Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA CIVIL, 27 de Diciembre de 2022, expediente FGR 023297/2019/CA001
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2022 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca “M.H., S.d.C. c/
ANSeS s/ reajuste de haberes” (FGR
23297/2019/CA1) Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche En General Roca, Río Negro, a los días de diciembre de dos mil veintidós se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad para dictar sentencia en los autos del epígrafe,
conforme con el orden de asignación previamente establecido.
El doctor R.F.G. dijo:
I.
La sentencia de primera instancia admitió la demanda promovida por la parte actora contra la ANSeS y condenó a esta última a redeterminar la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia,
de acuerdo a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Blanco” y “Elliff” (Fallos,
332:1914), es decir según el índice establecido en la resolución 140/95 de la dependencia mentada, pero sin la limitación temporal allí contenida, hasta febrero de 2009,
momento a partir del que resulta aplicable la ley 26.417.
Respecto a la PBU aplicó las consideraciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Q.”.
Por otra parte, rechazó el reclamo tendente a obtener la movilidad de las prestaciones en tanto entendió
que “deberá estarse al ajuste creado por la ley 26.417”.
Hizo específica referencia al pedido de inconstitucionalidad del tope a los aportes establecido por el art.25 de la ley 24.241 y citó el precedente “G.” de la CSJN. Luego, difirió el tratamiento de Fecha de firma: 27/12/2022
Alta en sistema: 28/12/2022
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Firmado por: R.F.G., JUEZ DE CAMARA —1—
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los restantes topes a la etapa de liquidación de sentencia.
Finalmente ordenó el pago del nuevo haber y las retroactividades correspondientes en los términos que establece el art.22 de la ley 24.463, conforme al texto modificado por el art.2° de la ley 26.153 –según la liquidación cuya confección puso en cabeza de la demandada–, con más sus intereses calculados según la tasa pasiva que publica el BCRA y el adicional por zona austral –en la medida en que el beneficiario cumpliese los requisitos legales a tales fines– e impuso las costas en el orden causado.
II.
Contra ese pronunciamiento se alzó la accionada.
III.
En su escrito de agravios cuestionó la omisión de la aplicación del decreto 807/2016 y atacó el modo en que la sentencia ordenó aplicar la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Elliff”,
reprochando concretamente que para actualizar las remuneraciones a tomar en cuenta para determinar el haber inicial de la actora, se ordenase el empleo del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción –
conocido como “ISBIC”-, el cual, postuló, no fue mentado por ese Alto Tribunal en dicho precedente y no puede prevalecer por sobre el que mide la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –en sus siglas “RIPTE”- cuyas ventajas, en detrimento de aquél, desarrolló.
En segundo lugar, postuló que resultaba incorrecto aplicar al caso la doctrina del fallo “Q.” de la Fecha de firma: 27/12/2022
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Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca CSJN, debido a que el beneficio previsional había sido obtenido con posterioridad a la reforma del art.20 de la ley 24.241 producida por el art.4 de la ley 26.417, norma que modificaba sustancialmente el modo de establecer la PBU inicial y, por lo tanto, implicaba un sustrato fáctico diferente al que había dado fundamento al citado pronunciamiento de la Corte.
Luego, se agravió por la decisión de diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad de los topes a la etapa de ejecución de sentencia, así como también por la omisión de aplicar los lineamientos del fallo “V.” al haber del actor computando el adicional zona austral.
Asimismo, cuestionó la declaración de inconstitucional del art.14 de la resolución SSS 6/2009,
que establece un tope a las remuneraciones actualizadas.
Finalmente dejó planteada, ante un eventual rechazo del primer agravio, la queja relativa al alcance temporal que otorgó el juez de grado al índice previsto en el fallo “Elliff”.
IV.
En lo fundamental, las cuestiones propuestas por la demandada guardan sustancial analogía con las resueltas por esta cámara en “De Luca, V. c/ ANSeS s/ reajuste de haberes” (FGR 41018494/2011, sent.def. del 25 de noviembre de 2014).
Conviene señalar que la doctrina citada continúa siendo aplicable debido a que la resolución S.S.S. 06/09
(y la correspondiente resolución 135/09 de la ANSeS, cuyo anexo 1 detalla los coeficientes de actualización), no saneó el congelamiento de los índices entre marzo de 1991
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Firmado por: R.F.G., JUEZ DE CAMARA —3—
Firmado por: M.F., SECRETARIO DE CAMARA
y febrero de 2009, fecha en la cual comenzó a regir el creado por el art.6 de ley 26.417 (sustituto del art.32 de la ley 24.241).
Asimismo recuerdo que esta cámara, al pronunciarse en autos “R., A.M. c/ Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSeS - s/ rectificación haber inicial” Sent.Def.S.72/18 del 7 de septiembre de 2018,
declaró inaplicable la resolución 56/18 de la ANSeS,
descartando de ese modo la pertinencia de la utilización (para actualizar las remuneraciones devengadas entre abril de 1995 y la entrada en vigencia de la ley 26.417) del índice RIPTE en los beneficios otorgados con anterioridad al dictado del decreto 807/16 y, con ello, respaldó la validez del criterio que, en cuanto a la necesidad de computar haberes actualizados, quedó expuesto en “De Luca”.
Con posterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Blanco Lucio Orlando c/ ANSeS s/
reajustes varios” (CSS 042272/2012/CS001, 18 de diciembre de 2018) adoptó similar tesitura y dispuso que hasta tanto el Congreso de la Nación no estableciera un índice de actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego, la doctrina expuesta en el fallo “Elliff” mantenía plena operatividad y vigencia (considerandos 21 y 22).
Entiendo que las consideraciones precedentes resultan...
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