Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 7 de Febrero de 2018, expediente C 114673

PresidenteGenoud-Negri-Kogan-Soria-de Lázzari-Pettigiani-Kohan
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 7 de febrero de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., N., K., S.,de L., P., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 114.673, "Maddalena S.A.C.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo C.il y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que había admitido la acción y determinado el monto indemnizatorio, elevándolo (v. fs. 476/483).

Se interpuso por la Fiscalía de Estado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 488/494).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

I.1. M.S., por medio de apoderado, promovió juicio de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires respecto de los inmuebles de su propiedad, individualizados catastralmente como Circ. XII parcelas 1.717-d y 1.703-g, ubicados en el Partido de 25 de Mayo, afectados por la realización de la obra pública denominada "Canalización del Arroyo Piñeyro", reclamando el valor de la tierra, su actualización por depreciación monetaria, la depreciación del remanente, alambrados, obras de arte y otras mejoras e instalaciones, supeditando la fijación de los importes al resultado de las pericias, como también la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y de las leyes 11.192, 12.727 y 12.836 (v. fs. 9/15 y fs. 66/67).

Corrido el traslado se presentó la Fiscalía de Estado contestando demanda repeliendo la acción y, en subsidio, impugnando los rubros peticionados por la actora (v. fs. 91/98).

Se abrió el juicio a prueba, se celebró la audiencia del art. 32 de la ley 5.708 (v. fs. 412/414) y se dictó sentencia haciendo lugar a la acción y fijando la indemnización por la expropiación a la fecha de la desposesión (septiembre de 1994; v. fs. 424/434 vta.).

Este pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 435) y por la demandada (v. fs. 445), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 465/469 y 470/475 vta.).

I.2. La Cámara -en la medida del recurso en estudio- elevó el valor de la tierra expropiada al hacer mérito de la pericia presentada por el ingeniero G.L. por contener valores más cercanos a la fecha de la sentencia de primera instancia.

Para así decidir tuvo en cuenta, como ya lo había hecho en otras causas, que el criterio sentado en el art. 8 de la ley 5.708, sostenido por el Fisco, conculcaba el derecho de propiedad que consagraba el art. 17 de la C.itución nacional, pues los valores a la época de la desposesión -año 1994- habían quedado relegados por los valores actuales del bien en el mercado inmobiliario, como así lo ponía de relieve la pericia mencionada donde surgía que los campos se cotizaban en dólares estadounidenses y habían aumentado considerablemente su valor por los factores actuales de mercado (v. fs. 476 vta./477).

Consideró que tenía el deber constitucional de aplicar valores actuales conforme a la realidad económica a la época en que se pronunciaba y para ello tuvo en cuenta además, la doctrina elaborada por la Corte nacional respecto del art. 17 de la C.itución nacional y del concepto de "justa indemnización" (fs. 477 vta./478).

También interpretó los arts. 8, segunda parte, y 35, primer párrafo, de la ley 5.708 y concluyó que de verificarse que el valor a la fecha de la desposesión no reflejaba el real a la época de dictarse la sentencia, el juez debía ponderar esa circunstancia, pues encontraba fundamento para ello en el art. 2.511 del Código C.il y en los fallos de la Corte nacional que citó (v. fs. 478/479).

Luego de resaltar la imparcialidad del perito tercero y tomar en cuenta el valor de la hectárea por el experto informada en dólares estadounidenses, apoyó su decisión en las causas C. 101.707, sentencia de 23-III-2010 y C. 100.908, sentencia de 14-VII-2010 (v. fs. 479 vta./480).

  1. Se agravia la Fiscalía de Estado denunciando como inaplicados o aplicados erróneamente los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164 y 384 del Código Procesal C.il y Comercial; 16 del Código C.il; 8 y 35 de la ley 5.708 y 17 y 18 de la C.itución nacional. Asimismo, alega absurdo y violación de doctrina legal que cita.

    Basa su queja en que la fijación del valor de la expropiación a la fecha de la pericia es contraria a lo que dispone el art. 8 de la ley 5.708, a lo que se agrega la errónea interpretación de los fallos que cita, lo que convierte al pronunciamiento en carente de fundamento legal (v. fs. 488 vta.).

    Encuentra errado el concepto "valor objetivo" del bien que ha establecido la Cámara ya que no está contemplado en la C.itución pero sí en la ley de expropiación, advirtiendo que el valor propuesto por el perito G.L. tiene incorporado un porcentaje correspondiente al mayor valor de los campos en el año 2005 y a la inflación, los que al no poder ser desagregados provocan la violación de la ley 25.561. Señala que también se contradice cuando afirma que el valor de expropiación no es un precio y luego lo fija en el valor actual de mercado (v. fs. 489 y vta.).

