Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 17 de Diciembre de 2019, expediente FCT 014823/2018/CA001

Fecha de Resolución17 de Diciembre de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

E.. N° 14823/2018/CA1

En la ciudad de Corrientes, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil

diecinueve, estando reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones, D.. M.G.S. de A. y R.L.G., asistidos por la

Sra. Secretaria de Cámara Dra. C.O.G. de Terrile, tomaron conocimiento del

expediente caratulado “M., A.S. c/ Mutual del Personal del Agua y de la

Energía de Corrientes s/ Amparo Ley 16986”, E.. N° 14823/2018/CA1 proveniente del

Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad.

Efectuado el sorteo a los fines de determinar el orden de votación, resultó el siguiente:

D.. R.L.G., S.A.S. y M.G.S. de Andreau.

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EL DR. R.L.G. DICE,

CONSIDERANDO:

1 Que, el apoderado del actor promovió recurso de apelación contra los puntos 2°,

  1. y 4° de la resolución dictada por el juez a quo a fs. 115/116 vta., que en lo que aquí

atañe, no hizo lugar a la acción promovida en cuanto solicita la cobertura del 100 % del

medicamento indicado para tratar su patología fundando en que no existe norma alguna

que lo fundamente, con costas por su orden y asimismo, reguló los honorarios

profesionales.

2 Concedido el planteo a fs. 128 y sustanciado, no fue contestado por la demandada,

según constancia de fs. 132.

Fecha de firma: 17/12/2019 Alta en sistema: 20/12/2019 Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA #32977596#252665592#20191217072651998 3 Al folio 136 se llamó al Acuerdo para resolver las cuestiones sometidas a revisión

por este Tribunal de Alzada.

4 Puede verse que la demanda se promueve con el objeto de que se le proporcione

la cobertura del 100 % del tratamiento indicado para la patología del actor (Angioedema

hereditario, tipo 1, según constancias de fs. 19, 21, 23), esto es, I. de C1 –B.

e Icatibant –Fyrazyr, ambos en la frecuencia y cantidades que su médico tratante lo indica.

Aclara al iniciar la acción que se trata de un trastorno genético muy poco frecuente,

y que afecta aproximadamente entre 1 de cada 10.000 y 1 de cada 50.000 personas en todo

el mundo, y se caracteriza por la aparición espontánea y recidivante de episodios de

hinchazón (edema) de la piel de distintas partes del cuerpo, las vías respiratorias y los

órganos internos. Agrega que el objetivo del tratamiento de los ataques consiste en evitar la

progresión del edema y en aliviar los síntomas, especialmente, cuando se halla

comprometida la laringe, pues puede causar la muerte por asfixia si no se trata de

inmediato. Destaca que la aplicación de uno u otro medicamento es de diferente

componente, efecto, administración, aplicación (uno requiere internación y el otro es por

autoadministración ambulatorio), eficacia (dice que B. según el prospecto no sirve

para las crisis agudas de edema de glotis o vías aéreas superiores poniendo en riesgo la

vida del paciente), tiempo de alivio, etc., por lo que justifica que el tratamiento con

  1. es complementario, y no excluyente de F.I., lo que ha sido

    interpretado equívocamente la demandada. Alega que la cobertura concedida a su parte ha

    sido de un 85 %, con lo cual debe disponer del 15 % del costo del medicamento, lo cual es

    imposible para el amparista. Destaca además que en la reforma del PMO del año 2012, se

    incluyó la cobertura obligatoria del I. C1 B., con porcentaje de cobertura del

    100 % (Res. 1200/12 S. y que a su entender no fue incluido el medicamento F.

    en ese listado porque aún no estaba disponible en el país.

    5 El Juez a quo al dictar sentencia a fs. 115/116 vta. respecto a la pretensión

    vinculada al porcentaje de cobertura, concluyó que no correspondía la aplicación de la Ley

    24901 “Sistema De Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor

    de las Personas con Discapacidad”, porque el certificado de discapacidad que acompañó el

    actor se hallaba vencido y que por ello tampoco se aplicaba el porcentaje de cobertura que

    establece esa ley. Agregó que tampoco advierte que en las Leyes 26682 y 26689 surja que

    Fecha de firma: 17/12/2019 Alta en sistema: 20/12/2019 Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA #32977596#252665592#20191217072651998 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES la cobertura deba ser del 100 %, salvo que se trate de personas con discapacidad. Refiere

    que por Resolución 2329/14 del Ministerio de Salud de la Nación se creó el Programa

    Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénicas y que una de las

    acciones que debía desarrollar dicho Programa era elaborar un listado de enfermedades

    poco frecuentes, y destaca que el apoderado de la parte actora en ningún momento refiere

    siquiera al listado ni invoca que la enfermedad que padece esté allí incluida, y que menos

    aún prueba que dicha circunstancia haya sido informada y acreditada debidamente ante la

    Mutual demandada.

    6 Al fundar la apelación el actor recurrente alega que le causa agravio la falta de

    cobertura del 100 % del tratamiento de la Enfermedad Poco Frecuente que padece.

    Señala que su pretensión se apoyó en la armónica interpretación de las normas que

    rigen el Sistema de Salud en nuestro país (art. 1 de la Ley 26682, arts. 2 y 6 de la Ley

    26689 y su decreto reglamentario, que en lo pertinente remite a la Ley 24901, destacándose

    particularmente las disposiciones de su artículo 38), y no exclusivamente en el carácter de

    discapacitado de su mandante. Agrega que si bien oportunamente se invocó la aplicación

    de la Ley de Discapacidad ante la inadvertencia del vencimiento del certificado y luego en

    la legítima creencia que el mismo sería renovado dado que la enfermedad que padece es

    genética, y no se curó, ni modificó su situación de salud), lo concreto es que no se sostuvo

    ese fundamento normativo relativo a la discapacidad en forma exclusiva.

    Dice que en todo caso el juez por impero del principio iura novit curia debe aplicar

    el derecho correspondiente.

    Destaca que el a quo funda su decisión en la literalidad de la norma, sin siquiera

    considerar lo manifestado por su parte sobre que la Reglamentación de la Ley no puede

    convertir en letra muerta su contenido, y que la directiva de la Ley en el sentido que la

    asistencia debe ser especial, es clara, y no puede interpretarse como asistencia

    equivalente

    al del...

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