La malsana dependencia de los planes sociales

Cada año que pasa el Gobierno dispone de más dinero para sostener una multiplicidad de planes sociales. La cifra es elocuente: en 2013 se administraron, sin exigir contraprestaciones, 58 planes sociales a más de 16 millones de beneficiarios por un valor de 74.000 millones de pesos. Para 2014, ya son 60 programas de ayuda social para 18 millones de beneficiarios, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos.Si se compara esa cantidad de beneficiarios con el total de la población del país, podría decirse que más del 40 por ciento de los habitantes recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. Probablemente, el porcentaje sea menor por la sencilla y polémica razón de que, muchas veces, una persona recibe más de un plan asistencial.La paradoja es notoria: un gobierno que se jacta de haber recuperado el salario, reducido la pobreza y ampliado la oferta educativa y de empleo, entre otros tantos presuntos logros de la declamada década ganada, insume cada año una porción mayor del presupuesto en atender a aquellos que no alcanzan a subsistir con sus magros ingresos o que ni siquiera tienen trabajo, a los que arañan niveles mínimos de educación y a los que no acceden a los más básicos servicios de salud, entre otras tantas falencias deliberadamente silenciadas.A esos programas se suman las numerosas pensiones graciables que otorga el Estado, los planes de trabajo escasamente controlados, la discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas, su uso político clientelar y su perennidad. Cuando un país necesita perpetuar la asistencia social es porque no tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que sus habitantes procuren por sí mismos su manutención y ascenso social. Cuando la ayuda reemplaza a la oferta laboral, la dependencia económica se hace hábito, se violenta la dignidad de las personas y sus perspectivas de futuro se encogen hasta hacerse invisibles. Si la ayuda, la asistencia o el subsidio pierden su condición de paliativo, el problema se agrava no sólo porque desnuda la profundidad de la crisis, sino porque evidencia que las autoridades carecen de las herramientas para superarla o, peor aún, porque no les conviene políticamente romper con ese estado de dependencia malsana.Una reciente investigación de Marcos Hilding Ohlsson, de la Fundación Libertad y Progreso, revela que la institución pública que más planes otorga es la Anses (18 programas con casi 14 millones de beneficiarios y un presupuesto de...