Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 24 de Octubre de 2023, expediente CAF 017279/2008/CA001

Fecha de Resolución24 de Octubre de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

Expte. 17279/2008

M.L.A. Y OTRO C/ GCBA Y OTRO S/DAÑOS Y

PERJUICIOS

En Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los días del mes de octubre de dos mil veintitrés,

reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos interpuestos en el expediente “M.L.A. y Otro c/ GCBA

y otro s/daños y perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Sr. Juez de Cámara, Dr. G.F.T. dijo:

  1. Que mediante la sentencia obrante a fojas 570/600 de las actuaciones digitales, el juez de grado rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional, e hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Lucía Maltese y S.M., condenando solidariamente al al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional,

    R.A.V., P.S.F., J.C., E.R.D., C.T., E.A.V. y D.H.C. al pago de una indemnización en concepto de daño psíquico y moral -que valuó

    en $120.000 y $140.000, respectivamente-, y de una suma para afrontar el tratamiento psicológico indicado por la perito –estimado en $48.000 y $96.000,

    respectivamente-, por considerarlos responsables del hecho dañoso acaecido el día 30 de diciembre de 2004, al incendiarse el local denominado “República de Cromañón”, con costas.

    En cuanto al fondo, para decidir como lo hizo, luego de recordar los presupuestos de la responsabilidad del Estado, sostuvo –en suma-

    que la Cámara Federal de Casación Penal tuvo por acreditada la autoría del subcomisario C.R.D. del delito de cohecho pasivo, en concurso real con su participación necesaria en el incendio seguido de muerte, capaz de comprometer la responsabilidad del Estado. Ello así, en tanto que el citado funcionario omitió la realización de los controles que estaban a su cargo, por lo cual se configuraba un supuesto de falta de servicio. En igual sentido, consideró

    que se verificaba la responsabilidad del GCBA -y sus funcionarios- por el incumplimiento de sus deberes por parte de la Coordinadora General de la Unidad Polivalente de Inspecciones, la Subsecretaría de Control Comunal, la Fecha de firma: 24/10/2023

    Alta en sistema: 25/10/2023

    Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: TOMAS BRANDAN, SECRETARIO DE CAMARA

    Dirección General de Fiscalización y Control, y la Dirección General Adjunta, tal como surgía de los hechos probados en la causa penal.

    En cuanto a la intervención de los particulares, recordó que su responsabilidad resulta acreditada en las sentencias del 20/04/2011 y del 21/09

    2015 dictada por las Salas III y IV, respectivamente, de la Cámara Federal de Casación Penal, al considerar la necesaria participación de los organizadores en el esquema de sobornos e irregularidades, y –con relación a los músicos- el hecho de que fue su decisión efectuar el recital en ese recinto cerrado la que los colocó en posición de evitar el delito que prevé el artículo 189 del Código Penal.

    Con relación a la entidad del daño moral y psíquico reclamado,

    valoró la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad de los sufrimientos espirituales causados y la necesaria proporcionalidad que debe con los daños similares reconocidos en causas análogas, y con base en ello, lo valuó en las suma de $120.000 y $140.000, para Lucía y S.,

    respectivamente. Además, con fundamento en la pericia realizada, y la incapacidad psíquica detectada, reconoció también el derecho Lucía y S. al cobro de una suma para hacer frente al tratamiento terapéutico que se aconsejó

    que realizara ($48.000 y $96.000).

    En punto a la naturaleza de la obligación derivada del pronunciamiento, explicó que al tratarse de responsabilidades concurrentes, las sumas dinerarias antes mencionadas podían ser reclamadas total o parcialmente contra todos los condenados, que debían responder solidariamente, sin perjuicio de las eventuales acciones de regreso. A ese último fin dejó asentados los porcentuales de responsabilidad de cada parte condenada: treinta y cinco por ciento (35%) al GCBA (y sus funcionarios);

    treinta y cinco por ciento (35%) al Estado Nacional (y sus funcionarios); y treinta por ciento (30%) a los particulares organizadores, promotores y protagonistas.

  2. Que, disconforme con aquella decisión, la parte actora apeló (fs. 601) y expresó agravios a fs. 616/7, los que fueron replicados a fs. 641

    3 por el Estado Nacional.

    En primer lugar, se queja de que el a quo haya negado autonomía a los reclamos relativos al daño moral y psicológico.

    Cuestiona asimismo que el a quo no haya establecido con exactitud el monto correspondiente al tratamiento psicológico, limitándose a establecer arbitrariamente – a su juicio- el valor de $1.000 por sesión.

    Además, entiende que las sumas reconocidas en concepto de moral y psicológico y para gastos de tratamiento resultan exiguas. Sostiene que esas indemnizaciones no alcanzan a reparar el daño producido, dada la gravedad del trauma sufrido y la magnitud del perjuicio ocasionado.

