Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Mayo de 2019, expediente A 74232

PresidenteNegri-Kogan-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución29 de Mayo de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La P., a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., K., de L., G., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.232, "., C.E. y ots. c/I.P.S. s/pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inapl. de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La P. rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 114/120 vta.) y confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión deducida contra el Instituto de Previsión Social (IPS), declarando la inaplicabilidad -con relación a los actores- de las resoluciones generales 11/12 y 1/13, ambas dictadas por el referido organismo. Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 99/103).

Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 154/162 vta.) el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 164/165.

Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 170), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 174/184 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. Los doctores C.E.M., G.A.M. y M.E.M. promovieron demanda contra el IPS pretendiendo la anulación de las resoluciones generales 11/12 y 1/13 dictadas por el referido organismo, mediante las cuales se impuso a los abogados que sean investidos como apoderados de un beneficiario o del peticionario de una prestación, la obligación de inscribirse en un registro dependiente del IPS y de procurar turno por internet para la presentación de escritos, solicitudes o reclamos ante esa entidad previsional, respectivamente.

    Adujeron que a través de dichas resoluciones se les ha limitado su derecho al ejercicio profesional con relación a sus representados y que tales disposiciones se erigen como un obstáculo al obligarlos a obtener un turno vía web cada vez que necesiten realizar alguna petición o presentación, sumado a las posibles fallas que pudiese tener el sistema informático implementado a tal fin. En conclusión, consideran vulnerado su derecho a tener acceso a las actuaciones cada vez que el trámite así lo requiera.

  2. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La P. hizo lugar a la pretensión deducida declarando la inaplicabilidad -con relación a los accionantes- de las referidas resoluciones generales e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 99/103).

  3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La P., a su turno, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada y confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravios, con costas a la apelante vencida (v. fs. 147/151).

    Para así decidir, sostuvo que, para analizar la razonabilidad del ejercicio de la potestad reglamentaria, no puede prescindirse de la garantía de defensa que implica el derecho de asistencia letrada de toda persona que acuda a la justicia o a cualquier ámbito del poder público (art. 18, C.. nac.).

    Esgrimió que, tal como lo prevén los arts. 10 y 11 del decreto ley 7.647/70 y conforme lo resolviera el juez de primera instancia, tanto los apoderados y letrados como las partes en el procedimiento administrativo deben contar con acceso irrestricto a toda actuación administrativa. Ello connota una regla jurídica con valor de principio general, que condiciona el ejercicio reglamentario de cualquier autoridad pública, incluso el que recaiga sobre aspectos de organización, en la medida en que impacte a terceros. Entendió que este tópico no fue abordado con eficacia por la Fiscalía de Estado en su apelación.

    Agregó que las normas de ejercicio profesional no pueden tener restricciones ni condicionamientos, en tanto la presencia de cualquier cortapisa conspira contra la actividad profesional y afecta la garantía constitucional a la que...

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