durante la etapa procesal prevista por el art. 465 del C.P.P.N. se presentaron tanto el recurrente como su contraparte –ANSeS-.

    Que mientras el señor Defensor aprovechó la oportunidad procesal para recalcar que su asistida ha dejado de pertenecer a la planta estatal desde el día 1° de febrero de 2003, la parte querellante, en cambio, la utilizó para propiciar el rechazo del recurso deducido y, consecuentemente,

    la confirmación del pronunciamiento puesto en crisis (confr. fs. 1412/1416

    y 1417/1421 vta., respectivamente).

    Con ese norte, los letrados apoderados de la ANSeS –doctores 3

    G.Q.L. y A.M.G.- explicaron que:

    a) desde la citación a juicio, que se efectuara con fecha 10 de abril de 2006, hasta la fecha no han transcurrido los seis años de pena [máxima] que [el ordenamiento de fondo prevé para el caso de que la acción bajo juzgamiento sea calificada] como defraudación a la administración pública en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso

    –calificación legal razonablemente más gravosa-; y,

    b) en el caso de autos existen funcionarios imputados que actualmente se encuentran desempeñando cargos públicos como ser E.M.Z., C.F.G.[.y] J.T., cuestión que suspende el plazo de la prescripción

    Los presentantes trajeron a colación doctrina y jurisprudencia que sostendrían su posición. También hicieron reserva de la cuestión constitucional.

  5. Que, superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores J.C.G., M.H.B. y G.M.H..

    El señor juez J.C.G. dijo:

    1. En relación a la admisibilidad del recurso deducido, es dable manifestar que el fallo atacado –decisión que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción y, consecuentemente, la solicitud de sobreseimiento de la acusada-, a la luz de lo previsto por el art.

    457 del C.P.P.N., debe enténderselo equiparable a sentencia definitiva,

    desde que la omisión de su examen, a mi modo ver, podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior (confr.

    Fallos: 333:2017, entre muchísimos otros).

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    MARTÍNEZ, ELENA A.

    Cámara Federal de Casación Penal s/rec. de casación b) Sorteado el test de admisibilidad, primeramente se impone que haga una salvedad. Ella se emparenta con el planteamiento del doctor G.A. TORO que hizo foco en que su defendida el 1° de febrero de 2003 resultó suspendida provisoriamente de la planta permanente del Poder Judicial de la provincia de Jujuy en el que laboraba.

    Ese destaque tenía el evidente propósito de que esa situación sea equiparada a la cesantía de E.A.M. en el cargo público que ocupaba, que en su consecuencia se concluyese que desde la fecha exteriorizada aquélla no revistía la calidad de empleada pública y, a partir de ello, que el Tribunal tuviese para sí que el curso de la prescripción de la acción penal no estuvo suspendida en los términos del párrafo segundo del art. 67 del Código Penal, que transcurrió el tiempo necesario para el fenecimiento de la acción -4 años, en tanto y en cuanto esa es el monto punitivo máximo en abstracto previsto para el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de conato que se le adjudica-y,

    finalmente, que dictase el sobreseimiento de la encausada.

    Veamos. La dilucidación de si E.A.M. es empleada pública en la actualidad o no, habría tenido peso para inclinar la balanza a su favor si el hecho por el que se la persigue penalmente hubiese sido dejado de cometer bajo la vigencia de la anterior redacción del segundo párrafo del art. 67 del Código Penal, esto es, con anterioridad al dictado de la ley 25.188 (B.O. 01/11/1999), en cuanto su letra hacía depender la suspensión del curso prescriptivo de la acción a la situación particular de cada uno de los imputados en relación a la ejecución de la actividad pública.

    Mas carece en cambio de valor, al no estar controvertido en el sub judice que aquél habría dejado de cometerse pasada la fecha recientemente apuntada –según la Fiscalía el día 16 de febrero de 2001, data en la que el Estado Nacional, específicamente la ANSeS, sospechó de la maniobra delictiva pesquisada (vid. fs. 1331/1332)-, esto es, a la luz de la nueva 5

    redacción de la norma examinada, en cuanto asume una visión de conjunto respecto de los agentes involucrados. En efecto, el...

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