    Fecha de firma: 24/10/2023

    Alta en sistema: 25/10/2023

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    Firmado por: TOMAS BRANDAN, SECRETARIO DE CAMARA

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    FEDERAL- SALA V

  3. Que también el Estado Nacional apeló (fs. 602), y expresó

    sus agravios a fs. 622/39, los cuales no fueron replicados.

    En su recurso señaló que era equivocado aplicar la condena penal en su contra como medio de atribución de responsabilidad ya que el funcionario del Estado Nacional -Subcomisario D.- no fue condenado por ser autor penalmente responsable de los delitos de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con el delito de cohecho pasivo, lo cual daba cuenta,

    en todo caso, de una falta personal, y no de una falta de servicio.

    Además, adujo que no existía prueba alguna que acreditara la falta de cumplimiento de las funciones del Estado Nacional y que no se lo puede condenar por incumplimiento de funciones que no estaban a cargo de las autoridades federales.

    Por otro lado, reiteró que el Estado Nacional no podía ser considerado legitimado pasivo en el reclamo por la obligación discutida.

    Además, se quejó de que se hubiese omitido el análisis acerca de la relación causal entre la conducta de sus órganos y los hechos dañosos.

    Asimismo, cuestionó la procedencia y el monto de los rubros indemnizatorios por los cuales prosperó la condena.

    Cuestionó también el momento a partir del cual se determinó

    que correspondía computar los intereses.

    Finalmente, se agravió de la imposición de costas.

  4. Que también el GCBA interpuso apelación (fs. 603) y expresó agravios a fs. 618/21, los que no fueron replicados.

    En su escrito solicitó la reducción de los montos fijados por daño y tratamiento psicológicos, y daño moral, por considerarlos excesivos. A

    su juicio, el daño moral no ha sido suficientemente acreditado.

    Advierte que –a su entender-a los montos fijados por daño moral y por tratamiento debían adicionarse intereses solamente desde el momento de la sentencia.

    Finalmente, considera que la responsabilidad que le cabe al Estado Nacional es mayor que la del GCBA, por lo que el porcentaje de responsabilidad de aquel debe ser superior al de este último.

  5. Que en cuanto a los hechos en los que se fundó la pretensión de la parte actora y a partir de los cuales el juez de grado hizo lugar parcialmente a la demanda, cabe señalar que los mismos han sido debidamente reseñados por esta Sala en las causas “C.A.F. c/ EN-M°

    Justicia-PFA y otro s/ Daños y Perjuicios” (Expte Nº 46714/2007), sentencia del 27/06/2019, “C.R.A. c/ EN - M° Interior - PFA -

    Superintendencia de Bomberos y otro s/Daños y Perjuicios” (Expte Nº 18.163

    Fecha de firma: 24/10/2023

    Alta en sistema: 25/10/2023

    Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: TOMAS BRANDAN, SECRETARIO DE CAMARA

    2007), sentencia del 07/09/2017; “L.F.M. y otro contra BCBA y otro Sobre Daños y Perjuicios” (expte. CAF 33770/2007/CA1) y “R.,

    M.L.c..N.-Mº Interior- PFA y otros s/ daños y perjuicios” (expte.

    1.452/2007), falladas el 5 de septiembre de 2017, entre otras, a cuyas consideraciones cabe remitirse y tener por reproducidas en honor a la brevedad. Las sentencias respectivas pueden ser consultadas en la página web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar- “Consulta de Causas Judiciales”).

  6. Que sentado ello, corresponde expedirse con relación a los agravios vertidos por las partes en relación a los rubros indemnizatorios reclamados en los presentes autos.

    En tal sentido, cabe señalar que a fin de determinar concretamente el quantum de la indemnización, el importe del resarcimiento debe guardar una relación de proporcionalidad respecto de aquellos otros demandantes resarcidos por el mismo concepto en similares circunstancias.

    Para ello es necesario tener en cuenta el importe del resarcimiento; a valores de qué fecha se fijó la indemnización; cuál es la tasa de interés aplicable y el total de los intereses devengados hasta el momento, entre otros factores. Ello es así,

    porque se trata de indemnizar daños similares causados por un mismo suceso,

    y no es concebible que, por los mismos daños, cada demandante perciba importes sustancialmente dispares (cfr., en tal sentido, esta S.“., M.L. c/ EN-Mº Interior – PFA y otros s/ Daños y perjuicios” (causa nº 1452

    2007)” y “L.F.M. y otro contra BCBA y otro S/ Daños y Perjuicios” (causa nº 33770/2007), ya citadas, “Andino Facundo Ariel C/ EN - M°

    Interior – PFA- Superintendencia de Bomberos y otro s/ daños y...

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