Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 24 de Agosto de 2020, expediente L. 120553

PresidenteSoria-Genoud-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución24 de Agosto de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.553, "M., J.L. contra Polibol S.R.L. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresS., G., P., K..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la vencida (v. fs. 281/303).

Se interpusieron, por la accionada, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 331/372 vta.).

Oído el señor P. General (v. fs. 388/389 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?

    En caso negativo:

  2. ) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

    1. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por J.L.M. contra Polibol S.R.L., L.M., C.M. y M.C. y en su condena decretó el pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más una reparación por daño moral. Dispuso que dicho importe devengaría intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (activa) desde la fecha de exigibilidad del crédito (9 de febrero de 2006) hasta el día 19 de agosto de 2008 y a partir de este momento hasta su efectivo pago a la tasa que percibe la aludida entidad en sus operaciones de depósito a través del sistema de "Banca Internet Provincia" (v. fs. 281/303).

      Para así decidir, señaló que las partes estuvieron de acuerdo en que el actor se desempeñó en favor de la sociedad demandada en la categoría de vendedor, no coincidiendo en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral. En ese orden, ponderando la prueba testimonial y atendiendo a la reglain dubio pro operarioestablecida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.428), acogió la versión denunciada en la demanda respecto a que el ingreso del trabajador aconteció el día 2 de enero de 1999 (v. vered., fs. 281 vta./284).

      Respecto a los accionados L.M., C.M. y M.C., sostuvo que si bien como integrantes de Polibol S.R.L. eran los encargados de la dirección y organización de la empresa, al margen de ello, en esa condición, también asumieron un rol preponderante ejerciendo típicas funciones de empleadores directos (v. vered., fs. 285/286).

      Por otro lado, juzgó acreditado que, en el último tramo de la relación de trabajo, el accionante desarrolló sus labores en un ámbito hostil hacia su persona, habiendo sido marginado de sus tareas habituales y sufriendo acoso moral por su condición sexual. Señaló que a partir de los dichos de los testigos podía percibirse la particular situación que se vivió dentro de la empresa y el trato dispensado a varios de los trabajadores, puesto que las distintas circunstancias relatadas evidenciaron un hostigamiento hacia algunos dependientes por diferentes motivos (en ciertos casos gremiales, por ejemplo, o como en el del actor por su condición sexual). Explicó, que además se verificó una indebida y abusiva utilización de micrófonos y cámaras de video que vulneraba la vida privada de los empleados. También precisó que el último día en que el actor cumplió sus labores sufrió un trato intolerable de un superior y que, aunque no pudo establecerse si se trató del señor M. padre o hijo, sí quedó demostrada la existencia de un incidente que fue verbal, con gritos e insultos y hasta de tono cuasi amenazante y que culminó cuando el accionante fue "acompañado" por alguno de los dueños hasta la escalera "invitándolo" a que se retire (v. vered., fs. 286/291 vta.).

      Con posterioridad, ela quoentendió configurado el acoso laboral omobbingdenunciado por el demandante bajo la figura de "acoso moral". En lo esencial, puntualizó que el actor acreditó el ambiente hostil y discriminatorio hacia su persona -más allá de que también quedó probado que la reprochada práctica empresaria afectó a otros dependientes-; que la presión sufrida por el accionante fue consecuencia de su actividad laboral y tuvo como finalidad lograr que se marchara de la empresa; y que se trató en el caso de una actividad planificada, continua y reiterada (v. fs. 294 vta./295 vta.).

      Destacando que perdía virtualidad analizar los antecedentes disciplinarios del trabajador por tratarse de un despido indirecto, concluyó que su decisión de extinguir el contrato de trabajo con motivo de la conducta asumida por la accionada contraria a los deberes de un buen empleador conforme los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultó justificada (v. fs. 295 vta.).

      Con apoyo en el principioiura novit curia, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las personas físicas codemandadas por considerar que éstas habían actuado "...como empleadores múltiples (directos) en sociedad de hecho conjuntamente con la firma Polibol S.R.L." incurriendo en graves irregularidades registrales y fraude a la ley (v. sent., fs. 295 vta./296 vta.).

      Seguidamente, resolvió que además de las indemnizaciones derivadas del despido, era procedente una reparación por el daño moral a raíz del ilícito extracontractual en que incurrió la empleadora (con cita de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 1 de la ley 23.592; v. sent., fs. 296 vta./300 vta.).

    2. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 18, 75 inc. 22 y 114 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal C.il y Comercial local y 26 de la ley 11.653 (v. fs. 367/371).

      Expresa que ela quoresolvió temas que no fueron introducidos en el proceso o, por lo menos, no en debida forma y que por ello la decisión de grado vulnera el principio de congruencia y acarrea la tacha de arbitrariedad, absurdo y subsidiariamente de nulidad.

      Sostiene que los planteos formulados respecto a la improcedencia de la antigüedad reclamada, del pretenso daño sufrido el trabajador y la extensión de responsabilidad a los socios, no poseen asidero en los elementos de hecho de la demanda, ni fueron resueltos conforme a derecho o razonablemente abordados.

      Con sustancial fundamento en el art. 26 de la ley 11.653, afirma que no se ha efectuado en la demanda el reclamo de todos los conceptos que fueron acogidos en el pronunciamiento, siendo que la liquidación no sustituye la carga de determinar el objeto litigioso.

      Insiste en que el fallo no es congruente, pues no hay coincidencia entre lo resuelto y el objeto de las peticiones.

    3. En coincidencia con lo dictaminado por el P. General (v. fs. 388/389 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.

      III.1. Sin perjuicio de la incorrecta técnica observada en la formulación subsidiaria del recurso en estudio (causas L. 75.914, "Lazarte", sent. de 2-VII-2003 y L. 79.332, "M., sent. de 18-II-2004; e. o.), sus agravios se dirigen a objetar el modo en el que ela quoabordó y resolvió las cuestiones al definir el pleito, ello, atribuyéndole al tribunal de grado la eventual comisión de errores de juzgamiento que son propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajenos al de nulidad (causas L. 84.563, "Lagraña", sent. de 19-V-2010; L. 116.542, "D., sent. de 15-VII-2015 y L. 117.867, "V., sent. de 17-V-2017; e. o.).

      Sentado lo anterior, es dable recordar que los reproches relacionados con la violación del principio de congruencia, cuando no conciernen al vicio de omisión de cuestiones esenciales sino a la imputación de una decisiónextra petita, así como el presunto quebranto de normas procesales o garantías consagradas en la Constitución nacional, también resultan extraños al presente medio de impugnación (causas L. 106.409, "D.Y., sent. de 8-V-2013 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015; e.o.).

      III.2. Finalmente, y pese a su denuncia, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados con una eventual violación del art. 171 de la Constitución provincial, por lo que no cabe su abordaje.

    4. ...

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