Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala I, 30 de Abril de 2009, expediente 65.685

Fecha de Resolución30 de Abril de 2009
EmisorSala I

Poder Judicial de la Nación Expediente nro. 65.685 – Sala Única – Sec. 2

Bahía Blanca, 30 de abril de 2009.

VISTO: Este expediente nro. 65.685, caratulado: “MARTÍNEZ LOYDI,

F.M. s/Excarcelación”, venido del Juzgado Federal nro. 1 de la sede para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. sub 10/12 vta. contra lo resuelto a fs. sub 7/9 vta..

El señor Juez de Cámara, doctor A.E.F., dijo:

1ro.) El señor juez de grado resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación formulado por la defensa de F.M.M.L. sobre la base de la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación (art. 319, CPPN), en razón de haberse imputado delitos de lesa humanidad (cf. fs.sub 7/9 vta.).

2do.) A fs. sub 10/12 vta. apeló y motivó el recurso USO OFICIAL

el Sr. Defensor Oficial, y al momento de la audiencia (art. 454 CPPN y Ac. CFABB n° 72/08, pto. 4to.) se remitió a lo expuesto en el escrito de apelación (fs. sub 38), aunque con posterioridad presentó un informe fundando el recurso (fs. sub 48/51). En síntesis expuso que lo decidido carece de razonabilidad, que el a quo se apartó sin más del fallo plenario invocado violando la manda del art. 10 de la ley 24.050; asimismo se agravia de la errónea interpretación que se hizo del art. 316 del CPPN, en contra de todos los criterios jurisprudenciales vigentes pues sostiene el “peligro de fuga” sólo en base a la gravedad de los delitos imputados, soslayando totalmente el art. 319 del CPPN; que se viola el principio de inocencia y que por las circunstancias personales, familiares y comunitarias de su pupilo (que relata) no existe en el caso riesgo procesal alguno que obste a la concesión del beneficio.

3ro.) Considero que las aclaraciones efectuadas por el Sr. Defensor Oficial resultan atendibles en orden a preservar el derecho de defensa del imputado. Sin embargo, adelanto mi opinión contraria a la pretensión de la defensa. Es cierto que los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y esta misma (arts. 14, 18, 19, 28, 31 y 75, inc. 22; DADDH, art. I; DUDH,

arts. 3 y 13; PIDCP, art. 9; CADH, art. 7) aseguran la libertad porque todos los hombres nacen libres, y por ello, la restricción de su libertad es contraria al orden natural de las cosas. Por eso la Constitución,

los tratados internacionales y las leyes de la república establecen las condiciones en que dicha libertad puede ser restringida. Con aquel fundamento procedió el legislador al regular los requisitos para la concesión de la excarcelación de los procesados, y los que obstan a ella (arts. 316 y 319, CPPN).

4to.) Ahora bien, frente al derecho del imputado que cumple prisión preventiva de solicitar su excarcelación, como es el caso de autos, está el compromiso internacional asumido por el Estado argentino para la persecución y castigo de ciertos delitos considerados como de lesa humanidad (cf. Estatuto de Roma, arts. 5,

7, 29, 30, 58, 59; Convención contra la tortura, arts. 4, 5, 6); y su consiguiente responsabilidad frente a la comunidad de naciones por haberlos lesionado o por haber omitido investigar y castigar actos de terceros que lo hicieran (cf. D’Alessio, A.J.; Los delitos de lesa humanidad, ed. Abeledo-Perrot, 2008, p. 36). Pues, como se dijo en el caso “P.”, esa conducta ofende, además de a las víctimas, a la comunidad internacional.

5to.) No pueden soslayarse las características de la imputación que pesa sobre el peticionante, a quien se le endilga formar parte de un plan criminal de dimensión estatal que violó

sistemáticamente derechos fundamentales de las personas; y que tales hechos se perpetraron bajo una modalidad clandestina que aprovechó la infraestructura estatal para obrar con absoluta impunidad ocultando pruebas, diseñando y desplegando un sistema de encubrimiento que demostró su efectividad, puesto que transcurrieron más de tres décadas desde el acaecimiento de los hechos, durante las cuales se obstruyó la persecución penal.

A este contexto histórico, y a la gravedad de la imputación, debe sumarse que por el número de víctimas y el alcance sistemático del objetivo político tenido en mira en los delitos de esta índole (cfr. mutatis mutandis, D’Alessio; ob. cit...

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