Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 3 de Mayo de 2000, expediente B 59728

Ponente:Juez DE LAZZARI (SD)
Presidente:de Lázzari-Hitters-Pettigiani-Salas-Dominguez
Fecha de Resolución: 3 de Mayo de 2000
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a tres de mayo de 2 mil, habiéndose establecido que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Hitters, P., S., D., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia en la causa B. 59.728, “M., J.A.. Amparo”.

A N T E C E D E N T E S
  1. El señor J.A.M., por medio de una acción de amparo, cuestiona la decisión adoptada a su respecto por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, consistente en considerar que no reunía el requisito constitucional de “tres años de práctica en el ejercicio de la profesión de abogado” y, por consecuencia, rechazar su postulación para ocupar un cargo vacante en el Poder Judicial.

    Entiende que esa decisión resulta manifiestamente ilegal y arbitraria por cuanto se recibió de abogado en 1992 y de especialista en derecho penal en 1994 y, desde la fecha en que obtuvo su título hasta el 14 de julio de 1997 trabajó en un Juzgado Federal, circunstancia que le impidió el ejercicio libre de su profesión por haber tenido su título bloqueado. Por otra parte, afirma que desde 1994 se desempeña como Director de Servicios Técnico Administrativos de la Gobernación, función en la que desarrolla tareas de neta índole jurídica.

    Relata que con tales antecedentes, en el año 1996 se inscribió para participar de los concursos llamados por el Consejo para la cobertura de cargos en el ámbito de la justicia penal, postulación expresamente aceptada para los cargos del Ministerio Público.

    Dice que durante 1998, volvió a aceptárselo como aspirante a cargos de A.F. y Juez de Primera Instancia, llegando a rendir las pruebas que se tomaron y a efectuársele un examen de aptitud psicofísica, aunque luego se le comunicó que no había aprobado las pruebas. Finalmente, luego de presentarse a rendir un examen en agosto de 1998, se le comunicó sorpresivamente la resolución que ahora impugna.

    Después de extenderse en consideraciones acerca de qué debería interpretarse por “práctica de la profesión de abogado” y de manifestar que considera absurdo que se identifique ese ejercicio con el hecho de encontrarse matriculado, sostiene que la resolución que cuestiona es manifiestamente ilegal, argumentando que fue adoptada con posterioridad a que se lo aceptara como postulante y carece de toda fundamentación. Entiende además, que resulta de aplicación al caso la doctrina de los propios actos.

  2. El juez interviniente resolvió remitir las actuaciones a la Suprema Corte por considerar que podría hallarse comprometida la competencia del Tribunal (fs. 45).

  3. Recibida la causa en la Secretaría de Demandas Originarias, luego de que se excusaran de intervenir en estos autos algunos de sus miembros, se integró el Tribunal que a fs. 65 resolvió radicar el expediente en la aludida Secretaría, no hacer lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito inicial y requerir del señor Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires el informe circunstanciado que prevé el art. 10 de la ley 7166, acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida cuestionada por el señor M..

  4. El señor Presidente del Consejo de la Magistratura, al efectuar el informe requerido, puso de manifiesto que el actor se inscribió en el procedimiento que culminara con la resolución que impugna el día 20 de febrero de 1998, oportunidad en la que afirmó que se había matriculado el día anterior, pero que su título de abogado había sido expedido en 1992 y que se desempeñó como empleado en la justicia federal desde 1984 hasta 1997 y como Director de la Gobernación de la Provincia desde octubre de 1994.

    El órgano que preside dice, sobre la base de la resolución adoptada el 4 de mayo de 1998 acerca de la cuestión relativa a la antigüedad en la práctica de la abogacía que la Constitución de la Provincia exige para ocupar cargos en el Poder Judicial, entendió que el señor M. no cumplía con ese requisito.

    Arguye que la acción de amparo no resulta procedente por las siguientes razones:

    ...

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