Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 16 de Diciembre de 2020, expediente A 74496

PresidenteKogan-Soria-Pettigiani-de Lázzari-Torres-Mancini
Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.496, "., C.M. y otros contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresK.,S.,P.,de L.,T.,M..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 289/297 vta.) y confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda promovida por la doctora A.S.P. en representación de los demandantes individualizados en el acápite V (personería) de la postulación de la causa 26.603 y de las pretensiones interpuestas por los señores C.A.A. (causa 25.560) y C.A.M. (causa 27.173), ambas acumuladas a la presente, y todas deducidas contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas de la instancia en el orden causado (v. fs. 318/326).

Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 330/346 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 348/349.

Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 354), agregada la memoria de la demandada (v. fs. 357/363) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. La doctora A.S.P., en su carácter de apoderada de los accionantes, todos ellos beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, dedujo demanda contencioso administrativa contra el referido organismo previsional solicitando la nulidad de los actos administrativos que denegaron la incorporación de la suma establecida por el decreto 54/11 en el haber de pasividad de sus mandantes.

  2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda interpuesta.

    Para así decidir, consideró ajustado a derecho el pronunciamiento de grado, en cuanto resolvió que no correspondía la inclusión en la determinación del haber previsional de los actores -que revisten en calidad de retirados, jubilados o pensionados, según el caso-, de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en el decreto 54/11.

    II.1. Compartió lo resuelto por la magistrada de primera instancia respecto a que el referido adicional no queda comprendido en el concepto amplio de retribución de la ley de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires 13.236, cuyo art. 26 establece que el importe de los beneficios de pasividad se fija de acuerdo a los porcentajes que allí mismo se determinan sobre la base de la última retribución o asignación correspondiente al grado del que era titular el afiliado a la fecha de su cese en el servicio activo.

    Destacó que dicha retribución es comprensiva de todos los suplementos, bonificaciones, adicionales y servicios de extensión profesional que tengan el carácter de regulares y habituales y sobre los cuales se hagan obligatoriamente aportes previsionales.

    Señaló que, tal como lo expuso la sentencia de grado, el decreto 54/11 ha instaurado un adicional que no se encuentra sujeto a descuentos de leyes previsionales y que reviste carácter especial, atento a que no se instituyó para todo el personal en actividad por el solo hecho de serlo.

    Advirtió que la bonificación referida -calificada como no remunerativa y no bonificable, no sujeta a aportes previsionales-, ha sido prevista en beneficio de un grupo singular de agentes policiales, que comprendería a aquellos que, encontrándose en actividad (por oposición a la situación de pasividad), cumplen con la prestación efectiva de servicios, procurando actuar como incentivo, a fin de resguardar y garantizar en debida forma la seguridad pública (cfr. cons. 1 y 2, dec. 54/11).

    Consideró que el sistema diseñado por la ley 13.236 se aparta del concepto general de remuneración y acuña uno especial, lo que torna inaplicable la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia en materia de remuneración, estructurada a partir del decreto ley 9.650/80, porque en presencia de una regulación especial, que aborda los rubros sujetos a aportes y que consecuentemente deben ser tenidos en cuenta para determinar el haber, no corresponde, en principio, acudir a las disposiciones contrarias insertas en el régimen general.

    Destacó que cuando el legislador se aparta del concepto general, instituyendo un sistema especial, su acierto o conveniencia constituye materia específica de política legislativa que excede por regla los límites de la jurisdicción del Tribunal.

    II.2. Por otra parte, también compartió lo expuesto por la magistrada de grado respecto a que del informe remitido por el Ministerio de Seguridad provincial (v. fs. 210) surge que el incentivo policial del decreto 54/11 se abona a partir del día 1 de enero de 2011, en forma general y habitual, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se encontraban a esa fecha en actividad y cumpliendo con la prestación efectiva de servicios; coligiendo de ello que no se distinguió entre jerarquías ni escalafones para su pago y que tal informe nada dijo en relación con los sujetos que efectivamente perciben el incentivo.

    A su vez advirtió, al igual que la magistrada de grado, el diverso sustrato jurídico existente entre los casos en que recayeron los precedentes jurisprudenciales adoptados en torno a la interpretación de la bonificación del decreto 1.014/97 (causa B. 60.715, "N., sent. de 11-VIII-2010), del caso, en el cual el incentivo policial del decreto 54/11 no ha sido contemplado en forma genérica para todo el personal en actividad, como acaeció en aquel decreto, sino en especial respecto de quienes, revistando en actividad, se encontraran prestando servicios en forma efectiva.

    II.3. Por último, resaltó que la bonificación consignada en el decreto en cuestión no está sujeta a aportes previsionales. Recordó que todo régimen jubilatorio se financia -entre otros fondos- con los provenientes de los aportes de los empleados y los empleadores y que su destino es el de posibilitar el cumplimiento de los fines para los cuales las cajas fueron creadas.

    Señaló que tales contribuciones revisten el carácter de forzosas y ni el trabajador ni el empleador pueden eximirse de efectuarlas, desde que derivan de una obligación establecida por la ley, tendiente a robustecer la individualidad financiera de las cajas en favor de la categoría de trabajadores ligados por el vínculo de la actividad común.

    II.4. Concluyó que se ajustó a derecho la decisión judicial recurrida, en tanto en el caso no se encontraban presentes las condiciones que exige la normativa para delinear el concepto de retribución (el carácter regular, habitual de la asignación y que sobre ésta se hagan obligatoriamente los aportes previsionales), no correspondiendo la inclusión en la determinación del haber previsional, de la bonificación no remunerativa no bonificable establecida en el decreto 54/11.

  3. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 330/346 vta., la parte actora denuncia la errónea aplicación de los arts. 26 y 27 de la ley 13.236 y de la doctrina legal que cita. También acusa la violación de los arts. 1, 2 y 3 del Código C.il y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 y 375 del Código Procesal C.il y Comercial; 14, 14 bis, 17, 18, 28, 31, 33 y 43 de la C.itución nacional y Tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Luego de reseñar los antecedentes del caso, en el acápite V (v. fs. 336/346 vta.) fundamenta el recurso.

    III.1. Aduce que la Cámara se equivoca al considerar que la bonificación reclamada en autos no cuenta con los caracteres de habitualidad, normalidad, regularidad y permanencia. Así, alega que del texto del decreto 54/11 no surge ninguna condición a la que sujetar el derecho a la retribución que es inherente al trabajo profesional de policía, pues para su cobro no se exige la realización de mayores o distintas tareas.

    Sostiene que sus características no exceden de la prestación que define el vínculo laboral como única variable, pues la causa de su asignación es el trabajo que realizan quienes lo perciben.

    Destaca que, en el caso, no se ha acreditado que el Ministerio de Seguridad haya intervenido conforme lo establece específicamente la norma (art. 2, dec. cit.), ni hubiera determinado beneficiarios distintos a la generalidad de los...

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