Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Junio de 2016, expediente A 72121

PresidenteSoria-Pettigiani-de Lázzari-Genoud-Negri-Kogan
Fecha de Resolución29 de Junio de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de junio de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., P., de L., G., N., K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.121, "M., H.J. contra Instituto de Previsión Social. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la pretensión del actor de reajustar su haber previsional mediante la consideración de las Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia –U.R.P.E.- creadas por el decreto 159/2002 (fs. 124/130).

Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (fs. 133/141), el que fue concedido por resolución de la Cámara interviniente a fs. 143/144.

Dictada la providencia de autos para resolver (fs. 148), agregado el memorial de la parte actora a fs. 151/154, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

I.1. El señor H.J.M. dedujo acción contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de las resoluciones 545.444 de fecha 19-V-2005 y su convalidatoria del 6-VII-2006 dictadas por el Directorio de ese organismo previsional, a través de las cuales se le denegó el reajuste del haber jubilatorio con las denominadas Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (U.R.P.E.) establecidas mediante el decreto 159/2002, por no reunir los recaudos exigidos por el art. 40 del decreto ley 9650/1980.

  1. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata hizo lugar a la demanda y reconoció el derecho del actor al referido reajuste previsional desde el 31-VIII-2002 -conforme el reclamo administrativo del actor ante el Instituto de Previsión y el plazo bienal de prescripción previsto en el art. 62 de la ley previsional- y hasta el 1-V-2010, fecha a partir de la cual el decreto 1956/2010 eliminó el sistema de Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (U.R.P.E.) para los agentes del Instituto de Previsión Social enmarcados en la ley 10.430. Asimismo, condenó a la entidad demandada al pago de las sumas que resulten de la liquidación a practicarse, con más los intereses de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigentes en los distintos periodos de aplicación hasta la fecha de su efectivo pago. Impuso las costas en el orden causado (art. 51 del C.C.A., ley 12.008 -texto según ley 13.101-).

  2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia, con costas en el orden causado de conformidad con el art. 51 del Código Contencioso Administrativo -ley 12.008-, texto según ley 13.101 (v. fs. 124/130).

    Para así decidir, entendió que no existe error de juzgamiento en la decisión recaída en la instancia de grado, toda vez que el adicional establecido por el decreto 159/2002 debe incluirse en el haber jubilatorio del actor por encontrarse comprendido en el concepto de remuneración previsto en el art. 40 del decreto ley 9650/1980.

    Señaló que si bien las Unidades Retributivas por Productividad y Eficiencia (U.R.P.E.) fueron creadas como un estímulo de carácter no remunerativo y no bonificable destinado a premiar la productividad y recompensar la eficiencia en el desempeño de tareas especiales, surge de las constancias de la causa que las mismas no se encontraban vinculadas al rendimiento de los trabajadores, sino que fueron abonadas a todo el personal del instituto demandado, de manera equitativa, asignándole una suma fija a cada escalafón y categoría de acuerdo a la situación de revista de cada agente, en forma mensual e ininterrumpida.

    Refirió, en sustento de su postura, que los decretos 2568/2008 y 1956/2010, dictados por el Poder Ejecutivo con posterioridad al inicio del presente proceso, ratifican el carácter habitual y permanente de las sumas abonadas bajo el concepto de U.R.P.E.

    Por último concluyó que, definido como remunerativo el adicional establecido por el decreto 159/2002, su consecuencia en virtud del principio de movilidad previsto en el art. 40 del decreto ley 9650/1980 no puede ser otra que la de su inclusión en el haber de pasividad.

    1. Contra dicho pronunciamiento la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (arts. 278 y 279 del C.P.C.C.), en cuyo marco denuncia la violación del art. 40 del decreto ley 9650/1980, por incluir en el concepto de remuneración el sistema de Unidades Retributivas de Productividad y Eficiencia (U.R.P.E.) establecidas por el decreto 159/2002.

    Asimismo cuestiona que la alzada fundó indebidamente su decisión en informes producidos por dependencias del Instituto de Previsión Social y en normas dictadas con posterioridad.

    Aduce, por último, que el a quo se apartó de la doctrina emanada de esta Suprema Corte en la materia.

  3. Respecto del primer agravio señala la recurrente que la sentencia impugnada se aparta indebidamente de la ley aplicable, toda vez que incluye forzosamente el adicional creado por el decreto 159/2002 en el concepto del art. 40 del decreto ley 9650/1980.

    Afirma que el decreto...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR