Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 31 de Octubre de 2016, expediente L 119058

PresidenteKogan-de Lázzari-Soria-Pettigiani-Negri-Hitters
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 31 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK., de L., S., P., N., Hitters,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.058 "Magnanini, C.A. contra ESEBA SA. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial Necochea hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas solidariamente a las demandadas vencidas (v. fs. 803/826).

El Fisco provincial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 843/850), concedido por el citado tribunal a fs. 975 y vta.

Dictada la providencia de autos a fs. 1008, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014) se ordenaron a fs. 997, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

  1. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda que C.A.M. promovió contra ESEBA SA, ESEBA Generación SA y Luz Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, en cuanto les había reclamado -con sustento en normas de derecho común- el cobro de una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la minusvalía que contrajera como consecuencia de las tareas prestadas para su empleadora.

    Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto que el actor padece hipoacusia perceptiva bilateral que lo incapacita en un 100% para el desarrollo de sus tareas habituales, hallándose causalmente vinculada dicha dolencia con las labores que desempeñó como Operario de Guardia en favor de ESEBA SA (v. vered., 2da. y 4ta. cuests., fs. 803 vta./804 vta. y 807 vta.).

    Asimismo, juzgó probado el carácter riesgoso del ambiente laboral donde el actor M. desarrolló sus tareas. Ello así, pues, conforme los dichos de los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa y el informe pericial producido por el especialista en seguridad e higiene, aquél había estado expuesto a elevados niveles de ruido proveniente de turbinas, calderas, cañerías de vapor, electrobombas, transformadores, máquinas de planta química, etc. (v. vered., 3ra. cuest., fs. 804 vta./807).

    En la sentencia, el juzgador se detuvo inicialmente a brindar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad que del art. 39 de la ley 24.557 formuló la parte actora en su escrito de promoción de la demanda y, con apoyatura en las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "A.", consideró que dicho precepto legal, al limitar el acceso a la vía civil tanto para el trabajador como para sus derechohabientes en aquellos casos que no están previstos como excepción -esto es, los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva no proveniente de dolo-, quebranta principios de raigambre constitucional como el de igualdad ante la ley, así como los derechos de propiedad y libre acceso a la justicia consagrados por los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28 y pactos y tratados internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 812/814 vta.).

    Luego, sobre la base de los hechos acreditados en el veredicto, juzgó configurados en cabeza de ESEBA SA los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva, en los términos del art. 1113 del anterior Código Civil (ley 340). Consideró, además, que en autos no había sido acreditada culpa alguna de la víctima en la aparición de su dolencia (v. sent., fs. 815 vta./817 vta.).

    Fijó el importe indemnizatorio, que estimó prudente para resarcir el daño provocado en la salud del accionante, haciendo mérito para ello de las prescripciones del art. 1069 de aquel ordenamiento, de la fórmula matemática que individualizó y del principio de reparación integral. A dicho monto adicionó la indemnización por daño moral -$ 45.000- (v. sent., fs. 817 vta./819 vta.).

    También determinó el sentenciante de grado que Luz Aseguradora de Riesgos del Trabajo -con quien la empresa ESEBA SA había celebrado contrato de afiliación para cubrir los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales de sus dependientes- no cumplió con sus obligaciones de prevención y control que la ley puso a su cargo, y entendió que dicha circunstancia habilitaba una condena solidaria en los términos de los arts. 512 y 1074 del derogado Código Civil, por inobservancia de las pautas establecidas por los arts. 4 y 31 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 819 vta./822).

  2. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

    1. En el inicio de su crítica, denuncia que la decisión de grado es violatoria de la doctrina que esta Suprema Corte ha establecido a partir del precedente L. 80.735 "Abaca", sent. de 7-III-2005, toda vez que el tribunal de trabajo interviniente condenó a ESEBA SA a la reparación integral del daño, declarando en abstracto la invalidez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, esto es, sin efectuar el cotejo o comparación que allí se ordenó.