    Pone de relieve que la Cámara ha hecho una interpretación de los fallos de la Corte nacional en forma errada y que no tomó en cuenta que en el memorial de agravios esta parte había invocado la sentencia dictada por el Máximo Tribunalin re"Chaco, Provincia de c/Confederación General del Trabajo" (C.662.XXXIV, sent. de 9-III-2010) donde se había fijado el valor a la fecha de la desposesión, ratificando el fundamento de la norma nacional que así lo dispone (v. fs. 489 vta./490).

    Resalta que el cimero Tribunal nacional al fallar como lo hizo respetó la división de poderes ya que el Poder Judicial no puede dejar de aplicar una norma sin declarar su inconstitucionalidad. Afirma que, por el contrario, la Cámara ha basado su decisión teniendo en cuenta el caso "Nechi" aunque reconociendo que, a diferencia de aquél, en la presente litis no se presentaba el tema de la desvalorización monetaria (v. fs. 490 y vta.).

    Destaca, también, que es incorrecta y contradictoria la opinión del autor que el Tribunal de Alzada utilizó ya que -entiende- obedece al criterio civilista sobre la cuestión debatida y considera un retroceso sobre la materia expropiatoria la referencia que se hizo al art. 2.511 del Código C.il, norma que es anterior al régimen legal específico y a la doctrina y jurisprudencia que sobre el tema se ha desarrollado y que coloca a la expropiación en el ámbito del derecho público (v. fs. 490 vta./491).

    Señala como errónea la cita que la Cámara hace del fallo 317:377 "F.B." en razón de que en el caso no había habido posesión por parte del Estado, considerando así también equivocada la referencia a las causas Ac. 63.091 y Ac. 92.942 ya que se resolvieron en sentido contrario. Advierte que no se tomó en cuenta la reciente doctrina establecida en la Ac. 92.942 que ratificó la vigencia del art. 8 de la ley 5.708 (v. fs. 491/492).

    Critica además la utilización de lo establecido en las causas C. 101.107 y C. 100.908 para apoyar su postura de fijar el valor del bien en dólares estadounidenses, encontrando contradictoria la conclusión a la que arribó pues, pese a reconocer que los valores de los inmuebles se fijan en esa moneda extranjera, el perito G.L. así lo hizo para la valuación correspondiente al año 1994 que fue el de la desposesión, destacando la violación del derecho de defensa de las partes al haber utilizado la Cámara como criterio de selección de las pericias la fecha y el origen y no los fundamentos (v. fs. 492).

    Sostiene que el pronunciamiento de la Cámara fijando los intereses desde la fecha de la desposesión siguiendo lo establecido en el art. 8 de la ley 5.708 es absurdo porque no aplica el precepto legal para determinar el valor de la tierra, destacando la configuración de una doble indemnización: si se tiene en cuenta que el interés palia la privación de uso del bien desde la desposesión, al tomar el valor actual de la tierra se produce una doble indemnización por el mismo concepto (v. fs. 492 vta.).

    Por último, solicita que de hacerse lugar al recurso respecto del valor de bien se adecue el importe de la indemnización reconocida por la depreciación del remanente (v. fs. 492 vta.).

  2. El recurso prospera parcialmente.

    III.1. En principio, corresponde pronunciarse sobre la falta de fundamentación legal que la recurrente encuentra configurada en el pronunciamiento cuestionado.

    En tal dirección, corresponde señalar que el embate no puede ser atendido, por cuanto -sabido es- que el recurso de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea a los fines de canalizar los agravios suscitados por la eventual falta de fundamento legal del fallo, resultando tales cuestiones propias del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas C. 90.342, "R. y Vilapreño S.A.", sent. de 21-XII-2011; C. 112.716, "Rial", sent. de 7-V-2014; C. 118.755, "Ondarcuhu", sent. de 22-VI-2016; e. o.).

    Lo expuesto, basta para repeler esta fracción recursiva (art. 289, CPCC).

    III.2. Ahora bien, abordando el agravio central de la queja en estudio (que cuestiona el valor de la tierra asignado), cabe destacar que la Cámaraa quoratificó la aplicación del criterio "valor actual" para la determinación de la indemnización expropiatoria que venía sosteniendo en otros precedentes. De allí que consideró que la estricta sujeción que la Fiscalía de Estado pregonaba del art. 8 de la ley 5.708, conculcaba el derecho de propiedad que consagraba el art. 17 de la C.itución nacional, ya que los valores a la época de la...

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