Malestar en el campo por la suba de impuestos

 
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Además de estar molestos porque el gobierno nacional no cumplió la promesa de aplicar este año otra rebaja de las retenciones a la soja, que debían disminuir del 30 al 25%, en Buenos Aires y en Córdoba los productores también están preocupados por la mayor carga impositiva que se viene para 2017 en esas provincias.

En el caso de Buenos Aires, el presupuesto del próximo año prevé un aumento del 38% en las valuaciones fiscales de los campos. El impuesto inmobiliario rural, por el que este año se recaudaron $ 3059 millones, en 2017 generará ingresos para la provincia por $ 4269 millones, según un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sobre la base de datos oficiales.

Los dirigentes de esa entidad están disconformes porque al ser una valuación tendrá impacto en otros tributos que no son provinciales, como Bienes Personales y tasas de justicia. "Habrá un efecto cascada", señaló a LA NACION Alfredo Rodes, director ejecutivo de Carbap. Rodes no ve mal un aumento que acompañe a la inflación y que evite un desfinanciamiento de la provincia, pero cree que antes que un revalúo debería aplicarse una modificación de alícuota. De esa forma no se daría el "efecto cascada" en otros tributos.

El inmobiliario rural representa en el presupuesto provincial un 2,13% de los $ 200.433 millones de recursos estimados (sin contar los nacionales). En el caso de Ingresos Brutos, hoy su recaudación asciende a $ 114.041 millones y el gobierno bonaerense apunta a obtener en 2017 $ 144.885 millones, un 27% más. La suba se explicaría porque los precios de los bienes que se transan son mayores y algunas alícuotas fueron modificadas. Según Rodes, aunque no es sencillo establecer cuánto del total de la recaudación por Ingresos Brutos viene del agro, se estima que su participación no es inferior al 30%.

En el caso del impuesto a los sellos, según Carbap habrá un salto del 50%. Además, el gobierno provincial mantendrá la vigencia del impuesto inmobiliario complementario (representa unos $ 560 millones), tributo establecido en 2012 y que los ruralistas quieren ver eliminado. Sigue el denominado impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que también suscita reparos en el sector. "Estamos preocupados por la enorme presión impositiva que tenemos. Tuvimos una mala señal con la no rebaja de retenciones, y ésta es otra", dijo Matías de Velazco, presidente de Carbap. El dirigente mostró su malestar también porque, luego de años...

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