      En este aspecto, argumenta que debió dicho órgano jurisdiccional -y no lo hizo- verificar si, en el específico supuesto de autos, existía un desfasaje gravitante entre la indemnización integral reclamada en demanda, en base a las normas del derecho común, y la tarifa que prevé el régimen especial de reparación de infortunios laborales.

    2. Cuestiona además el porcentaje de incapacidad que tuvo en cuenta el tribunal de origen para determinar la indemnización.

      En ese sentido, comienza por destacar que, en su informe, el perito médico, arribó a la conclusión de que M. era portador de una incapacidad del 15,96% de la total obrera en función de la hipoacusia perceptiva bilateral detectada. No obstante ello, continúa, el tribunala quocuantificó el resarcimiento utilizando como parámetro el porcentual que dicho profesional consignó en la aclaración que brindó a fs. 514/515, donde concluyó que el actor se encontraba incapacitado para el ejercicio de sus tareas habituales en un 100%.

      Señala que al no haberse acreditado en autos que las tareas desarrolladas por el trabajador requerían de una capacitación y especialización propia de una "profesión habitual", concepto que no corresponde asimilar al de "labores habituales", la indemnización debió haber sido fijada en orden al índice de la total obrera.

      Expresa que de las constancias de la causa no surge que el accionante posea algún tipo de profesión que lo calificara especialmente para los servicios que prestó para la empresa ESEBA SA. Por el contrario, continúa, su función de "operario de guardia" sólo requirió una mínima capacitación inicial que fue provista por la propia empleadora a su ingreso, con el dictado de un modesto curso.

      En definitiva, sostiene que tales labores no estuvieron alcanzadas por el concepto de profesión habitual, resultando por ende de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte emanada de la causa L. 87.715 "Sanabria", sent. de 22-IX-2010.

      Sin perjuicio de lo expuesto, invoca la absurda valoración de la pericia médica, alegando que dicho profesional consignó en su informe que el actor estuvo sometido a ruidos intensos durante 7 años, habiendo cesado el ambiente laboral nocivo en el año 1986 cuando la empleadora instaló cabinas acústicas que redujeron el impacto sonoro en los operarios.

      De ello se desprende, afirma, que desde aquella fecha y hasta el año 1997 en el que M. se acogió al retiro voluntario, éste último pudo desarrollar sus tareas sin sufrir daño en su salud en virtud de las medidas de seguridad tomadas por la empleadora; por lo que, concluye, luce evidente que al momento de su egreso aquél no se encontraba totalmente incapacitado para cumplir las funciones que venía desempeñando.

    3. También se opone al rechazo del planteo de compensación de créditos dispuesta en la instancia de grado, esgrimiendo que el tribunal de mérito desinterpretó groseramente el acta acuerdo suscripta al momento del cese entre el trabajador y el empleador, donde estipularon que "... al importe abonado por la empresa, las partes le otorgan además efectos de pago compensatorio y cancelatorio de cualquier concepto remuneratorio e indemnizatorio que pudiera haberse derivado del contrato de trabajo que se extingue".

      En tales términos, expone que la indemnización reclamada en autos se origina en el contrato de trabajo existente entre el señor C.A.M. y ESEBA SA, quedando por ende inevitablemente alcanzada por los efectos compensatorios pactados entre aquellos en la oportunidad señalada.

    4. Finalmente, controvierte que en la sentencia de origen se actualizara el monto de la indemnización en concepto de reparación integral, ya que -afirma- dicha posibilidad se encuentra expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, pudiéndose únicamente adicionar al capital de condena intereses a la tasa pasiva, conforme así fue establecido en el fallo recurrido.

  3. El recurso prospera parcialmente.

    1. Asiste razón al recurrente en cuanto plantea la errónea aplicación al caso de la doctrina legal que esta Corte ha elaborado en torno al art. 39 de la ley 24.557.

      1. Efectivamente, si bien el órgano jurisdiccional de grado hubo de decidir este aspecto de la controversia en base a las directrices plasmadas por el Superior Tribunal nacional en la causa A.2652.XXXVIII "A., Isacio c/ Cargo Servicios...

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