Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Agosto de 2019, expediente L. 120267

Presidente:Genoud-Negri-Soria-de Lázzari-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución:14 de Agosto de 2019
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUMEN

Incurre en absurdo el Tribunal del Trabajo cuando la conclusión a la que arriba en su pronunciamiento se encuentra desprovista de un adecuado respaldo en las constancias objetivas de la causa.

 
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A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., N., S., de L.,P.,K.se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.267, "M., J.Á. contra Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Diferencias salariales".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 335/354).

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 375/382 vta.). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 383/384), esta Corte, mediante resolución de fs. 498/499 vta., declaró procedente la queja interpuesta a fs. 485/490 vta. y lo concedió.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  1. En lo que interesa, por constituir materia de agravios, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor J.Á.M. promovió contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), condenándola al pago de las sumas que determinó por las diferencias salariales adeudadas en concepto de "adicional art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75" y "reintegro de gastos".

    Para así resolver juzgó acreditada en el veredicto la relación laboral habida entre las partes, la fecha de ingreso del trabajador (1 de diciembre de 1991) y la categoría de "agente cobrador" del dependiente (v. vered., fs. 335/336).

    Luego, señaló que si bien el actor había reclamado el pago de los gastos de mantenimiento de su vehículo (impuesto de patente, seguro, estacionamientos, peajes, desgaste de neumáticos), la accionada había negado en el escrito de contestación de la demanda que fuera indispensable el uso de un automotor para la gestión de cobranza, que el promotor del pleito posea un automóvil de su propiedad y que lo utilizara en beneficio de la empleadora, que sea un requisito ineludible contar con un vehículo particular para acceder al puesto de cobrador y que las zonas a su cargo requieran medios de movilidad (v. vered., fs. 336).

    Destacó que ante la intimación cursada por el trabajador mediante telegrama colacionado agregado en autos, la patronal en su respuesta había reconocido implícitamente la utilización de un automóvil para la realización de la tarea que le fuera encomendada al actor, ya que en dicha comunicación había negado adeudar suma alguna, haciendo saber que se le abonaban viáticos al valor unitario conforme lo dispone el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y negando que el uso del vehículo propio en su trabajo de cobrador le provocara erogaciones mayores a las que percibía (v. vered., fs. 336in finey vta.).

    Agregó el tribunal que la cantidad de kilómetros existente entre las zonas a cargo del trabajador, llevaba a concluir que sería imposible el cumplimiento de su tarea si no hubiera contado con un vehículo para traslado; dando cuenta la pericia contable sobre la titularidad y los gastos que irroga su uso (v. vered., últ. fs. cit.).

    En la sentencia, estableció que resultaba de aplicación al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, suscripto entre SADAIC y el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) -hoy Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores y Afines (UTSA)-, no habiéndose dictado a la fecha uno nuevo que rija la actividad de los cobradores, controles de boletería y taquilla y adicionistas; encontrándose vigente en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 14.250 (v. fs. 344in finey vta.).

    Tuvo en consideración que, si bien el ámbito de aplicación de la mencionada convención fue inicialmente limitado a la Capital Federal y Gran Buenos Aires, hasta un radio de sesenta kilómetros (art. 2.2), mediante resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 772, de fecha 21 de septiembre de 2005, se extendió la obligatoriedad de su aplicación a todo el país, conforme la facultad regulada en el art. 10 de la ley 14.250 (v. sent., fs. 344 vta./345).

    Hizo referencia a los distintos acuerdos celebrados entre SADAIC y UTSA para establecer el importe representativo del adicional "reintegro de gastos". Toda vez que éstos remitían a los arts. 76 y 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, entendió indispensable determinar el alcance de tales normas; en lo relativo al primero de los preceptos expresó que se refiere exclusivamente al "reintegro de gastos", que debe diferenciarse de los "viáticos" que estatuye el segundo, y que son gastos que el empleado tiene que efectuar en ocasión de los traslados que le son ordenados por el principal; al respecto, agregó que la norma aclara que el viático es considerado como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en particular establezcan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo (v. fs. 346).

    Sobre dicha base analizó los rubros objeto de reclamo.

    En lo que aquí tiene relevancia, respecto del adicional contemplado en el "art. 24 del CCT 83/75", reiteró que dicha convención es plenamente aplicable a los agentes cobradores del interior del país por imperio de la resolución ministerial 772 de fecha 21 de septiembre de 2005, no correspondiendo efectuar disquisición alguna entre éstos y los radicados en Capital Federal, pues sus cláusulas alcanzan a todos los trabajadores por igual en virtud de los claros preceptos constitucionales del art. 14 bis de la Constitución nacional (v. fs. 346).

    Sostuvo que el mentado art. 24 establece los "salarios mínimos" que deben percibir los trabajadores, integrándose la remuneración con un sueldo fijo mensual y una...

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